Fernando Cerimedo y la ruta del oro: qué investiga la fiscalía de Bolivia
Por Martín Carrizo
El gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a adjudicar una contratación millonaria a Eva Lascano, una proveedora habitual de la dirección de Automotores Oficiales, que ya había recibido más de 57 millones mediante una contratación directa en la que fue la única firma seleccionada para presentar una oferta.
La nueva adjudicación asciende a alrededor de 132 millones y vuelve a colocar bajo la lupa la relación comercial entre el Estado bonaerense y la titular del taller D’Elio Competición, ubicado en La Plata.
Entre ambas operaciones, Lascano recibió adjudicaciones por más de 189 millones vinculadas al mantenimiento y reparación de automotores.

El nuevo contrato agrega además un dato hasta ahora no conocido públicamente: Lascano acumuló cheques rechazados por más de 13 millones de pesos. El antecedente adquiere relevancia pública por tratarse de una proveedora que viene recibiendo contrataciones millonarias de la administración bonaerense y que acaba de resultar nuevamente adjudicataria.
El antecedente inmediato se encuentra en el proceso 435-0277-CDI24, iniciado por la dirección de Automotores Oficiales de la secretaría General bonaerense, que conduce Agustina Vila, para realizar reparaciones integrales sobre ocho vehículos.
El pliego fue confeccionado en diciembre de 2024 y definió expresamente al procedimiento como una “contratación directa” para el servicio de reparación de vehículos incorporados a la dirección de Automotores Oficiales. El documento fue firmado por el director del área, Néstor Ariel Abelando. Pero la particularidad del expediente no reside solamente en la modalidad utilizada.

En la instancia denominada “selección de proveedores”, el organismo incorporó únicamente a Lascano Eva. No hubo otras firmas seleccionadas para cotizar. Consecuentemente, cuando se realizó la apertura de ofertas hubo también una sola propuesta: la presentada por Lascano, por exactamente 57.139.640.
La cifra coincidió finalmente con el monto contratado.
En otras palabras, el Estado provincial confeccionó un procedimiento de contratación directa para reparar ocho automóviles, seleccionó a un único proveedor para participar y terminó adjudicándole los trabajos al único oferente presentado.
Lo que el expediente vuelve relevante es la ausencia de competencia entre proveedores para determinar el precio de trabajos que demandaron más de 57 millones. Especialmente, teniendo en cuenta que Lascano cobró, en algunos casos, más de la mitad del valor fiscal de los vehículos.
El alcance de los trabajos tampoco era menor. Para un Honda Fit dominio AG887OH, por ejemplo, el Estado pidió cambiar las cuatro cubiertas, la cubierta y llanta de auxilio, el kit de distribución, la bomba de agua, todos los fluidos, filtros, batería, frenos delanteros y traseros, escobillas, antena y cubrealfombras. También se ordenó reparar la butaca del conductor y el techo, efectuar trabajos de chapa y pintura, limpiar tapizados y pulir las ópticas.

Para un Volkswagen Golf AG887OJ se requirió nuevamente reemplazar cinco cubiertas y una llanta, distribución, bomba de agua, fluidos, filtros, batería y antena, además de realizar limpieza, chapa y pintura sobre el techo y pulido de ópticas.
El patrón se repitió sobre buena parte de la flota.
Al Volkswagen Gol Trend AG887OY se le cambiaron, entre otros elementos, cinco neumáticos, distribución, bomba de agua, paragolpes delantero y espejo izquierdo, además de repararse la butaca y efectuarse trabajos de chapa y pintura.
La Fiat Fiorino AG887OP recibió cinco cubiertas, distribución, bomba de agua, batería, frenos, estéreo, farol trasero y trabajos sobre butacas, guardabarros, puerta, chapa y pintura.
En el caso del Citroën C4 Cactus AG887OO, además de neumáticos, distribución, bomba de agua, batería y frenos, se ordenó cambiar la tapa de combustible y la llave de arranque y reparar butacas y capot.
Todo quedó concentrado en el mismo proveedor. Según fuentes locales, no sería la primera vez que se repite un esquema similar. El caso adquiere mayor gravedad porque ocurre poco tiempo después de que este medio revelara el preocupante estado del depósito de vehículos oficiales, donde quedaron expuestas falencias de control, conservación y administración de bienes públicos.
La relación comercial de Lascano con la dirección de Automotores Oficiales se remonta por lo menos a 2022. Ese año, la secretaría General bonaerense aprobó una contratación directa para realizar una rectificación completa del motor de una Toyota 4x2 oficial y adjudicó el trabajo a Eva Lascano por 729.700.
En aquella oportunidad existe, sin embargo, una diferencia significativa respecto del procedimiento de 57 millones: la administración había obtenido más de un presupuesto antes de adjudicar.
La disposición oficial terminó autorizando el pago a Lascano y dejó expresamente asentado que la medida era adoptada “bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que promueve la gestión”.
Lascano también integra actualmente el universo de proveedores del convenio marco provincial para neumáticos, baterías y servicios de alineación y balanceo. En enero de 2026, el Organismo Provincial de Contrataciones aprobó una revisión de precios solicitada por ella dentro de ese convenio.
Pese a los cuestionamientos públicos que había generado la contratación anterior, Lascano acaba de resultar adjudicataria de un nuevo procedimiento provincial relacionado con servicios automotores, esta vez por aproximadamente 132 millones de pesos.
El nuevo desembolso lleva a más de 189 millones el monto acumulado únicamente entre las dos contrataciones examinadas en esta investigación.
La reiteración abre una serie de interrogantes administrativos. El primero es qué mecanismo utilizó el Estado para determinar que los precios ofrecidos resultaban convenientes. El segundo es por qué Automotores Oficiales mantiene una relación comercial recurrente con una misma proveedora para trabajos de magnitud económica creciente y con preocupantes antecedentes financieros y fiscales.
A esos antecedentes se suma la situación financiera registrada bajo el mismo CUIT con el que Lascano contrata con la provincia. Una consulta realizada para esta investigación arroja cheques rechazados asociados a Eva Lascano por una suma acumulada superior a 13 millones.
El dato resulta relevante al describir los antecedentes comerciales de una persona a la que el gobierno bonaerense adjudicó contratos de considerable magnitud y cuya relación con Automotores Oficiales se prolonga desde hace varios años.
Con la última adjudicación, el interrogante ya no pasa únicamente por lo ocurrido con los 57 millones desembolsados en 2025.
La pregunta es ahora por qué, después de una contratación directa en la que fue seleccionada como única proveedora y presentó la única oferta, el gobierno de Axel Kicillof volvió a confiar un negocio por otros 132 millones al mismo taller y bajo qué condiciones se determinó nuevamente la conveniencia de esa contratación. (www.REALPOLITIK.com.ar)