Tecnópolis: el affaire Adorni compromete el premio “gordo” del Grupo Werthein
Por Antonio D'Eramo
La denuncia contra el abogado Jeremías Rodríguez, quien había llevado a la Justicia al diputado nacional Cristian Ritondo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sumó un nuevo capítulo. La fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 12 de la Ciudad de Buenos Aires consideró que existen elementos para avanzar contra el letrado por la presunta contravención de “hostigamiento digital”.
El expediente, firmado por el fiscal Sebastián María Fedullo el 10 de junio de 2026, sostiene que Rodríguez habría hostigado “digitalmente de forma reiterada, persistente y sistemática” a Ritondo, a través de su cuenta de X @JereRodriguezOK y de su canal de YouTube “Jeremías Rodríguez”. Según el decreto fiscal, los hechos atribuidos se habrían extendido desde el 7 de enero de 2025 hasta, al menos, el 5 de abril de 2026.
Entre las publicaciones incorporadas por la fiscalía aparece un mensaje del 9 de enero de 2025, a las 11.56, en el que Rodríguez escribió: “Estas elecciones creo que no voy a votar, me cansé de que pongan corruptos en las listas y en los cargos ejecutivos. Una desilusión muy grande, no es la única ni la primera, Milei y Macri bancando a un tipo como Ritondo que tiene un patrimonio obsceno. En fin políticos argentinos”.
La frase, de fuerte contenido político, fue incluida como uno de los ejemplos del supuesto hostigamiento. El punto resulta central: buena parte del material citado por la fiscalía no refiere a amenazas concretas, sino a críticas públicas, acusaciones de corrupción, cuestionamientos al patrimonio de Ritondo y referencias a la causa federal impulsada por el propio Rodríguez.
El decreto fiscal también menciona publicaciones en las que el abogado aludió al “patrimonio de Ritondo”, a supuestas propiedades no declaradas, a sociedades offshore, a desarrollos inmobiliarios y a la investigación que tramita en Comodoro Py. En varios pasajes, la fiscalía reproduce dichos duros, insultos y montajes o imágenes alteradas vinculadas al diputado nacional.
Vine a la audiencia por Hostigamiento Digital por la Denuncia que hizo en mi contra el Diputado Nacional, Cristian Ritondo.
— JEREMIAS RODRIGUEZ (@JereRodriguezOK) June 12, 2026
Al ingresar al edificio de Suipacha 150 donde está la Fiscalía 12, había una persona de civil de pelo canoso, de unos 60 años, muy sospechoso parado en la…
El caso vuelve a colocar en escena una paradoja ya advertida por REALPOLITIK: mientras las denuncias contra Ritondo y su entorno continúan sin definiciones públicas de fondo, quien impulsó la presentación penal terminó citado por la Justicia porteña.
En diciembre de 2024, Rodríguez dialogó con REALPOLITIK FM y explicó que la denuncia contra Ritondo y su esposa, Romina Diago, se originó a partir de una investigación periodística sobre la adquisición de propiedades en Miami a través de sociedades offshore, bienes que —según la acusación— no habrían sido correctamente declarados. “No se puede seguir encubriendo corruptos”, sostuvo entonces.
Ahora, el ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazó los planteos de archivo del propio Rodríguez y entendió que sus publicaciones no quedarían comprendidas, al menos para la fiscalía, dentro del ejercicio regular de la libertad de expresión. El texto aclara que las denuncias realizadas por Rodríguez contra Ritondo en otros fueros deberán ser canalizadas y resueltas en esas sedes, pero separa ese debate de la contravención que ahora se le imputa.

La resolución encuadró los hechos en el artículo 76 del Código Contravencional porteño, bajo la figura de hostigamiento digital en modalidad de contravención continuada, y convocó a Rodríguez a una audiencia de intimación de los hechos para el viernes 12 de junio de 2026, a las 12.30, en sede fiscal.
Ese mismo día, Rodríguez publicó en X que había concurrido a la audiencia por la denuncia presentada en su contra por Cristian Ritondo. Además, afirmó que al ingresar al edificio de Suipacha 150 observó a una persona de civil que le resultó sospechosa y responsabilizó públicamente al MPF CABA y al gobierno porteño por cualquier cosa que pudiera ocurrirle.
El episodio profundiza una disputa que ya excede el plano estrictamente judicial. De un lado, un diputado nacional denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Del otro, el abogado que impulsó esa acusación y que ahora enfrenta una causa contravencional por sus publicaciones públicas. En el medio, una pregunta incómoda: dónde termina la crítica política y dónde empieza el hostigamiento digital. (www.REALPOLITIK.com.ar)