E&M: veinte denunciantes y quince juicios por casas que nunca se construyeron

El escándalo por las presuntas estafas con casas prefabricadas en Mendoza suma un nuevo capítulo judicial. Una vecina de Tupungato presentó una denuncia penal contra representantes de la firma Viviendas E&M, a quienes acusa de haberle cobrado millones de pesos por una vivienda industrializada que, según afirma, nunca comenzaron a construir.

El caso no aparece en soledad. Según pudo saber REALPOLITIK, actualmente existe un grupo de al menos veinte denunciantes que aseguran haber sido damnificados por la empresa. A ese cuadro se suman quince juicios iniciados por otras personas de distintas ciudades del Gran Mendoza, además de nuevas denuncias penales y reclamos administrativos que todavía no aparecen centralizados en un único registro.

Uno de los problemas señalados por los afectados es la falta de conexión entre las oficinas de defensa del Consumidor de los distintos departamentos mendocinos. Esa fragmentación administrativa habría impedido dimensionar la magnitud real del conflicto, ya que muchas denuncias quedan radicadas en jurisdicciones separadas y no se cruzan entre sí.

De este modo, lo que inicialmente podía parecer una suma de incumplimientos particulares empieza a adquirir otra dimensión: familias de distintos puntos de Mendoza relatan patrones similares de contratación, pagos anticipados, promesas incumplidas, demoras indefinidas, reclamos sin respuesta y viviendas que nunca llegaron a construirse.

REALPOLITIK viene siguiendo este caso desde el año pasado. En septiembre del 2024, este medio publicó denuncias por presuntas estafas con casas prefabricadas a decenas de familias en Mendoza. Luego, en diciembre, Elizabeth Arriga contó en RADIO REALPOLITIK FM que, pese a haber pagado la totalidad de su vivienda, seguía viviendo en una cochera junto a su familia.

Ahora, la denuncia penal de Valeria Alejandra Lobo, vecina de Tupungato, vuelve a poner bajo la lupa el accionar de la empresa y de sus representantes Andrés Emens y Matías Moreira.

La denuncia penal

. La denuncia fue formulada por los presuntos delitos de estafa y defraudación, previstos en los artículos 172 y 173 del Código Penal.

Según relató la denunciante, en noviembre del 2022 tomó conocimiento, a través de una publicidad televisiva emitida por Canal 9 de Mendoza, de una propuesta para acceder a una vivienda financiada en cuotas mensuales. La condición principal era contar con un terreno donde emplazar la construcción.

Lobo explicó que poseía un lote de 310 metros cuadrados en Tupungato y que, al no contar con vivienda propia, decidió invertir sus ahorros en aquella propuesta. De acuerdo con la presentación judicial, el 21 de noviembre del 2022 firmó un contrato con la empresa E&M para la construcción de una vivienda industrializada. “Dado que poseo un terreno pequeño de 310 metros cuadrados, en el departamento de Tupungato, Mendoza, decidí invertir mis ahorros en aquella propuesta”, sostuvo la denunciante en el escrito.

Mendoza en el mapa.

“Jamás pusieron un gramo de cemento”

La denunciante afirmó que el valor inicial pactado rondaba los 2.650.000 pesos y que, una vez abonado el 70 por ciento, la empresa debía iniciar la obra, quedando el saldo restante a pagar en cuotas fijas.

Sin embargo, según consta en la denuncia, la construcción nunca comenzó. La mujer sostuvo que cumplió “en tiempo y forma” con su parte del trato, pero que los denunciados no avanzaron con la obra ni enviaron personal técnico a inspeccionar el terreno.

“Cumplí en tiempo y forma con mi parte del trato, no así los ahora denunciados, quienes ya, y sin saberlo, me habían elegido como su propia víctima, dado que ninguna intención tuvieron en poner un gramo de cemento sobre mi terreno”, expresó Lobo.

También señaló que los supuestos ingenieros y arquitectos de la empresa nunca concurrieron al lote. “Estos solo se dedicaron a obtener una ventaja patrimonial”, afirmó.

De acuerdo con el escrito, la mujer realizó insistentes reclamos verbales, pero solo habría recibido excusas, malos tratos e indiferencia. A su vez, remarcó que mientras la empresa no avanzaba con la construcción, el cobrador sí concurría mes a mes a su domicilio para percibir las cuotas.

El contrato roto y una nueva propuesta millonaria

Uno de los puntos más graves de la presentación aparece vinculado a una reunión mantenida en la oficina de la empresa. Según Lobo, luego de haber abonado gran parte del monto pactado, fue citada por uno de los representantes de la firma con el supuesto objetivo de “aclarar ciertos puntos”.

Allí, siempre de acuerdo con su testimonio, el vendedor habría tomado el contrato original y lo habría roto delante de ella. Luego, le habrían explicado que debía firmar un nuevo convenio, ya que la vivienda no costaba casi 3 millones de pesos, sino que superaba los 9 millones.

“En la reunión convenida en forma, por el vendedor, y aprovechando mi desesperación y buena fe, tomó y rompió el contrato en mi propia cara”, denunció la mujer.

Según la presentación, si no aceptaba las nuevas condiciones, solo le devolverían una parte del dinero entregado y en cuotas. “Mi desesperación y necesidad me llevaron a formalizar un convenio tal como querían estos estafadores, es decir, a su medida”, sostuvo.

Para la denunciante, esa maniobra habría tenido como finalidad borrar las huellas del primer acuerdo y forzarla a aceptar una propuesta casi tres veces más onerosa que la original.

Una víctima elegida por su necesidad

En su denuncia, Lobo sostuvo que fue seleccionada como víctima por su situación personal, su falta de experiencia en este tipo de operaciones y la distancia entre Tupungato y el local comercial de la empresa en Guaymallén.

“La distancia y mi rusticidad facilitaron el engaño de los denunciados, quienes me eligieron y me convirtieron en una de sus víctimas”, expresó.

La mujer también señaló que los denunciados conocían su necesidad de acceder a una vivienda propia y que se habrían aprovechado de esa situación. “Al conocer mi necesidad y mi sueño, estos sabían que haría cualquier sacrificio por obtener la vivienda”, sostuvo en el escrito.

La denuncia remarca además que, en casi cuatro años, la empresa no habría concurrido al lote ni iniciado la obra, pese a que la damnificada realizó desembolsos monetarios a favor de los denunciados.

Un patrón que se repite

La nueva presentación vuelve a exponer un patrón similar al que otros damnificados ya habían relatado públicamente: publicidad atractiva, contratación formal, pagos sostenidos, demoras, reclamos sin respuestas claras y viviendas que no se entregan.

En septiembre del 2024, REALPOLITIK publicó una investigación sobre denuncias por presuntas estafas con casas prefabricadas a decenas de familias en Mendoza. En aquel caso aparecían distintas historias de damnificados que señalaban incumplimientos, contratos cuestionados, pagos realizados y viviendas nunca entregadas.

En diciembre del mismo año, RADIO REALPOLITIK FM entrevistó a Elizabeth Arriga, una de las denunciantes contra E&M. “Pagamos la totalidad de la casa, pero seguimos viviendo en una cochera”, relató entonces la mujer, quien aseguró que su familia había abonado la vivienda completa y que, pese a las promesas de entrega, continuaban sin una solución.

Arriga describió una situación desesperante: familias viviendo en condiciones precarias, promesas incumplidas, obras inconclusas y responsables que, según su testimonio, evitaban dar respuestas. También denunció el silencio de algunos medios locales, mientras la empresa continuaba publicitando sus servicios.

Ahora, la denuncia de Valeria Lobo agrega otro expediente al cuadro general y refuerza la hipótesis de que el conflicto excede largamente un incumplimiento contractual individual.

Veinte denunciantes, quince juicios y reclamos dispersos

Según pudo saber REALPOLITIK, los damnificados vienen organizándose para reclamar avances judiciales y respuestas institucionales. En los últimos días, un grupo de víctimas recorrió organismos oficiales y mantuvo contacto con la fiscalía que investiga algunas de las denuncias.

La situación excede el caso individual de Lobo. Los afectados señalan que ya son al menos veinte los denunciantes agrupados, mientras que existen quince juicios iniciados por otras familias de ciudades del Gran Mendoza. Además, habría más denuncias penales y presentaciones ante defensa del Consumidor que aún no fueron conectadas entre sí.

Esa falta de articulación entre organismos aparece como uno de los puntos más cuestionados por los damnificados. Según explicaron, las oficinas de defensa del Consumidor de los distintos departamentos no cruzan información de manera automática, lo que impide detectar rápidamente si una misma empresa acumula denuncias similares en varias jurisdicciones.

En ese marco, los damnificados preparan una manifestación para el jueves 25, con el objetivo de visibilizar el caso, exigir avances judiciales y reclamar que las autoridades traten el conflicto como una posible maniobra de alcance provincial, y no como una suma de reclamos individuales.

Otra de las denunciantes.

Defensa del Consumidor y cartas documento

En el tramo probatorio de la denuncia, Lobo ofreció documentación que incluye cartas documento remitidas a E&M, recibos de pago, planos de vivienda, denuncia ante defensa del Consumidor, partidas, fotocopias de DNI, constancias vinculadas a depósitos y documentación contractual.

La denunciante aseguró que los reclamos ante defensa del Consumidor resultaron infructuosos y que las cartas documento enviadas tampoco fueron respondidas por los representantes señalados.

“Infructuosas han resultado las pertinentes denuncias a defensa del Consumidor y mucho menos las cartas documentos remitidas, pues en el caso de estas últimas ni siquiera fueron contestadas”, afirmó.

Para Lobo, ese silencio refuerza la existencia de una maniobra. También denunció la presunta destrucción del primer contrato en su presencia, hecho que encuadró dentro de las figuras de defraudación previstas en el artículo 173 del Código Penal.

La Justicia deberá determinar responsabilidades

La denuncia penal encuadra los hechos en los artículos 172 y 173 del Código Penal, vinculados a los delitos de estafa y distintas modalidades de defraudación. La presentación sostiene que los denunciados habrían actuado mediante engaños, abuso de confianza, ocultamiento o destrucción de documentación y perjuicio patrimonial.

“Surge con claridad la maniobra delictiva de estos por parte de los denunciados, no solo por haberse quedado con el producto de mi trabajo, sino también porque jamás tuvieron intención de realizar obra alguna”, sostuvo Lobo.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si los hechos denunciados configuran una estafa, si existió un patrón común con otros casos y qué responsabilidad corresponde a los representantes señalados.

Mientras tanto, los damnificados insisten en que el perjuicio no fue solamente económico. Detrás de cada contrato aparecen familias que vendieron bienes, invirtieron ahorros, pagaron cuotas durante meses o años y resignaron condiciones básicas de vida con la expectativa de acceder a una vivienda propia.

El nuevo expediente vuelve a encender las alarmas sobre el negocio de las casas prefabricadas en Mendoza y sobre la necesidad de mayores controles estatales frente a empresas que comercializan soluciones habitacionales para sectores que, muchas veces, no tienen margen para perderlo todo. (www.REALPOLITIK.com.ar)