En una reciente investigación de REALPOLITIK abordamos la historia de TALA SA y de la antigua planta de carga de explosivos de Córdoba, perteneciente a la ex SITEA, una instalación concebida para dotar a la Argentina de capacidades propias en un área sensible para la defensa nacional.

La historia de aquella planta permite reconstruir, al mismo tiempo, una etapa poco conocida de la industria de defensa argentina: la participación de empresas privadas en el desarrollo, recuperación y sostenimiento de capacidades industriales y tecnológicas consideradas estratégicas para las Fuerzas Armadas.

Para profundizar sobre ese proceso, REALPOLITIK dialogó con Diego Martín Bollatti, apoderado de TALA SA, quien repasó los orígenes de la compañía, su trayectoria dentro del mercado de defensa y la gestión que llevó adelante al frente de la antigua planta de carga de explosivos ubicada en el área Material Córdoba. Su testimonio fue acompañado por documentación y fotografías que permiten reconstruir buena parte de esa experiencia.

El recorrido expone una faceta escasamente conocida tanto por la opinión pública como, en muchos casos, por los propios ámbitos especializados: las capacidades industriales alcanzadas por el sector privado argentino para producir, adaptar y mantener material destinado a la defensa nacional.

También deja al descubierto los efectos de décadas de discontinuidad, decisiones estatales cambiantes y ausencia de una política sostenida para preservar conocimientos, infraestructura y equipamiento de alto valor estratégico. Capacidades que habían demandado inversión, experiencia y años de desarrollo terminaron, en numerosos casos, paralizadas o desaprovechadas.

Sin embargo, la historia de TALA no aparece únicamente como el registro de una oportunidad perdida. La empresa todavía conserva equipamiento especializado, documentación técnica y conocimientos acumulados durante años de actividad. En ese patrimonio subsiste, según plantea Bollatti, una posibilidad concreta: recuperar parte de esas capacidades y volver a ponerlas al servicio de una política industrial vinculada con la Defensa Nacional.

RP.- TALA SA tiene una larga trayectoria que comenzó en 1948 con la producción de armas livianas para el mercado civil. ¿Cómo fue la evolución de la empresa hasta su vinculación con la defensa nacional?

DMB.- TALA tiene sus orígenes en 1948, vinculada inicialmente a la fabricación de armas livianas para el mercado civil. En 1975, mi padre, Arnaldo Cristóbal Bollati, adquirió el paquete accionario de la empresa y se produjo una reorientación de sus actividades hacia la defensa nacional. A partir de entonces, TALA pasó a producir repuestos para armamento de las Fuerzas Armadas y a representar en la Argentina a empresas extranjeras vinculadas a la industria de defensa, entre ellas OTO Melara de Italia, cuyos obuses de 105 mm fueron provistos al Ejército Argentino.

En 1982 cesó definitivamente la actividad fabril de la planta de Punta Alta, pero TALA continuó vinculada al sector Defensa mediante la representación y provisión de material de origen extranjero.

RP.- ¿En qué momento TALA SA asumió la concesión de la planta de SITEA destinada a la carga de explosivos en Córdoba y cómo se produjo la adjudicación de sus bienes?

DMB.- La planta de carga de explosivos fue construida en el año 1981 por la empresa sudafricana NASCHEM (Pty) Ltd., a requerimiento de la Fuerza Aérea Argentina, dentro del área Material Córdoba, con el objeto de dotar al país de capacidad industrial para la fabricación de armamento aerolanzable.

En 1987 se constituyó Sistemas Tecnológicos Aeronáuticos SA (SITEA SA), sociedad de capital mixto destinada a la operación de dicha planta, que desarrolló actividades productivas hasta su declaración de quiebra en 1997.

Durante el proceso de quiebra, la Fuerza Aérea Argentina realizó diversas presentaciones ante el juzgado interviniente procurando preservar la unidad productiva, debido a que la planta producía material estratégico vinculado a la capacidad de defensa de la Nación. Finalmente, el juzgado autorizó la realización de una licitación pública para adquirir en bloque la totalidad de las instalaciones, maquinarias y bienes muebles que constituían la ex fábrica SITEA, con el objeto de posibilitar la continuidad de la actividad industrial.

En ese contexto, en el año 2001 la Fuerza Aérea Argentina tomó contacto con TALA SA para que se presentara en el expediente de la quiebra y adquiriera la totalidad de dichos bienes.

En diciembre de 2002, en el marco del proceso licitatorio llevado adelante por el juzgado nacional en lo Comercial Nro. 16, secretaría Nro. 31, en los autos “Sistemas Tecnológicos Aeronáuticos SA s/ Quiebra s/ Incidente de realización de bienes”, TALA SA resultó adjudicataria de la totalidad de las maquinarias, bienes muebles, útiles y herramientas afectadas a la actividad de la denominada planta de carga de bombas.

Posteriormente, TALA SA suscribió con el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina un contrato de concesión de uso respecto del predio y los edificios, que son de propiedad del Estado nacional, con el objeto de poner nuevamente en funcionamiento la planta industrial destinada a la carga de bombas de aviación y municiones.

Es importante distinguir, por lo tanto, entre el inmueble y los bienes industriales: el predio y los edificios pertenecen al Estado nacional, mientras que las maquinarias, equipamiento y demás bienes muebles adquiridos en el proceso de quiebra pertenecen a TALA SA.

Industria de defensa: qué producía TALA SA en la planta de explosivos de Córdoba

Tras la adjudicación de las maquinarias y la concesión del predio, TALA SA volvió a poner en funcionamiento una instalación estratégica para la Fuerza Aérea Argentina, con capacidad para producir y cargar distintos tipos de municiones y armamento aerolanzable.

RP.- Durante la concesión, ¿qué tipo de trabajos y capacidades productivas desarrolló TALA SA para la defensa nacional? 

DMB.- Durante el período de concesión, TALA SA puso nuevamente en condiciones operativas la planta y obtuvo las habilitaciones correspondientes del ministerio de Defensa y del RENAR, incluyendo las necesarias para desarrollar actividades como fabricante, importador, exportador y usuario de materiales de carácter esencialmente militar y explosivos.

La planta había sido diseñada con dos líneas principales de producción destinadas al llenado de grandes y pequeños contenedores explosivos. Originalmente fue concebida para la fabricación de bombas aéreas de entre 50 y 1.000 kg, aunque por las características y versatilidad de sus instalaciones podía adaptarse al llenado de distintos tipos de municiones, incluyendo proyectiles de artillería, granadas de mortero, cabezas de cohetes, minas y otros artefactos explosivos de uso militar.

El equipamiento industrial permitía además realizar procesos de fundición, mezclado y carga de explosivos líquidos y sólidos, con una capacidad de procesamiento de aproximadamente 600 kg por hora, incluyendo TNT y distintas mezclas explosivas complejas, tales como RDX/TNT, HBX, Tritonal, Torpex y H-6.

Una vez puesta nuevamente en funcionamiento, TALA fabricó un lote de bombas PG de 125 kg y cohetes ASPID destinados a la Fuerza Aérea Argentina. Asimismo, a pedido de la entonces Fábrica de Aviones, posteriormente FAdeA, fabricó y entregó un lote de bombas PG de 125 kg inertes, bajo las especificaciones técnicas requeridas para el proyecto IA-63 Pampa, destinadas a la calibración de su sistema de tiro.

En octubre de 2006, la Fuerza Aérea de Colombia contrató a TALA para la provisión de bombas MK-81 y MK-82. Sin embargo, la exportación no pudo concretarse debido a que la Comisión Nacional de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB) no autorizó la operación.

Finalmente, ante la falta de nuevos contratos con las Fuerzas Armadas Argentinas y la imposibilidad de concretar operaciones de exportación, la actividad productiva de la planta quedó paralizada.

Denegatoria de exportacion del ministerio de Defensa.

RP.- La planta cordobesa fue objeto de un conflicto judicial que luego derivó en reclamos frente al Estado nacional. ¿Cuál fue el resultado de ese proceso y qué consecuencias tuvo para la empresa? 

DMB.- La planta fue objeto de un procedimiento judicial en el año 2019, que posteriormente dio lugar a reclamos de TALA SA frente al Estado nacional.

El 26 de junio de 2019, en el marco de una investigación llevada adelante por el juzgado nacional en lo Penal Económico Nro. 2, se realizó un allanamiento en las instalaciones de la planta, en un operativo que tuvo una importante repercusión pública y mediática.

En ese momento, el procedimiento fue presentado públicamente como el descubrimiento de una supuesta fábrica clandestina de armas instalada dentro de un predio de la Fuerza Aérea Argentina, vinculándola además con una presunta asociación ilícita destinada al contrabando de armas.

Sin embargo, el desarrollo posterior de la investigación determinó la desvinculación de TALA SA de esas imputaciones. Finalizada la instrucción, tanto mi padre, Arnaldo Cristóbal Bollati, como yo fuimos sobreseídos.

Más allá de ese resultado judicial, el procedimiento tuvo consecuencias importantes para la empresa y para la situación de los bienes industriales que se encontraban en el predio, dando posteriormente lugar a reclamos de TALA SA frente al Estado nacional.

Sobreseimiento de Diego Martín Bollati.

Sobreseimiento de Arnaldo Cristóbal Bollati.

RP.- ¿En qué situación se encuentra actualmente TALA SA? ¿Qué ocurrió con las maquinarias y existe la posibilidad de recuperar esas capacidades para la industria de defensa?

DMB.- Actualmente, el predio donde funcionó la planta de carga de explosivos se encuentra en posesión de la Fuerza Aérea Argentina. TALA SA, por su parte, mantiene la propiedad de las maquinarias, el equipamiento industrial especializado y la documentación técnica vinculada a la planta.

Después de finalizada la causa judicial, el juez penal Pablo Yadarola dispuso que el predio y los bienes de TALA que se encontraban allí al momento del allanamiento quedaran bajo custodia de la Fuerza Aérea Argentina, indicando que la empresa debía reclamar su devolución por la vía administrativa o judicial correspondiente. A partir de esa resolución, iniciamos un reclamo administrativo para recuperar las máquinas y herramientas y, finalmente, en julio obtuve la disposición que ordenó la restitución de los bienes de TALA, con un plazo de seis meses para retirarlos del predio.

En estos momentos hemos comenzado con las tareas de desinstalación y retiro de las maquinarias y demás bienes de propiedad de TALA SA del inmueble donde permanecieron durante todos estos años.

La documentación judicial incorporada al expediente distingue la titularidad de los bienes: el predio y los edificios pertenecían al Estado Nacional, mientras que las maquinarias, herramientas y bienes muebles fueron adjudicados a TALA SA.

Si bien TALA actualmente no dispone del predio y de los edificios donde funcionó la planta, conserva la totalidad del equipamiento industrial, documentación técnica y conocimientos adquiridos durante los años de operación de la instalación.

Por sus características, estos bienes conservan un importante valor industrial y tecnológico y podrían constituir la base para recuperar capacidades vinculadas a la producción de municiones y armamento de uso militar, particularmente en áreas como la fabricación de munición de artillería y armamento aerolanzable.

Por eso entendemos que la recuperación y conservación de estos bienes no tiene solamente una importancia patrimonial para TALA, sino que también puede representar una oportunidad para preservar y eventualmente recuperar capacidades industriales vinculadas a la defensa nacional. (www.REALPOLITIK.com.ar)