El conflicto por el barrio San Ceferino III de Chivilcoy sumó un capítulo todavía más delicado para el gobierno de Axel Kicillof. A las denuncias por graves deficiencias en las 36 viviendas entregadas en mayo de 2025 se agrega ahora la situación de otras 51 familias que formaban parte del mismo proyecto habitacional y que, según relataron damnificados a REALPOLITIK, todavía no saben cuándo comenzarán a construirse sus casas.

El dato modifica sustancialmente la dimensión del caso. San Ceferino III no fue proyectado como un barrio de 36 viviendas, sino de 87 unidades en total. Así surge de la propia documentación del Instituto de la Vivienda bonaerense: el convenio celebrado con la Asociación de Emprendedores y Comunidad Organizada (ADECO) estableció expresamente la construcción de “36 viviendas – Etapa I de un total de 87 viviendas” en Chivilcoy.

La información coincide con lo anunciado públicamente por la propia provincia en octubre de 2021. Una resolución anterior permite reconstruir incluso el origen administrativo del emprendimiento. El expediente EX-2019-20824436-GDEBA-DPTDIV tramitó el convenio entre el Instituto de la Vivienda y ADECO dentro del programa Bonaerense II – Entidades, con un plazo de ejecución fijado inicialmente en doce meses para aquella primera etapa.

Para esas primeras 36 casas, el acuerdo provincial aprobado en enero de 2022 contempló financiamiento por 156.727.698,36 pesos, equivalentes entonces a 1.855.644,07 UVIs. La resolución fue firmada por Diego Menéndez, actual administrador general del Instituto de la Vivienda bonaerense, cargo que continúa ejerciendo en agosto de 2026.

Pero detrás de los expedientes y los números quedaron decenas de familias.

Uno de los adjudicatarios afectados aseguró a REALPOLITIK que ingresó al plan hace aproximadamente cinco años y que continúa esperando siquiera una fecha de comienzo de obra. “Estoy dentro de las 51 viviendas que faltan empezar a construir. No tenemos ni fecha de cuándo empezarían a construir esas viviendas”, explicó.

El acta de entrega de vivienda.

Según su testimonio, los beneficiarios realizaron además aportes privados para incorporarse al emprendimiento. El damnificado sostuvo que ADECO solicitó un anticipo equivalente a 20 mil dólares, abonado en pesos al tipo de cambio vigente al momento del ingreso de cada familia.

En su caso particular, afirmó haber efectuado el desembolso el 7 de enero de 2022, cuando la suma representaba aproximadamente 3,5 millones de pesos. Otras familias, señaló, ingresaron incluso antes y llevan cerca de siete años vinculadas al proyecto.

“Consultamos, no tenemos respuesta. Es como si nadie supiera del barrio o del proyecto. Enviamos la misma documentación todo el tiempo y no tenemos respuesta”, relató.

La documentación oficial conocida hasta el momento acredita el financiamiento provincial otorgado a ADECO para las primeras 36 unidades, pero no permite determinar por sí sola cuál fue el destino contractual o financiero de los anticipos privados denunciados por los adjudicatarios ni bajo qué condiciones fueron cobrados. Ese punto aparece ahora entre los interrogantes centrales que deberían responder tanto la entidad como los organismos públicos intervinientes.

El cuestionado Gustavo Maroa inaugurando obras en la gestión de Daniel Scioli, en plena campaña presidencial.

De las casas defectuosas a las casas que nunca empezaron

Hasta ahora, buena parte de la polémica alrededor de San Ceferino III estuvo concentrada en las 36 viviendas entregadas el 21 de mayo de 2025, cuyos adjudicatarios denunciaron humedad, filtraciones, problemas eléctricos, aberturas defectuosas, desagües incompletos, rajaduras y otras deficiencias.

El gobierno de Axel Kicillof fue comunicado formalmente sobre la existencia de los reclamos. En una respuesta fechada el 28 de julio de 2026, el Instituto de la Vivienda informó al Concejo Deliberante de Chivilcoy que el expediente EX-2025-30494116-GDEBA-DPTDIV tramita presentaciones formuladas por 22 adjudicatarios del barrio.

Sin embargo, nada dice sobre el futuro de las otras 51 viviendas que completaban las 87 proyectadas, precisamente el universo que ahora vuelve a poner el emprendimiento bajo la lupa. “Cada vez que se menciona este plan de vivienda se hace hincapié en las 36 viviendas que entregaron en mal estado, pero atrás de eso hay 51 adjudicatarios más que no tienen novedad de cuándo empiezan las construcciones de sus viviendas”, advirtió el vecino consultado.

Gustavo Maroa y un antecedente que se remonta a Olavarría

El conflicto de San Ceferino III incorpora además otro elemento que hasta ahora permanecía prácticamente fuera de la discusión pública en Chivilcoy: los antecedentes de Gustavo Maroa, referente de ADECO, en otros planes habitacionales financiados por el propio Instituto de la Vivienda bonaerense.

Para encontrarlos hay que retroceder más de quince años y trasladarse a Olavarría.

Maroa estuvo vinculado allí a ACUPO, entidad encargada de llevar adelante el barrio ACUPO III con financiamiento provincial. El emprendimiento acumuló durante años demoras, incumplimientos y reclamos de los preadjudicatarios.

Los problemas llegaron a tal punto que, en agosto de 2009, una delegación de funcionarios del Instituto de la Vivienda viajó a Olavarría para reunirse con las familias afectadas. Lo ocurrido durante aquel encuentro resulta particularmente relevante a la luz del caso actual.

En 2009, funcionarios bonaerenses responsabilizaron a Gustavo Maroa por las demoras en ACUPO III y advirtieron que no volverían a hacer viviendas con él.

De acuerdo con las crónicas periodísticas de la época, funcionarios provinciales responsabilizaron a Maroa por las obras pendientes y aseguraron ante los vecinos que el Instituto había realizado los pagos correspondientes. Gustavo Aguilera, entonces subadministrador del organismo, sostuvo que Maroa sabía que no había cumplido y que desde la provincia lo reclamaban permanentemente para que terminara las casas.

La evaluación que hicieron públicamente sobre el responsable de ACUPO fue todavía más dura. Según quedó registrado en aquella cobertura, desde el propio Instituto afirmaron que Maroa había demostrado ser una persona “muy poco confiable” y anticiparon: “Es un hecho que no hacemos más viviendas con él”.

No se trataba de una controversia menor ni de un simple retraso administrativo. Los adjudicatarios de ACUPO III venían reclamando desde años antes por la demora en la terminación de las casas. Ya en 2007 se denunciaban viviendas inconclusas, falta de precisiones sobre los plazos y dudas entre los beneficiarios acerca de las certificaciones y desembolsos efectuados por el Instituto.

El conflicto finalmente desembocó en una decisión drástica.

En marzo de 2010, el Instituto de la Vivienda bonaerense rescindió el contrato celebrado con ACUPO, la entidad que tenía a Gustavo Maroa como referente, para la ejecución del barrio ACUPO III. Las viviendas pendientes pasaron a ser terminadas por la municipalidad de Olavarría, nuevamente con financiamiento del Instituto provincial.

ACUPO III, en Olavarría: el antecedente habitacional de Gustavo Maroa que terminó con la rescisión del convenio y viviendas inconclusas.

Según se informó entonces, los preadjudicatarios prestaron conformidad con la rescisión y la provincia se comprometió a financiar la finalización de las unidades a través del municipio. Funcionarios del Instituto explicaron que se había intentado evitar esa instancia mediante el compromiso previo de ACUPO de terminar las obras, pero que los trabajos volvieron a detenerse.

El episodio adquiere otra dimensión cuando se observa lo sucedido posteriormente.

Del contrato rescindido con ACUPO a los convenios con ADECO

Años después de aquella rescisión, Gustavo Maroa volvió a quedar vinculado a proyectos habitacionales financiados por el Estado bonaerense, esta vez como referente y presidente de ADECO.

La entidad comenzó a tener una presencia sostenida en los desarrollos habitacionales de Chivilcoy y atravesó administraciones provinciales de distinto signo político.

En octubre de 2016, por ejemplo, Maroa participó junto al entonces administrador del Instituto de la Vivienda, Evert Van Tooren; el intendente Guillermo Britos; y el secretario de Interior nacional, Sebastián García De Luca, de la inauguración de una etapa del barrio San Ceferino. En aquella oportunidad también se anunció un convenio para otras 60 viviendas entre Nación, el municipio y ADECO.

Cinco años después, durante la administración de Axel Kicillof, Maroa volvió a aparecer en un acto oficial junto al Instituto de la Vivienda y al municipio.

El 19 de octubre de 2021 se anunció la construcción de las primeras 36 unidades del nuevo proyecto de 87 viviendas. El propio Maroa celebró entonces públicamente la firma del convenio y destacó la continuidad del trabajo de ADECO en Chivilcoy.

En 2023, el gobierno bonaerense seguía exhibiendo oficialmente la obra. El entonces ministro de Hábitat, Agustín Simone, recorrió las 36 viviendas de San Ceferino que la provincia ejecutaba “en conjunto con la entidad ADECO”, según informó el propio gobierno provincial.

La secuencia deja planteado un interrogante institucional que excede incluso el conflicto puntual de San Ceferino III. ¿Cómo pasó Gustavo Maroa de protagonizar un contrato rescindido por el Instituto de la Vivienda, después de años de demoras e incumplimientos cuestionados por funcionarios del propio organismo, a volver a intervenir en planes financiados por ese mismo Instituto a través de otra entidad?

La pregunta no permite equiparar automáticamente los problemas de ACUPO III con los de San Ceferino III y muestra que los cuestionamientos vinculados a emprendimientos habitacionales encabezados por Maroa tienen antecedentes documentados que se remontan a casi dos décadas atrás.

También plantea otro interrogante: qué evaluación realizó el Instituto de Diego Menéndez sobre aquellos antecedentes antes de aprobar nuevos convenios y transferir fondos públicos a una entidad encabezada por quien había protagonizado el conflicto de Olavarría.

La firma de Gustavo Maroa y de Diego Menéndez en el contrato de los adjudicatarios.

¿Qué pasó con más de la mitad del barrio que debía construirse? 

De las 87 casas proyectadas, apenas 36 llegaron a la instancia de entrega. Y mientras algunas de esas familias discuten desde hace más de un año las reparaciones de viviendas que consideran defectuosas, otras 51 aseguran seguir aguardando que alguien les informe cuándo comenzará la obra por la que ingresaron al plan hace años.

El antecedente de Olavarría agrega un interrogante adicional. El Instituto de la Vivienda no sólo deberá explicar la situación actual de San Ceferino III, sino también cuáles fueron los controles y antecedentes tenidos en cuenta para volver a celebrar convenios habitacionales con una entidad encabezada por Gustavo Maroa después de que otro proyecto bajo su responsabilidad terminara con un contrato rescindido y el Estado asumiendo la finalización de las viviendas.

Para el gobierno de Axel Kicillof, Silvina Batakis, Diego Menéndez, el municipio de Guillermo Britos y los responsables de ADECO, San Ceferino III ya no plantea únicamente un problema sobre cómo se construyeron 36 viviendas. También obliga a responder por qué las otras 51 todavía no comenzaron, qué ocurrió durante todos estos años con las familias que esperaban recibirlas y por qué los antecedentes de Maroa en anteriores planes habitacionales no impidieron que volviera a ocupar un lugar central en proyectos financiados por el mismo organismo provincial. (www.REALPOLITIK.com.ar)