El centro cerrado de menores de Pablo Nogués, dependiente del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), volvió a quedar en el centro de una grave denuncia. Trabajadores del sistema advirtieron sobre un presunto escenario de descontrol interno, circulación de armas blancas, ingreso de drogas desde el exterior y creciente temor del personal que presta servicio en el establecimiento ubicado en Malvinas Argentinas.

La nueva alarma se conoció a partir de una serie de imágenes que comenzaron a circular entre empleados del área, donde se observa a jóvenes exhibiendo elementos cortantes y armas blancas de fabricación casera, además de publicaciones con referencias al consumo o comercialización de drogas. Las fotos, que este medio resguarda por tratarse de menores de edad, fueron interpretadas por trabajadores como una muestra del nivel de vulnerabilidad institucional que atraviesa el dispositivo.

“No se olviden de Nogués. Los pibes adentro están armados. Ese lugar lo tienen que cerrar”, expresó una fuente vinculada al sistema penal juvenil bonaerense. La frase resume el clima que se vive puertas adentro de un instituto que REALPOLITIK viene investigando desde hace tiempo y que ya fue escenario de denuncias laborales, episodios de violencia, fugas y uno de los motines más graves de la historia reciente de los dispositivos de minoridad de la provincia.

“Los que van a hacer extras no quieren ir más”

El nuevo foco de preocupación también alcanza al personal. Según relataron fuentes internas, los trabajadores que habitualmente cubren horas extra en el establecimiento comenzaron a rechazar esas guardias por temor a quedar expuestos a situaciones de violencia sin condiciones mínimas de seguridad.

“Los que van a hacer extras no quieren ir más”, graficó una de las voces consultadas. El dato no es menor: el funcionamiento del sistema de institutos penales juveniles bonaerenses depende en gran medida de la disponibilidad de trabajadores que cubren turnos extensos, muchas veces bajo regímenes cuestionados y con escasa contención institucional.

El centro de Pablo Nogués ya había sido señalado por sus empleados por las condiciones extremas de trabajo, el régimen horario 12x36, la falta de recursos, la ausencia de protocolos claros y la presión ejercida sobre el personal para evitar que las situaciones internas salieran a la luz.

Armas blancas y droga desde el exterior

La denuncia más grave apunta a la presencia de armas blancas dentro del establecimiento. En las imágenes aportadas se observan elementos cortantes de gran tamaño, similares a facas o armas improvisadas, sostenidos por jóvenes en distintas escenas. Algunas fotos parecen haber sido tomadas dentro de espacios cerrados, con paredes deterioradas y ambientes compatibles con ámbitos institucionales o de alojamiento.

Las fuentes también advirtieron sobre el ingreso de drogas al predio. “Pasen a la noche y filmen cómo se pasan las cosas los pibes. La droga cómo se las tiran. Es tremendo esto”, señaló otro trabajador, al describir una modalidad que, según su testimonio, ocurre durante la noche en los alrededores del centro.

La acusación abre un interrogante sensible para la conducción del OPNyA: si adolescentes privados de la libertad pueden acceder a armas blancas y sustancias prohibidas dentro o en el entorno del dispositivo, el problema ya no se limita a una cuestión disciplinaria, sino que expone una falla estructural de custodia, control perimetral, requisas, prevención y gestión institucional.

Un centro bajo antecedentes graves

El caso no aparece aislado. El centro de Pablo Nogués ya había sido objeto de fuertes cuestionamientos desde su reapertura, impulsada bajo la órbita política del ministro Andrés “Cuervo” Larroque y del OPNyA. En agosto de 2024, REALPOLITIK advirtió que el retorno del establecimiento se producía en medio de incertidumbre, obras cuestionadas, incorporación de personal sin experiencia y un régimen laboral difícil de sostener.

Meses después, trabajadores del instituto denunciaron amenazas, abusos, medidas de control interno y una gestión orientada a silenciar lo que ocurría puertas adentro. En febrero de 2025, este medio reveló pedidos de auxilio de empleados que advertían sobre violencia cotidiana, temor a despidos y desprotección tanto para los trabajadores como para los jóvenes alojados.

La situación alcanzó su punto más crítico en julio de 2025, cuando el establecimiento fue escenario del motín más grande de la historia reciente de los institutos de menores bonaerenses. Aquella revuelta comenzó en el módulo 4, se extendió al módulo 2 y dejó trabajadores brutalmente golpeados, intentos de toma y horas de tensión hasta la normalización del centro.

La nueva denuncia se produce en un contexto de creciente cuestionamiento al sistema penal juvenil bonaerense. Apenas días atrás, la Justicia advirtió que adolescentes alojados en el centro socioeducativo de privación de la libertad de Lomas de Zamora eran sometidos a condiciones que configuraban un “trato cruel, inhumano y degradante”.

Esa resolución, firmada por la jueza Marta Elba Pascual, volvió a colocar bajo presión a la conducción del OPNyA, encabezada por Andrea Cáceres, y al área política dependiente de Larroque. La magistrada exigió medidas urgentes para garantizar alimentación, calefacción, higiene, atención médica y condiciones dignas de alojamiento.

Ahora, el caso de Pablo Nogués suma un nuevo frente de conflicto: no solo por las condiciones de encierro, sino por la circulación de armas, drogas y elementos prohibidos dentro de un ámbito que debería estar bajo control estricto del Estado provincial. (www.REALPOLITIK.com.ar)