La dirección General de Cultura y Educación bonaerense vuelve a quedar bajo la lupa por un caso de extrema gravedad institucional. José Néstor Prado, inspector titular de enseñanza secundaria del distrito de Ramallo, fue condenado a diez años de prisión por abuso sexual agravado, pero, según documentación administrativa y registros laborales aportados a REALPOLITIK, todavía no fue exonerado por la cartera educativa que dirige Flavia Terigi.

El caso expone una pregunta tremendamente incómoda para la gestión de Axel Kicillof y para la conducción educativa bonaerense: cómo es posible que un docente condenado por delitos aberrantes, con sentencia firme desde 2019, haya permanecido durante años dentro de la estructura administrativa de la DGCyE y figure nuevamente con cargo activo.

La asesoría General de Gobierno dictaminó el 27 de abril de 2026 que correspondía aplicar a Prado la sanción de exoneración, lo que implica su cese en todos los cargos docentes, por haber transgredido el artículo 6 inciso b del Estatuto del Docente, que exige observar una conducta compatible con la función y la ética docente dentro y fuera del servicio.

El dictamen oficial recuerda que el expediente administrativo se originó a partir de la IPP Nro. 16-01-3100-15, tramitada ante la UFI Nro. 11 del departamento judicial San Nicolás, caratulada por abuso sexual agravado. En esa causa fueron imputados y detenidos los docentes José Néstor Prado y Mariela Alejandra Elisa Gálvez.

Según el mismo documento, Prado fue condenado el 21 de agosto de 2018 a diez años de prisión como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, en concurso con abuso sexual con acceso carnal agravado, por ser progenitor de la víctima y aprovechar la situación de convivencia. La sentencia quedó firme el 10 de diciembre de 2019.

Diez años de prisión, pero sin exoneración efectiva

La situación administrativa de Prado es el punto que ahora genera alarma. Fuentes del sistema educativo bonaerense señalaron a REALPOLITIK que el inspector recuperó la libertad en octubre de 2025 y que, desde entonces, volvió a aparecer activo dentro de la DGCyE.

Una captura del sistema interno aportada a este medio muestra a Prado con movimientos del mes en curso, bajo el concepto “activación de cargo”, con destino en Ramallo, dependencia de jefatura distrital, y cargo de inspector - inspector General. La imagen también consigna la leyenda “Contralor” y una fecha vinculada al 4 de diciembre de 2026.

El caso deja al descubierto una demora difícil de justificar. Pero lo que resulta aún peor es que, según información aportada por fuentes internas, Prado habría tenido vínculos laborales registrados con la dirección General de Cultura y Educación hasta febrero de 2022, pese a que se encontraba detenido desde 2015. Este punto deberá ser aclarado por la administración provincial, ya que, según las fuentes consultadas, los registros previsionales exhibirían períodos informados por la DGCyE durante esos años.

Las supervisoras inmediatas de Prado son Alejandra Signo como jefa distrital y Marcela More como regional. El condenado pertenece a su planta permanente y, durante todos estos años, tampoco realizaron ninguna representación para agilizar y/o regularizar los tramites.

El dictamen que llegó tarde

El expediente administrativo mencionado es el 5802-511005/15, iniciado en la dirección General de Escuelas. El sumario se abrió luego de la causa penal contra Prado y Gálvez, ambos docentes de la región educativa.

Sin embargo, el dictamen de la asesoría General de Gobierno recién se emitió en abril de 2026. Allí se sostuvo que en el caso de Prado correspondía la exoneración, y en el caso de Gálvez, condenada a ocho años de prisión como partícipe necesaria, una sanción equivalente a la exoneración: limitación de funciones y exclusión de los listados docentes por cinco años.

El problema político es evidente: si el propio organismo asesor de la provincia concluyó que Prado debía ser exonerado, la DGCyE deberá explicar por qué esa medida no se ha concretado de manera inmediata y por qué el inspector aparece nuevamente activo en registros internos.

José Prado y María Gálvez.

El silencio de la estructura educativa

El caso golpea directamente a la estructura de inspección de la DGCyE. Prado no era un docente aislado: se desempeñaba como inspector titular de secundaria en Ramallo, dentro de un área que mantiene contacto directo con instituciones educativas, equipos directivos y comunidades escolares.

Fuentes del sistema educativo apuntan también contra las responsabilidades políticas y administrativas de la cadena de mando. En ese sentido, mencionan a áreas vinculadas a inspección General y a funcionarias con capacidad de intervención sobre el seguimiento disciplinario de este tipo de expedientes.

La gravedad del caso no reside únicamente en la condena penal, sino en la posible continuidad administrativa de una persona condenada por delitos incompatibles con cualquier función dentro del sistema educativo. Más aún si, como señalan las fuentes consultadas, el expediente habría sido “guardado” mediante un traslado o reubicación para evitar mayor exposición pública.

Otro antecedente incómodo para la DGCyE

La revelación se conoce pocos días después de que REALPOLITIK denunciara otro caso sensible dentro de la estructura educativa bonaerense: el expediente contra Juan Pablo Salomón, excoordinador de Políticas Estudiantiles de la dirección de Educación Superior, procesado por abuso sexual simple, cuya situación también expuso tensiones entre la vía administrativa y la investigación penal.

En aquel caso, una funcionaria denunció a su superior, perdió su trabajo y aseguró que la DGCyE no le brindó el acompañamiento institucional correspondiente. Ahora, el caso Prado vuelve a instalar una pregunta de fondo: qué hace realmente la estructura educativa bonaerense, y especialmente el ministerio de Mujeres y Diversidad que conduce Estela Díaz, cuando se enfrenta a denuncias o condenas por abuso sexual dentro de sus propias filas.

Mientras el gobierno de Axel Kicillof sostiene públicamente discursos de protección, perspectiva de género y derechos de niños y adolescentes, los expedientes internos muestran otra postal: decisiones disciplinarias que llegan tarde y funcionarios o docentes que, aun con causas gravísimas, parecen encontrar zonas de resguardo dentro del Estado.

La DGCyE deberá explicar si José Néstor Prado fue efectivamente exonerado, por qué aparece con cargo activo en registros internos y quiénes permitieron que un inspector condenado a diez años de prisión por abuso sexual agravado siguiera vinculado al sistema educativo bonaerense. (www.REALPOLITIK.com.ar)