La controversia por los aportes y contribuciones vinculados con los juicios salariales de las Fuerzas Armadas dejó de ser únicamente una disputa administrativa. Tras los interrogantes revelados por REALPOLITIK a comienzos de agosto, el caso llegó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que abrió el expediente 550/2026 y comenzó a requerir documentación oficial.

El movimiento incorpora presión sobre una estructura que depende políticamente del ministerio de Defensa que conduce Carlos Presti, en momentos en que el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) enfrenta cuestionamientos por su situación financiera y la administración de sus recursos. Presti ocupa formalmente la conducción de Defensa desde diciembre de 2025.

El oficio, firmado el 18 de agosto por Esteban Luis Venditti, auxiliar fiscal y coordinador de la Unidad de Admisión y Detección Temprana de la PIA, le exige a la obra social informar si el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina transfirieron los aportes personales y las contribuciones patronales surgidos de las liquidaciones judiciales realizadas por el reconocimiento del carácter remunerativo y bonificable de los suplementos del decreto 1305/2012. También solicita las constancias documentales que permitan acreditarlo.

La intervención no es menor. La PIA es el organismo especializado del ministerio Público Fiscal encargado de investigar irregularidades administrativas y posibles hechos de corrupción dentro de la administración pública nacional. Su Unidad de Admisión y Detección Temprana, precisamente la que intervino en este expediente, recibe denuncias y puede impulsar nuevas investigaciones.

De la pelea entre IOSFA y el Ejército a una investigación de la PIA

REALPOLITIK había revelado el 5 de agosto que el IOSFA, que hoy conduce Ariel Guzmán, reclamó al Ejército información correspondiente a once años de liquidaciones judiciales, entre enero de 2015 y enero de 2026, con el objetivo de verificar el ingreso de contribuciones vinculadas con la obra social.

El conflicto surgió porque en las liquidaciones elaboradas a raíz de distintos juicios militares aparecían identificados aportes personales y contribuciones patronales. Sin embargo, cuando el IOSFA intentó revisar esos ingresos, el Ejército sostuvo que las contribuciones consignadas en las planillas eran referencias contables utilizadas para reconstruir los haberes y no créditos exigibles por la obra social.

Ahora la PIA fue un paso más allá.

El requerimiento no se limita al jefe del Estado Mayor General del Ejército, Oscar Zarich, sino que extiende la revisión a las tres Fuerzas Armadas. Y agrega una pregunta especialmente sensible para las autoridades del IOSFA: si alguna de las fuerzas no realizó los pagos, el organismo deberá informar si promovió reclamos interadministrativos para cobrarlos conforme a la ley 19.983 y su reglamentación.

En caso de que esos reclamos nunca se hubieran iniciado, la procuraduría exige conocer los fundamentos por los cuales el IOSFA decidió no hacerlo.

Ese punto abre una segunda línea de análisis. Ya no alcanza con determinar si las Fuerzas Armadas descontaron o calcularon sumas que debían llegar a la obra social. También deberá establecerse qué hizo el propio IOSFA para controlar, reclamar y eventualmente recuperar esos recursos.

La presentación que dio origen a la controversia sostiene que podrían existir fondos descontados o calculados que no habrían ingresado al sistema de salud militar. Como informó este medio, los denunciantes realizaron incluso una proyección multimillonaria del supuesto perjuicio. Esa cifra continúa siendo una estimación de quienes impulsaron el planteo y no un monto determinado por una auditoría, una pericia o una sentencia.

La diferencia ahora es institucional: existe un expediente formal y un requerimiento de información de la PIA. El documento fue incorporado al sistema oficial de Gestión Documental Electrónica el 18 de agosto.

Para la gestión de Javier Milei y de Carlos Presti, el expediente suma otro frente dentro de un IOSFA que lleva meses en el centro de cuestionamientos. La investigación deberá determinar si los aportes fueron efectivamente transferidos, si existieron incumplimientos por parte de alguna fuerza y, en caso de que el dinero no haya llegado, por qué la obra social militar reclamó —o dejó de reclamar— esos recursos.

La pregunta que había quedado abierta tras la primera investigación de REALPOLITIK ahora está oficialmente sobre el escritorio de la Procuraduría. Y ya no alcanza solamente al Ejército. (www.REALPOLITIK.com.ar)