Dos contrataciones por 744 millones de pesos impulsadas desde la Administración Portuaria del Puerto de Comodoro Rivadavia (APPCR) quedaron bajo la lupa tras una auditoría del Tribunal de Cuentas de Chubut que detectó un desdoblamiento destinado a evitar una licitación pública. El organismo está conducido por Digna Hernando, exministra provincial y funcionaria designada directamente para ese cargo por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

El caso suma ahora un componente político que excede las fronteras de Chubut. La firma seleccionada en los dos procedimientos fue la Cooperativa de Trabajo Lara Limitada, radicada en Merlo y vinculada desde sus orígenes a Matías Abinet, uno de los primeros dirigentes de los denominados “Jóvenes K” y un nombre que REALPOLITIK ya investigó en distintas oportunidades por el crecimiento de la cooperativa como proveedora del Estado.

Los cuestionamientos quedaron plasmados en los dictámenes 49/26 y 51/26 del Tribunal de Cuentas, ambos fechados el 12 de junio de 2026. Los expedientes corresponden a los concursos privados 03/26 y 04/26 de la APPCR: uno destinado al mantenimiento de calles, veredas e infraestructura común y el otro a tareas de limpieza, desmalezamiento de espacios verdes, drenajes y zanjas a cielo abierto.

Dos concursos, la misma cooperativa y el mismo monto

Al analizar los expedientes en conjunto, los organismos técnicos encontraron una sucesión de coincidencias difícil de soslayar. En los dos concursos fueron invitadas las mismas empresas, en ambos resultó seleccionada Cooperativa Lara y cada contratación fue fijada exactamente en 372 millones de pesos.

La cifra es central para entender el caso. El límite establecido por la Administración Portuaria para utilizar el mecanismo de concurso privado era de 435.074.894 pesos. Sumadas, en cambio, las dos contrataciones alcanzaban los 744 millones, un monto que obligaba a utilizar otro procedimiento.

El Tribunal de Cuentas fue terminante: consideró “evidente” que existió un desdoblamiento y sostuvo que la división tuvo como finalidad no superar el límite establecido y evitar así el procedimiento correspondiente, es decir, una licitación pública.

La conclusión tiene un peso particular porque no surge de una denuncia opositora ni de una interpretación periodística. Es el propio organismo encargado de controlar las cuentas públicas de Chubut el que advierte la maniobra. En el dictamen 49/26, los asesores señalaron que las diferencias planteadas entre los objetos y montos terminaban configurando un fraccionamiento o desdoblamiento de la contratación y que, considerada globalmente, debía haberse canalizado mediante licitación pública.

Por esa razón, el Tribunal resolvió observar los procedimientos y remarcó que no podía convalidar trámites en los que advirtiera actos contrarios a los principios y disposiciones legales vigentes.

Matías Abinet junto a Lucas Olazagasti, en un acto en Merlo.

La situación impacta de lleno sobre una estructura conducida por una dirigente de confianza del gobernador. Digna Hernando fue ministra de Producción durante el inicio de la gestión de Torres y el 1 de agosto de 2024 el mandatario firmó el decreto 1028 que la designó administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia. El estatuto del ente establece además que esa máxima autoridad es nombrada por el Poder Ejecutivo provincial.

Los dictámenes dejan bajo cuestionamiento dos procedimientos impulsados durante su conducción y obligan políticamente al gobierno provincial a explicar cómo se intentaron distribuir 744 millones de pesos entre dos concursos privados prácticamente paralelos.

De los Jóvenes K al puerto de la gestión Torres

El otro extremo de la historia conduce al conurbano bonaerense. Cooperativa Lara tiene domicilio en Merlo y se presenta como una organización dedicada desde 2010 a mantenimiento urbano, limpieza integral, logística y control de plagas. En su propia página incluye actualmente entre sus principales clientes a la municipalidad de Merlo, que conduce Gustavo Menéndez, y a la municipalidad de Quilmes, hoy en manos de la camporista Mayra Mendoza, entre otros organismos y municipios.

Al frente de la historia de Lara aparece Matías Abinet. El actual registro de proveedores del Poder Judicial de la Nación lo identifica como integrante de Cooperativa de Trabajo Lara Limitada, con “poder suficiente” y un acta de administrador legitimado. La ficha oficial registra además el CUIT 30-71189988-6 y domicilio de la cooperativa en Merlo.

Su recorrido político se remonta a los comienzos mismos del kirchnerismo. Fueron varios los medios que ubicaron a Abinet como segundo de Nicolás Trotta dentro de los “Jóvenes K”, el espacio juvenil que respaldaba al entonces presidente Néstor Kirchner y que tenía como nexo con el gobierno al por entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

En tanto, otras investigaciones lo describieron como militante kirchnerista y exfuncionario del ministerio de Planificación Federal, cartera que estuvo en manos de Julio De Vido. 

REALPOLITIK ya había puesto la lupa sobre Lara en 2021. En aquella investigación se identificaba, además de Abinet, a Fernando Hernán Alonso Fernández, Susana Elizabeth González y Gastón Alejandro Moreira como integrantes de las autoridades de la cooperativa, y se reconstruían vínculos políticos y comerciales alrededor de una firma que ya tenía una considerable presencia como proveedora estatal.

Un año después, este medio volvió sobre Lara a partir de denuncias formuladas por trabajadores sobre las condiciones laborales dentro de la organización.

El crecimiento de Lara como contratista pública siguió durante los años posteriores. En 2023 obtuvo trabajos de limpieza en dependencias del Senado de la Nación por 38.467.800 pesos, en una contratación que también despertó cuestionamientos públicos sobre sus antecedentes para determinadas tareas. La cooperativa continuó participando de licitaciones nacionales y, todavía en 2026, aparece activa en distintos procedimientos administrativos del Estado.

Matías Abinet junto a Susana González y Lucas Olazagasti, en un acto en el Luna Park.

Ahora su nombre reaparece lejos de Menéndez y de los gobiernos kirchneristas con los que históricamente fue vinculada: en el Chubut gobernado por Ignacio Torres, uno de los dirigentes que construyó buena parte de su identidad política enfrentando al peronismo provincial y nacional.

La paradoja termina siendo uno de los elementos más incómodos del expediente. Una cooperativa cuyo principal referente surgió de los primeros “Jóvenes K” fue seleccionada para recibir dos contratos de 372 millones de pesos cada uno desde un organismo encabezado por una funcionaria elegida por Torres. Y fue el propio Tribunal de Cuentas de Chubut el que determinó que los procedimientos habían sido desdoblados para evitar una licitación pública.

La APPCR deberá informar cuál fue finalmente el destino de los trámites observados. Hasta entonces queda abierta una pregunta concreta para la administración de Torres: qué hizo el Puerto de Comodoro Rivadavia después de que el organismo de control advirtiera que dos contrataciones por un total de 744 millones de pesos habían sido divididas para eludir el procedimiento licitatorio que correspondía. (www.REALPOLITIK.com.ar)