El próximo jueves 6 de agosto se dirimirá en el Senado de la Nación uno de los mayores conflictos políticos que se han presentado durante estos más de tres años del gobierno libertario, con posibles resultados inmediatos y mediatos, tanto jurídicos como sociales, ya que la disputa divide las aguas entre un objetivo netamente económico y la conservación de la soberanía nacional: ambos extremos comienzan a tensarse y ya no se puede disimular más.

La cámara alta intentará aprobar la “ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, el proyecto de Federico Sturzenegger, titular del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Es decir, el poder ejecutivo, que el pasado 27 de marzo de 2026 envió un proyecto de ley para eliminar los topes a la extranjerización de tierras rurales que oportunamente había fijado la ley 26.737 en el año 2011, volverá a insistir con los cambios. A decir verdad, cambios que podrían desatar una reacción social imprevisible y profundizar aún más una situación política que viene hirviendo desde el fondo de la olla. Sí, el horno no está para bollos.

Esto no es exageración. Más allá de haber provocado, al menos en redes sociales, una respuesta de rechazo, también terminó desatando uno de los enfrentamientos menos pensados dentro del Senado, nada menos que entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza. Lo vimos hace días, en un cruce que derivó en un hecho que se podría considerar poco ético, más que nada para con la sociedad: la difusión de chats privados entre Bullrich y Villarruel. Fuentes allegadas al entorno de la vicepresidente señalaron que Bullrich habría filtado las capturas de WhatsApp al canal La Nación+. Esto no termina aquí.

El canciller Pablo Quirno y el embajador saliente de Emiratos Árabes, Saeed Abdulla Alqemzi.

Lo que está en juego: soberanía versus presuntos negociados

Para entender el fondo del conflicto, necesitamos repasar lo que establece la ley 26.737, sancionada en 2011, que fijó tres límites concretos: un tope del 15 por ciento a la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, porcentaje que también se computa sobre el territorio de cada provincia y de cada municipio; un límite del 30 por ciento para cada nacionalidad dentro de ese cupo; y un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo, o en su superficie equivalente: datos según la determinación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales.

Cuando hablamos de zona núcleo, hablamos de la región agrícola más productiva del país; cuando la tierra está en otra zona, la ley toma como referencia una superficie equivalente en productividad, ajustando el tope según la productividad de ese suelo (no es lo mismo una parcela en San pedro que en Santiago del Estero, a modo de ejemplo). 

Por otro lado, la norma prohíbe la venta de inmuebles a extranjeros en zonas de seguridad de frontera y en campos que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de gran envergadura y permanentes, y alcanza expresamente a quienes posean tierras “por interpósita persona”, es decir, a través de testaferros. Y acá es donde tenemos que empezar a armar el rompecabezas.

El texto que ahora se discute ya pasó por al menos quince reescrituras sin volver a comisión, negociadas entre Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y el secretario de Desregulación y exdiputado nacional, Alejandro Cacace. El proyecto volverá a la sesión del próximo jueves 6 de agosto en el Senado con un dato que no está del todo claro: por qué la celeridad de esta modificación si no hay ninguna provincia del país que hoy sature el cupo del 15 por ciento que la reforma intenta derogar. La extranjerización nacional real ronda el 5,57 por ciento; ni siquiera Misiones, la provincia más comprometida, llega al 13 por ciento. Mientras dentro del oficialismo se discuten algunos artículos, en la Patagonia pasa otra cosa. Además de la presencia vieja conocida de Benetton, algo que te acaba de contar este medio, se consolida un mapa de propiedad extranjera que excede ampliamente cualquier tipo de debate legislativo y vuelve abstracto el argumento de que “no hay provincias saturadas”. Ahí es donde el proyecto empieza a mostrar inconsistencias y, lo que es peor, aparecen los conflictos de intereses que preocupan.

 

 

 

 

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El ministro del decreto y el secretario del testaferro

Federico Sturzenegger no es un funcionario recién llegado a estas cuestiones. Es el autor del artículo 154 del DNU 70/2023, la norma que en diciembre de ese año directamente derogó la ley 26.737 antes de que la Justicia federal la declarara inconstitucional en 2024. Ese artículo decía, literalmente, que se abrogaba la ley de Tierras Rurales: intentaba borrar de un plumazo el límite del 15 por ciento el tope de 1.000 hectáreas por dueño extranjero y las prohibiciones de venta en zona de frontera y sobre cuerpos de agua permanentes.

Una vez dictado el decreto, durante la feria judicial de enero de 2024 el juez federal Ernesto Kreplak dispuso una medida cautelar que frenó la aplicación del artículo 154. Luego, el juez titular Alberto Recondo levantó esa cautelar, pero la Sala III de la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional el artículo 154 y mantuvo el freno, reinscribiendo la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema. En otras palabras: el intento de derogar la Ley de Tierras por decreto terminó siendo detenido por la Justicia y la norma continúa vigente.

El empresario Ali Albwardy (Four Seasons); el embajador de Qatar, Battal Al Dosari; el embajador de Siria, Sami Salameh; el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; el embajador del Líbano, Jhonny Ibrahim; el embajador saliente de Emiratos Árabes Unidos, Said Alquemzi; el embajador de Marruecos, Fares Yassir (Gentileza de Infobae).

El tema, entonces, pasa por saber si esa norma se está cumpliendo. Y ahí aparece otro actor: el actual secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, quien en una entrevista en El Cronista sostuvo que un extranjero, incluso sin un día de residencia, debería poder comprar tierras en el país y relató que embajadores le explicaron que, para invertir en tierras argentinas, “había que ir con un testaferro”, poner a un argentino como titular aparente para encubrir al verdadero comprador. No es una frase para tomar a la ligera: reconoce que la operatoria con capitales extranjeros ya existía, aunque de manera informal, antes de que la ley que hoy se intenta reformar fuera siquiera debatida en el Senado.

La segunda pieza del rompecabezas: Hugo Barabucci: del polo en Emiratos Árabes a la audiencia judicial

En toda este escena entra Hugo Alberto Barabucci. El periodista y streamer Eduardo Prestofelippo, “El Presto”, fue uno de los primeros en mostrar un fragmento de la audiencia donde se le tomaba declaración a Barabucci, debido a una denuncia que lo liga a la compra de tierras patagónicas y capitales árabes en 2017, cuando todavía el caso no había explotado en los medios tradicionales. Esa pista inicial se convierte después en algo mucho más concreto: una confesión en sede judicial que empieza a encajar con las piezas sueltas que se venían denunciando.

Durante el juicio por presunta usurpación contra la vocera mapuche Soledad Cayunao, en Bariloche, Barabucci se presenta como dueño de un campo de unas 19.300 hectáreas aproximadamente en Alto Río Chubut. Bajo juramento, declara que compró ese predio “por algo de 2 millones de dólares” y que la operación se hizo con una donación del gobierno de Emiratos Árabes Unidos. No habla de inversión, ni de préstamo, ni de sociedad comercial: habla de donación, y lo repite. Por otro lado, menciona que desde hace tiempo trabaja como manager de un club de polo estatal en ese país. Incluso, en una de sus entrevistas declara: Emiratos Árabes es mi segundo hogar.

Hugo Barabucci en una entrevista como manager del club de polo estatal del país Emiratos Árabe, según él, su segundo hogar en el mundo. 

Los documentos muestran que en marzo de 2017, mediante una escritura en Bariloche, Barabucci le compra a Marcelo Mindlin 3 fracciones que suman unas 19.269 hectáreas de bosques, lagunas, glaciares y nacientes de agua en el Cerro Carreras. Paga unos 2,05 millones de dólares, a un promedio de 106 dólares por hectárea; Mindlin las había adquirido en 2009 a poco más de 20 dólares la hectárea. En abril de 2017, el campo se inscribe en Catastro a nombre de Hugo Alberto Barabucci, con DNI argentino.

Lo que se sabe después completa el cuadro: Barabucci vive la mitad del año en Emiratos, trabaja como directivo del Abu Dhabi Polo Team, fundó en Argentina el club La Albertina y figura en distintas crónicas deportivas como hombre de confianza del aparato estatal deportivo emiratí. Es ese mismo vínculo el que explica que el dinero para comprar las tierras patagónicas haya salido de un banco de Abu Dhabi y se haya presentado ante la Justicia como “donación” de un gobierno extranjero. ¿Qué pasa con la trazabilidad de ese dinero?

De título personal al fideicomiso: quién aparece como dueño

La trama no termina en la escritura. En enero de 2018 se crea el Fideicomiso Amaike, donde Barabucci aporta las tierras como fiduciante, junto con Manzil SA (empresa argentina ligada a capitales de Emiratos), y donde la sociedad Gengis Real Estate SA queda como beneficiaria del 100 por ciento del negocio: un lodge de caza mayor y turismo de lujo sobre esas hectáreas.

 

 

 

 

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El embajador saliente Saeed Abdulla Alqemzi en su despedida privada del cargo, realizada el 12 de mayo, junto al secretario de Turismo, Daniel Scioli, Agustín Caulo y el diputado provincial Nahuel Sotelo (actual y exsecretario de Culto respectivamente).

La página oficial del ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos, sección “Economic Cooperation” con Argentina, dice:

1.- Emiratos tiene una presencia significativa en los mercados de capital internacionales a través de fondos como Abu Dhabi Fund for Development y Dubai Ports World.

Esos fondos ya financiaron proyectos de hidroeléctrica e infraestructura en Neuquén, Santa Fe y Córdoba, y están evaluando inversiones agroindustriales en Argentina.

2.- Menciona que provincias argentinas como Buenos Aires, Córdoba, Chubut y Santa Cruz concentran la mayor parte de las exportaciones hacia Emiratos (petróleo crudo, maíz, fuel oil, etcétera).

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto a Saeed Abdulla Alqemzi.

Un edicto en el Boletín Oficial de Río Negro menciona por primera vez a Amaike como propietario de las tierras de Alto Río Chubut. Relevamientos posteriores estiman que el fideicomiso controla al menos 38 mil hectáreas en la provincia, distribuidas en dos bloques cordilleranos con cotos de caza, residencias blindadas y pistas privadas. En la causa penal contra la Lof Cayunao, sin embargo, el poder judicial local insiste en considerar a Barabucci como un  simple “empresario argentino”, aun cuando los papeles societarios muestran que el enclave está montado sobre un entramado de fideicomisos y empresas de capital árabe. Por otro lado, la presencia del embajador saliente de Emiratos Árabes en Argentina, Saeed Abdulla Alqemzi, rodeado de funcionarios judiciales, ministros, empresarios llama poderosamente la atención. 

En este punto el tema es que cuando todo esto sale a la luz, la ley de Tierras del 2011, la que pone límites, lógicamente estaba vigente y, además, ya fue defendida por la Justicia frente al intento de derogación por DNU 70/2023 que intentó Sturzenegger. El fallo de Kreplak declaró la inconstitucionalidad del decreto en plena feria judicial de enero de 2024, para ser confirmado luego por la Cámara de La Plata, suspendiendo el artículo 154 del decreto. Además, adviertió que la protección del dominio nacional sobre tierras rurales es una cuestión de interés colectivo, no solo un derecho patrimonial privado.

José Luis Espert y el exembajador Saeed Abdulla Alqemzi, quien dejó su cargo hace algunos meses.

Mientras tanto, el ejecutivo redobla la apuesta por la vía legislativa. La ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” vuelve a la cámara alta con cambios mínimos después de quince borradores, en un clima interno que mezcla hartazgo, sospechas y presiones cruzadas sobre senadores clave. Todo vuelve, inevitablemente, a la misma pregunta: por qué el apuro.

Si el mapa oficial de extranjerización marca apenas un 5,57 por ciento y ninguna provincia supera el tope del 15 por ciento, la urgencia por levantar los límites pactados no se explica por los números. Se explica mejor si se mira la Patagonia y el rompecabezas que empezó de manera casi accidental por el mismo Hugo Barbucci en una sala de audiencias: un Estado extranjero que dona 2 millones de dólares a un hombre de su propio club estatal de polo para que compre casi 20 mil hectáreas en zona de frontera; un fideicomiso que convierte esa compra en coto de caza y enclave de lujo; un decreto que busca borrar la ley que vuelve problemático ese mecanismo; y, por último, una reforma que pretende convertir excepciones y maniobras en regla general.

El gobierno de Javier Milei puede insistir en que la nueva ley solo busca “dar seguridad jurídica” y alinearse con los tratados de inversiones. Pero desde el momento en que sabemos que hubo un testaferro funcionando, actualmente investigado por la Justicia argentina, antes de que la reforma exista, que ese testaferro recibió donaciones directas de un gobierno extranjero y que compró tierras bajo una ley que prohibía exactamente eso, el apuro por cambiar las reglas del juego deja de ser un detalle técnico en un rompecabezas cuya tercera parte ya parece estar armado. La gran pregunta es cuánto capital emiratí habrá repartido en el resto del país y cuántas cuestiones llamativas habrá que solapar con la futura ley. Veremos como reacciona la sociedad durante esta próxima semana. (www.REALPOLITIK.com.ar)