Nuevas imágenes y videos a los que accedió REALPOLITIK vuelven a comprometer el funcionamiento de la dirección de Automotores Oficiales y Unidad de Logística bonaerense, conocida como DAEO, ubicada en calle 3 esquina 523, en Tolosa. Esta vez, el material no sólo muestra vehículos oficiales abandonados, destruidos o apilados a cielo abierto, sino también unidades ya compactadas y una gran cantidad de tubos de GNC acumulados dentro del predio.

Las imágenes muestran patrulleros y vehículos oficiales, camionetas policiales, autos parcialmente desarmados, carrocerías compactadas y sectores del predio convertidos en una verdadera playa de chatarra estatal. La escena resulta especialmente sensible porque no se trata de bienes privados abandonados, sino de vehículos adquiridos, mantenidos o administrados con recursos públicos.

Patrulleros y autos oficiales a cielo abierto

En una de las imágenes se observan vehículos Toyota Etios identificados con la inscripción “Policía Local - Florencio Varela”, algunos con faltantes visibles, lunetas dañadas, ópticas deterioradas, paragolpes rotos y partes de carrocería incompletas. En otros sectores aparecen camionetas policiales, autos municipales o provinciales y unidades con logos todavía reconocibles, mezcladas con vehículos ya compactados.

El contraste es llamativo: en un mismo predio conviven autos todavía identificables, unidades parcialmente desguazadas y bloques de chatarra resultantes del proceso de compactación. Esa convivencia abre una duda administrativa central: si cada vehículo tuvo expediente, inventario, acta de baja, descontaminación previa, retiro formal de autopartes peligrosas y trazabilidad hasta su destrucción final.

El problema no es sólo visual. Cada unidad oficial debería estar respaldada por documentación precisa: dominio, organismo de origen, estado de conservación, motivo de baja, autorización administrativa, inventario de partes, destino de autopartes retiradas, empresa interviniente, acta de compactación, pesaje y disposición final.

Si ese circuito no existe o no puede ser exhibido, la compactación deja de ser un procedimiento de saneamiento patrimonial y ambiental para convertirse en una zona gris donde pueden desaparecer bienes públicos.

El dato más sensible: los tubos de GNC

La imagen más explosiva muestra decenas de tubos de GNC acumulados en el predio. No se trata de un detalle menor. Los cilindros de gas natural comprimido no son chatarra común: son recipientes de alta presión, identificables, con numeración propia, valor económico y controles técnicos específicos.

En un procedimiento regular, los equipos de GNC deberían ser inventariados, despresurizados, retirados por personal habilitado y vinculados documentalmente al dominio del vehículo del cual fueron extraídos. Cada tubo debería tener un origen, un acta de retiro, un responsable y un destino final.

El punto es especialmente grave porque, si los equipos pertenecían a vehículos oficiales, su retiro sin trazabilidad podría implicar no sólo una pérdida patrimonial, sino también un riesgo operativo y de seguridad. Un tubo de GNC mal manipulado o reinsertado informalmente en otro circuito puede convertirse en un peligro.

Compactación o blanqueo del desguace

La sospecha que vuelve a sobrevolar la DAEO es si la compactación está funcionando como punto final de un proceso transparente o como una pantalla para blanquear vehículos que previamente llegaron vaciados, mutilados o desarmados.

En varias imágenes se observan autos sin partes, unidades con faltantes visibles y carrocerías deterioradas antes de ingresar a su destrucción final. Si una unidad oficial llega al proceso sin ruedas, sin ópticas, sin batería, sin elementos mecánicos o sin componentes de gas, alguien debió retirarlos antes.

Y si alguien los retiró, debería existir una explicación administrativa: acta, autorización, destino, responsable y registro patrimonial.

Fuentes internas consultadas por este medio vienen advirtiendo desde hace meses sobre presuntas maniobras vinculadas al retiro de autopartes, utilización de vehículos en desuso como fuente de repuestos y falta de controles sobre los rezagos que salen del predio. Las nuevas imágenes refuerzan esa línea investigativa y agregan un elemento todavía más sensible: los equipos de GNC.

Un procedimiento que debería ser controlado

La compactación de vehículos oficiales no debería ser una operación informal. Antes de llegar a la prensa, cada unidad debería haber atravesado un circuito de baja patrimonial, descontaminación, retiro de fluidos, separación de componentes peligrosos, inventario, intervención administrativa y control externo.

Ese procedimiento no sólo tiene una finalidad ambiental. También busca proteger el patrimonio público. Un patrullero fuera de servicio sigue siendo un bien estatal hasta que su baja esté formalmente concluida. Sus autopartes, sus accesorios, sus equipos de gas y su valor residual no pueden desaparecer sin respaldo documental.

En ese sentido, las imágenes del predio de la DAEO dejan planteado un interrogante incómodo para la secretaría General bonaerense, bajo la órbita política de Agustina Vila: ¿Quién controla realmente el circuito previo a la compactación?

La pregunta también alcanza a la conducción operativa del área, encabezada por Rosana Viscardi, y a los funcionarios y agentes que intervienen en el manejo cotidiano de los vehículos oficiales, los rezagos y la logística del predio.

Axel Kicillof transformó el área de Automotores en un cementerio de vehículos oficiales.

Preguntas para la provincia

Las nuevas imágenes dejan una serie de interrogantes que la gestión bonaerense debería responder de manera urgente: ¿Cuántos vehículos oficiales fueron enviados a compactación durante los últimos años? ¿Cuántos pertenecían a fuerzas de seguridad, municipios, ministerios u organismos descentralizados? ¿Cuántos tenían equipos de GNC instalados? ¿Dónde están esos equipos? ¿Existe inventario de cilindros, reguladores y componentes retirados?

También resulta necesario saber qué empresa interviene en la compactación, quién controla el pesaje de la chatarra, cómo se documenta la descontaminación, qué funcionarios firman las actas y qué organismo audita que los vehículos no lleguen previamente desguazados.

Porque una compactación regular debería cerrar el ciclo de vida de un vehículo oficial. Pero, si antes desaparecen piezas, tubos, baterías, ruedas o componentes valiosos, la compactación sólo termina ocultando el problema bajo una montaña de metal aplastado. (www.REALPOLITIK.com.ar)