Lunes 8 de junio de 2026

Provincia

Ministerio de Trabajo

Denuncian penalmente a funcionario de Axel Kicillof por persecución laboral

08/06/26 | El trabajador Emiliano Mir formalizó una denuncia penal contra Gonzalo Rodríguez por presunto hostigamiento, abuso de autoridad y persecución laboral.


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Lo que hasta hace pocos días era un grave testimonio interno dentro del ministerio de Trabajo bonaerense ahora escaló al plano judicial. El trabajador provincial Emiliano Gastón Mir presentó una denuncia penal contra Gonzalo Rodríguez, director delegado de la dirección provincial de Personal del organismo que conduce Walter Correa, por presunto hostigamiento, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y vulneración de garantías constitucionales.

La presentación fue dirigida a la Unidad Funcional de Instrucción en turno y apunta directamente contra Rodríguez, a quien el denunciante acusa de haber desplegado una presunta maniobra de persecución laboral en su contra. El escrito judicial también vincula los hechos con el contexto ya expuesto por REALPOLITIK en una nota previa, donde se detallaban acusaciones internas por reubicaciones discrecionales, maltrato laboral, bloqueo de reclamos y falta de canales institucionales dentro del ministerio de Trabajo bonaerense.

En el documento, Mir se presenta como empleado de la cartera laboral y formula una denuncia penal contra Gonzalo Rodríguez “en su carácter de director delegado de la dirección provincial de Personal del ministerio de Trabajo”, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previstos en el artículo 248 del Código Penal, “en concurso real con figuras de acoso laboral, hostigamiento sistemático y persecución política”.

Una denuncia que llegó a la Justicia

El escrito judicial sostiene que la situación laboral de Mir dentro del ministerio “se ha visto afectada por una escalada de hostilidad”. Según el denunciante, habría sido advertido por una fuente interna del propio organismo sobre la existencia de un supuesto “plan estructurado de persecución” dirigido contra su persona.

De acuerdo con la denuncia, ese presunto esquema incluiría un sistema de vigilancia “particular” con el objetivo de hostigarlo, controlar sus horarios, buscar causales de sanción y ejecutar descuentos salariales arbitrarios mediante personal no identificado de la dirección de Personal.

La acusación profundiza así el cuadro que ya había sido expuesto públicamente: un área sensible del ministerio de Trabajo —encargada justamente de intervenir sobre cuestiones laborales, administrativas y de personal— aparece ahora señalada por uno de sus propios empleados por presuntas prácticas de persecución interna.

Hostigamiento, vigilancia y descuentos

Uno de los tramos más fuertes de la presentación apunta a la existencia de una presunta metodología de seguimiento sobre el trabajador. Mir afirma que se estaría implementando un sistema para controlar sus movimientos y generar condiciones que permitan aplicar sanciones o descuentos salariales.

El documento habla de “vigilancia particular” y de la búsqueda de causales administrativas para perjudicarlo. También denuncia la intervención de personal “no identificado” de la dirección de Personal, lo que agrava el planteo porque sugiere un funcionamiento informal o paralelo dentro de un área estatal que debería actuar bajo criterios claros, trazables y reglados.

El artículo 248 del Código Penal

La presentación judicial encuadra los hechos denunciados bajo la figura de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, contemplada en el artículo 248 del Código Penal. Esa referencia no es menor: el denunciante no plantea únicamente un conflicto laboral interno, sino una posible conducta penalmente relevante atribuida a un funcionario del propio ministerio.

En sus fundamentos, Mir sostiene que la conducta denunciada debe ser analizada a la luz del derecho vigente y de principios generales del ordenamiento jurídico. El escrito menciona una presunta vulneración del artículo 14 bis de la constitución nacional, vinculado a condiciones dignas de labor; del artículo 18, referido a la protección contra vejaciones; y del artículo 19, asociado al principio de reserva.

También invoca el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al sostener que obligan al Estado a garantizar entornos libres de violencia y acoso. La mención resulta particularmente sensible por tratarse del ministerio de Trabajo bonaerense, un organismo cuya función pública está directamente asociada a la protección de derechos laborales.


La sede del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

“Último recurso” ante el avasallamiento

En el petitorio, Mir solicita que se tenga por interpuesta la denuncia penal contra Gonzalo Rodríguez, que se ordene la investigación de los hechos y que se arbitren medidas urgentes para hacer cesar el presunto hostigamiento. Además, pide que se garantice la protección integral de su persona frente a posibles represalias laborales.

El escrito cierra con una frase contundente: la denuncia se presenta como “último recurso” ante el presunto avasallamiento de sus derechos fundamentales. También sostiene que la presentación busca que los hechos denunciados “no queden impunes”. La documentación exhibe un sello de recepción en la mesa general de entradas de la Policía de la provincia de Buenos Aires, La Plata, con fecha 8 de junio de 2026, y lleva la firma del denunciante.

Una crisis puertas adentro del ministerio

La denuncia penal vuelve a dejar expuesta una contradicción institucional de alto impacto para la gestión de Axel Kicillof: el ministerio encargado de intervenir en conflictos laborales y garantizar derechos aparece ahora cuestionado por presuntas prácticas internas de persecución, vigilancia, abuso de poder y hostigamiento contra sus propios trabajadores.

El caso también profundiza el foco sobre el rol de Gonzalo Rodríguez dentro de la estructura de Personal y sobre la responsabilidad política de la conducción del ministerio de Trabajo bonaerense. Lo que comenzó como un testimonio interno ya no se limita al plano administrativo o sindical: ahora deberá ser analizado por la Justicia penal. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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