El gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la polémica por su estrategia judicial frente a reclamos de ciudadanos comunes. Esta vez, el caso involucra a Eduardo Sarries, un exefectivo policial que obtuvo dos fallos favorables en el fuero Contencioso Administrativo por el pago de licencias anuales no gozadas, pero que ahora deberá seguir esperando porque la fiscalía de Estado apeló ante la Suprema Corte bonaerense.

La causa tramita bajo el número 32646-E, caratulada “Sarries Eduardo c/ ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria - empleo público”. El 16 de abril de 2026, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar al reclamo del expolicía. Sin embargo, según denunció el propio Sarries ante REALPOLITIK, la fiscalía de Estado decidió insistir y llevar el caso al máximo tribunal provincial.

El expediente expone una conducta que se repite en el gobierno de Axel Kicillof, sin distinción de organismos bonaerenses: litigar hasta el final, incluso frente a reclamos de poca monta para el erario público, pero determinantes para un trabajador o una familia. En este caso, se trata del pago de vacaciones acumuladas que Sarries no pudo usufructuar antes de su retiro obligatorio.

“Fiscalía apela absolutamente todo”

“Les traslado un tema que preocupa y mucho a todos los que hemos accedido a fallos favorables en el fuero Contencioso, debido a que fiscalía de Estado que conduce Hernán Rodolfo Gómez apela a la Corte Suprema provincial absolutamente todo”, advirtió Sarries en diálogo con este medio.

El exefectivo cuestionó con dureza el accionar del organismo provincial: “Es increíble el accionar de fiscalía, ya que apela a la Corte hasta los casos menores de reclamos monetarios insignificantes para el erario provincial, dilatando la definición final de los procesos judiciales de poca monta”.

Para Sarries, la lógica oficial es clara: “La única finalidad que persigue fiscalía es cuidar las arcas provinciales y prolongar el pago indefinidamente, aún cuando las disputas judiciales sean claras y concretas, pero además en casos de muy poco valor”.

El reclamo, según explicó, no superaría los 10 millones de pesos con todas las actualizaciones incluidas. Una suma menor en términos presupuestarios para la provincia de Buenos Aires, pero suficiente para activar toda la maquinaria judicial del Estado.

El origen del caso

En octubre de 2019, el ministerio de Seguridad bonaerense dispuso el retiro obligatorio de Sarries de la fuerza policial. Al momento de abandonar la actividad, le quedaron licencias anuales no usufructuadas, conocidas como LANU. “El retiro fue obligatorio. El ministerio arbitraria e ilegalmente me liquidó una parte. Por el resto reclamé administrativamente y me fue denegado”, relató el expolicía.

Frente a esa negativa, Sarries acudió al fuero Contencioso Administrativo y obtuvo sentencia favorable en el año 2022. La jueza de primera instancia anuló la resolución administrativa cuestionada y reconoció su derecho a cobrar los días de licencia anual ordinaria no incluidos en la liquidación practicada por el ministerio de Seguridad.

La fiscalía de Estado apeló. Pero el 16 de abril de 2026, la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata confirmó el fallo.

La Cámara sostuvo que el reclamo debía prosperar porque se encontraba acreditado que Sarries había pedido oportunamente sus licencias, que algunas fueron concedidas parcialmente y que otras fueron denegadas por razones de servicio. En particular, el expediente registra que el 22 de julio de 2019 se le concedieron apenas 25 días de licencia, mientras que se le denegaron 175 días para ser usufructuados a partir del 22 de octubre de ese año.

El problema fue evidente: el retiro obligatorio había sido dispuesto el 21 de octubre de 2019. Es decir, un día antes de la fecha prevista para comenzar a usufructuar el resto de las licencias postergadas.

Para la Cámara, el derecho al descanso anual se mantuvo vigente hasta el momento del cese y, al no poder ser gozado por el retiro, debía ser compensado económicamente. Además, rechazó la defensa de prescripción planteada por fiscalía y avaló que las sumas fueran calculadas a valores actuales, con intereses.

Pese a ese nuevo revés judicial, la fiscalía de Estado de Hernán Rodolfo Gómez volvió a apelar, esta vez ante la Suprema Corte bonaerense. “Una barbaridad que Fiscalía, con dos fallos judiciales adversos, apele a la Corte para defender aquella medida ministerial del año 2019 que se tomó sin ningún respaldo jurídico y estando plenamente vigente el articulado legal de aplicación”, cuestionó Sarries.

Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires.

El contraste político

El caso vuelve a poner bajo la lupa el comportamiento judicial del gobierno de Axel Kicillof. Mientras la administración bonaerense sostiene un discurso de sensibilidad social y defensa de los trabajadores, sus organismos litigan hasta las últimas consecuencias contra personas que reclaman derechos laborales o alivio económico.

El antecedente inmediato es el caso de Facundo Encalada, deudor UVA del Banco Provincia, a quien la Justicia le rechazó el reclamo contra la entidad que preside Juan Cuattromo. Allí también apareció el peso del aparato estatal: el Banco Provincia apeló una cautelar que había limitado la cuota al 25 por ciento de los ingresos familiares y el deudor terminó frente a una barrera económica casi imposible para llegar a la Suprema Corte.

Ahora, el caso Sarries muestra otra cara de la misma lógica. No se trata de una deuda millonaria ni de una discusión estructural del presupuesto bonaerense, sino del pago de vacaciones no gozadas de un policía retirado.

El propio Sarries marcó el contraste: “La provincia gasta su dinero en innumerables cuestiones superfluas, crea nuevos ministerios, regala cargos, etcétera. El ejemplo más evidente es la ampliación del directorio del Bapro”.

La pregunta, entonces, vuelve a quedar planteada: ¿cuánto está dispuesto a gastar el Estado bonaerense para no pagar reclamos menores de ciudadanos comunes?

Juan Cuattromo.

Una maquinaria para demorar

El fallo de Cámara no sólo favorece a Sarries, sino que también deja expuesta una práctica administrativa habitual: negar o postergar licencias por razones de servicio y, luego, al momento del retiro, discutir el pago de esos días como si la acumulación hubiera sido responsabilidad del trabajador.

En el expediente, los jueces Claudia Angélica Milanta, Gustavo Juan De Santis y Gustavo Daniel Spacarotel coincidieron en que correspondía confirmar la sentencia de primera instancia y rechazar los agravios de fiscalía. También impusieron las costas a la demandada vencida.

Lejos de cerrar el conflicto, la provincia decidió abrir una nueva instancia. Para Sarries, no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón que afecta a muchos otros trabajadores con fallos favorables en el fuero Contencioso.

El caso resume una postal incómoda para la gestión bonaerense: mientras se multiplican gastos políticos, cargos y estructuras, la fiscalía de Estado pelea hasta el último peso contra reclamos que, para la provincia, son menores, pero que para quienes litigan durante años representan una reparación largamente postergada. (www.REALPOLITIK.com.ar)