Recibos que superan los 5 millones de pesos vuelven a poner bajo la lupa la estructura del oficialismo provincial. Familiares de funcionarios, dirigentes políticos y hombres vinculados al esquema de poder de Alberto Weretilneck aparecen en la nómina del Poder Legislativo, mientras la Cámara acaba de bloquear un proyecto que buscaba limitar el nepotismo.

La Legislatura de Río Negro vuelve a quedar en el centro de una polémica por contrataciones políticas, vínculos familiares y salarios millonarios. Una serie de recibos de haberes a los que accedió REALPOLITIK exponen remuneraciones que van desde los 2,2 millones hasta más de 5,2 millones de pesos y nombres relacionados directa o políticamente con dirigentes de Juntos Somos Río Negro (JSRN).

El tema no resulta nuevo. En mayo, este medio ya había revelado la existencia de familiares de funcionarios y referentes políticos contratados dentro del bloque conducido por Facundo López, uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Weretilneck. La información abrió cuestionamientos sobre la cantidad de contratos y el criterio utilizado para incorporar personal al Poder Legislativo.

La nueva documentación profundiza esa discusión y aparece apenas días después de que la Legislatura frenara en comisión una iniciativa presentada por Santiago Ibarrolaza, del bloque Cambia Río Negro, espacio referenciado políticamente en Aníbal Tortoriello, que pretendía impedir que funcionarios públicos designaran familiares directos dentro del Estado. La propuesta alcanzaba parentescos en línea recta y colateral hasta segundo grado, aunque contemplaba excepciones para quienes hubieran ingresado por concurso o contaran previamente con estabilidad laboral.

La familia Lastra y una relación con la Legislatura que viene de lejos

Uno de los recibos corresponde a Juan Miguel Vera Lastra. La liquidación de mayo de 2026 muestra un ingreso neto de 3.322.748,56 pesos y registra como fecha de ingreso al Estado provincial el 2 de diciembre de 2014.

Recibo de Juan Miguel Vera Lastra

Vera Lastra es hijo de Tania Lastra, actual secretaria de la Función Pública de Río Negro y dirigente de larga trayectoria dentro del esquema político provincial. Su vinculación con el Poder Legislativo tampoco comenzó ahora: documentación oficial del Boletín Oficial demuestra que ya en 2018 había sido transferido desde Lotería de Río Negro hacia la Legislatura para desempeñarse en el despacho de Facundo López, entonces legislador de JSRN por General Roca. Ese pase fue posteriormente prorrogado durante 2019.

La documentación salarial que llegó a REALPOLITIK señala además que otra integrante de la familia se desempeñaría dentro de la estructura legislativa oficialista. En ese contexto, la presencia simultánea de familiares de una funcionaria de primera línea vuelve a alimentar las acusaciones opositoras sobre un sistema de contratación que, lejos de la austeridad discursiva, reproduce una lógica de despotismo político y familiar alrededor del Estado.

Pero Vera Lastra también desarrolla actividad fuera de la Legislatura. Documentación del consejo federal de la Asociación del Fútbol Argentino lo identifica como presidente del Club Atlético Social Argentino del Norte de General Roca, institución en la que también aparece Macarena Vera Lastra como secretaria.

El vínculo entre la entidad deportiva y el Estado provincial tiene antecedentes públicos. El gobierno de Río Negro registró distintos aportes al club a lo largo de los años; por ejemplo, en 2015 oficializó una transferencia destinada a gastos operativos y de funcionamiento. Esa relación institucional no supone por sí misma una irregularidad, aunque adquiere otra dimensión política cuando quien preside el club es al mismo tiempo empleado del Poder Legislativo e hijo de una integrante del gabinete provincial.

Los Cides y otra familia vinculada al oficialismo

Otro de los documentos corresponde a María Agustina Cides, la hija del legislador con más de tres periodos, que figura con una liquidación neta de 4.080.148,49 pesos correspondiente a julio de 2026. El recibo indica que ingresó al Poder Legislativo el 10 de diciembre de 2019.

Recibo de María Agustina Cides

Fuentes políticas consultadas por REALPOLITIK vinculan a Cides con el entorno familiar del legislador oficialista Juan Elbi Cides, dirigente de Cipolletti y actual integrante de Juntos Somos Río Negro. Las mismas fuentes sostienen que dentro de la Legislatura también presta servicios Verónica Morante, pareja de él, cuyo recibo de julio registra nada menos que 5.281.530,06 pesos netos y una fecha de ingreso del 5 de enero de 2012.

Recibo de Verónica Morante

La relación familiar señalada por las fuentes entre ambas mujeres y el legislador deberá ser explicada eventualmente por las autoridades de la Cámara, ya que no surge de los recibos salariales en sí mismos y REALPOLITIK no encontró hasta el momento documentación pública suficiente que permita establecerla de manera independiente. Lo que sí muestran los comprobantes es que las dos personas mencionadas cobran salarios importantes dentro del Poder Legislativo provincial.

La discusión cobra especial relevancia porque Juan Elbi Cides ocupa actualmente una banca en la Legislatura por Juntos Somos Río Negro. Su asunción para el período iniciado en diciembre de 2023 consta en los registros oficiales de la propia Cámara.

Milagros Calvo, de asesora a secretaria de Juventud

La documentación incorpora también el caso de Milagros Antonella Calvo, quien percibía en julio un salario neto de 2.264.242,34 pesos como trabajadora del Poder Legislativo. Su fecha de ingreso figura el 1 de marzo de 2024.

Recibo de Milagros Calvo

El caso ya había tomado estado público antes de estas nuevas revelaciones. Calvo fue designada el 13 de julio por Weretilneck como secretaria de Juventud de Río Negro mediante el decreto 676/2026. Antes de desembarcar en el Ejecutivo se desempeñaba como asesora dentro del bloque de Juntos Somos Río Negro.

La trayectoria muestra nuevamente cómo la Legislatura funciona como una plataforma de incorporación y sostenimiento económico de cuadros políticos que posteriormente son trasladados a otras áreas del gobierno provincial.

A eso se agrega Agustín Andrés Ortiz, cuyo recibo de julio de 2026 registra un neto de 2.491.320,35 pesos y fecha de ingreso el 1 de abril de 2018. Dentro del armado oficialista es señalado por fuentes partidarias como uno de los referentes que trabaja políticamente con sectores juveniles vinculados al entorno de Facundo López, jefe del bloque de JSRN y principal operador legislativo de Weretilneck.

Recibo de Agustín Ortiz

Bots, bases de datos y una acusación que abre otro frente

Sobre Ortiz existe, además, una acusación mucho más delicada. Fuentes cercanas al oficialismo consultadas por REALPOLITIK aseguran que, más allá de las tareas formales que tendría asignadas dentro de la Legislatura, participaría de la administración de estructuras digitales utilizadas para amplificar contenidos del gobierno provincial.

Las mismas fuentes hablan de sistemas de difusión masiva —identificados internamente como “bots”— y del uso de bases con miles de números telefónicos y datos de ciudadanos que habrían sido recolectados a través de diferentes organismos del Estado provincial durante los últimos años. Según ese relato, desde allí partirían mensajes institucionales y contenidos de propaganda hacia teléfonos particulares sin que, en numerosos casos, los receptores hubieran autorizado previamente ese uso de su información.

REALPOLITIK no pudo verificar de manera independiente hasta el momento ni la existencia de esa estructura ni la participación personal de Ortiz en ella. La acusación, sin embargo, adquiere gravedad jurídica si se comprobara que información obtenida por organismos públicos para determinadas finalidades fue trasladada a estructuras de comunicación política.

La Agencia de Acceso a la Información Pública establece que los datos personales deben utilizarse para la finalidad para la cual fueron obtenidos y que cualquier tratamiento se encuentra alcanzado por la ley 25.326. Para propaganda política mediante plataformas de mensajería, la normativa exige que los datos hayan sido obtenidos lícitamente y bajo alguna de las bases legales admitidas. También obliga a garantizar su seguridad y confidencialidad.

Por eso no alcanzaría con afirmar que una base pertenece al Estado: una eventual transferencia de datos entre organismos públicos sólo puede realizarse dentro de sus competencias y respetando las finalidades originales. Utilizarlos para propaganda partidaria podría abrir interrogantes administrativos y legales que exceden ampliamente una simple estrategia comunicacional.

La ley antinepotismo que el oficialismo no quiso discutir

El escenario resulta todavía más incómodo para el oficialismo por el momento político en que aparecen los recibos. El proyecto impulsado por Santiago Ibarrolaza buscaba justamente establecer restricciones para los nombramientos de familiares de funcionarios y legisladores.

“El acceso al empleo público no tiene que ser una herencia de sangre o de parentesco, sino una herencia de formación”, sostuvo Ibarrolaza al defender la propuesta. El texto, sin embargo, encontró resistencia dentro de las comisiones y no logró avanzar.

El rechazo dejó servido un argumento político para Cambia Río Negro. Mientras la Legislatura frenaba una herramienta destinada a limitar el nepotismo, comenzaron a conocerse recibos que exhiben una estructura donde conviven familiares, militantes, dirigentes juveniles y personas vinculadas directamente con referentes del partido gobernante.

Los números aportan otra dimensión. Juan Miguel Vera Lastra cobra 3,32 millones de pesos; María Agustina Cides, 4,08 millones; Verónica Morante, 5,28 millones; Agustín Ortiz, 2,49 millones; y Milagros Calvo percibía 2,26 millones antes de pasar al Ejecutivo. Son más de 17,4 millones de pesos mensuales netos solamente entre los cinco casos expuestos.

En una provincia donde el gobierno reclama disciplina presupuestaria y mantiene conflictos periódicos con trabajadores públicos por salarios, la Legislatura vuelve así a mostrar una zona mucho menos austera del aparato estatal. El debate ya no gira únicamente alrededor de cuánto cobran los empleados políticos, sino de quiénes son, cómo llegaron y qué tareas efectivamente realizan. Y, sobre todo, de por qué el poder político rionegrino decidió cerrar la puerta precisamente cuando una iniciativa proponía poner límites a la contratación de familiares. (www.REALPOLITIK.com.ar)