Un reciente documento titulado “La decadencia de la Armada Argentina”, publicado por el exjefe del Estado Mayor Conjunto, almirante retirado Jorge Enrico, generó una fuerte polémica en el ministerio de Defensa que conduce Carlos Presti y en la propia Armada Argentina. A tal punto llegó el impacto que el titular de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, convocó al militar retirado al edificio Libertad, sede del alto mando naval.

La información que trascendió sobre el documento no resulta novedosa para quienes siguen de cerca la realidad de la defensa nacional. Sin embargo, buena parte de los llamados “medios especializados” y expertos de turno ha preferido guardar silencio frente a un proceso de pérdida de capacidades que viene de décadas y que se profundizó de manera dramática tras la pérdida del submarino ARA San Juan en 2017, junto con sus 44 tripulantes.

Ese deterioro se potenció durante la gestión de Defensa en tiempos de Javier Milei, con decisiones de fuerte impacto sobre las ya limitadas capacidades de la Armada. Entre ellas aparecen la desactivación de la Base Naval Punta Indio para 2027, con su reconversión en una mera estación naval; la baja de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina; y la salida de servicio de los cazas Super Étendard, una decisión de enorme impacto estratégico.

A ello se suman las severas limitaciones de la Infantería de Marina, afectada por la escasez de personal —con batallones que en muchos casos sólo existen de nombre—, la falta de un buque de asalto anfibio, la virtual extinción del Comando de Transportes Navales, la ausencia de un buque polar propio y la falta de bases adecuadas al sur de Puerto Belgrano. Todo ello restringe la presencia argentina en la Antártida y en el Atlántico Sur.

Edificio Libertad.

Algunas puntualizaciones del “informe Enrico”

Uno de los puntos señalados es la salida del último avión S-2T Turbo Tracker de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina. Estas aeronaves, adquiridas en 1978 y operadas desde el portaaviones ARA 25 de Mayo, tuvieron un rol activo durante la guerra de Malvinas.

En 1989, a través de la empresa israelí Israel Aircraft Industries, se encaró la modernización de la escuadrilla, que incluyó nuevas plantas propulsoras, equipos electrónicos y otras mejoras. Estaba prevista la actualización de cinco aeronaves, pero por razones presupuestarias sólo se modernizaron cuatro, quedando una como reserva. El proceso se completó en 1996.

Los trabajos de conversión y modernización fueron realizados en el Arsenal Aeronaval Comandante Espora, con amplia experiencia en este tipo de desafíos técnicos. Sin embargo, los problemas presupuestarios y el acceso cada vez más limitado a repuestos afectaron la operatividad de las aeronaves, hasta reducir la escuadrilla a una sola unidad.

Cabe destacar que los Tracker todavía tienen una segunda vida en manos de operadores civiles como aviones de lucha contra incendios. Incluso meses antes de su baja, en 2024, la Armada evaluaba la posibilidad de realizar una recorrida de hélices y adquirir cubiertas para el tren de aterrizaje.

Gracias a intercambios con Brasil, Estados Unidos y Francia, los pilotos argentinos pudieron seguir calificando para despegar desde portaaviones. En 2004, los recortes presupuestarios limitaron los despliegues de los Tracker, que realizaron ejercitaciones en los portaaviones USS Ronald Reagan, en 2008 en el USS George Washington y en 2010 en el USS Carl Vinson.

La falta de inversiones impidió instalar nuevos equipos de contramedidas electrónicas para reemplazar los antiguos AN/ALD-2B, sumar un sistema FLIR, incorporar un receptor de alerta radar y avanzar en comunicaciones digitales. La tecnología nacional llegó a desarrollar software para el ordenador de navegación y un sistema argentino para el control de sonoboyas activas.

En 2006 existió la posibilidad de reemplazar los viejos Tracker por S-3 A Viking, pero la falta de recursos lo impidió. Ese mismo año, un trabajo del Boletín del Centro Naval señalaba que, con una inversión de 40 millones de dólares, los Tracker podrían haber seguido operativos hasta 2030. La realidad fue otra: la escuadrilla quedó casi sin actividad entre 2013 y 2016, y en 2021 el avión matrícula 2-AS-24 realizó su último vuelo.

Ante la demora en el arribo de los aviones de exploración P-3 Orión provenientes de Noruega, en 2023 trascendió que poner en condiciones operativas los tres S-2T remanentes costaría cerca de 2 millones de dólares.

Las cuestiones presupuestarias afectaron de lleno a ese sistema de armas de la Armada, que además nunca logró completar su equipamiento en materia de armamento antisubmarino. La consecuencia fue directa: pérdida de experiencia, menor formación de tripulaciones y ausencia de submarinos propios que faciliten el adiestramiento.

La baja de los Super Étendard, tema abordado en una nota específica de REALPOLITIK, también tiene un profundo impacto estratégico. La decisión deja interrogantes sobre sus fundamentos, dado que existen en el país capacidades técnicas y profesionales para avanzar en su puesta en servicio. Ni siquiera se habla de un reemplazo. Es, como mínimo, una muestra de miopía por parte de los máximos responsables de la defensa nacional.

Jorge Enrico.

La narrativa libertaria presentó la adquisición de cuatro P-3 Orión como uno de los hitos de la gestión. Sin embargo, el almirante Enrico señala con acierto sus limitaciones: no fueron adquiridos los sistemas de armas asociados y, por lo tanto, se trata de plataformas de exploración radar y visual de largo alcance, pero con valor militar restringido. Sin torpedos, misiles, sonoboyas, equipos y determinados sistemas operativos, su utilidad queda seriamente condicionada.

El número de aeronaves tampoco satisface los requerimientos mínimos para patrullar el amplio espacio marítimo argentino. En tiempo de paz, el país necesitaría una escuadrilla de al menos seis aviones, capaz de sostener operaciones durante más de diez días en un área de hasta 600 millas.

Los patrulleros de la clase Bouchard fueron objeto de una polémica que los medios especializados prefirieron no abordar en su momento. Fueron adquiridos a Francia mediante un crédito, pese a que en 2009 la Armada había comprado por 3 millones de dólares los planos para construir en el país cinco patrulleros OPV 80, diseñados por la firma alemana Fassmer.

Mientras en Argentina la orden de construcción nunca llegó, Colombia y Chile fabricaron buques de ese tipo en sus propios astilleros. En 2009, el ministerio de Defensa había anunciado una inversión inicial de unos 157 millones de dólares para construir los OPV 80 en Tandanor, aprovechando capacidades ociosas de los astilleros Almirante Storni.

Finalmente, en 2019, la Armada se inclinó por la oferta francesa. La decisión fue criticada por el reconocido ingeniero naval Raúl Podetti, quien, al analizar el mercado de buques de patrulla a pedido del gobierno nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, sostuvo que el modelo del astillero estatal francés era “muy básico, de baja velocidad, mínimo armamento y sin historial de éxito”, y que ninguna Armada del mundo lo había querido comprar, ni siquiera la francesa.

Ironías del destino: años después, un exalto oficial naval como Enrico puso en evidencia las falencias de aquella adquisición.

El país necesita un mínimo de seis buques de patrulla de altura u OPV para contar con dos fuerzas de patrullado, una con asiento en Mar del Plata y otra en el litoral patagónico, lo que permitiría sostener dos estaciones de patrulla en el Mar Argentino. La capacidad de fuego debería ser superior a la actual, con posibilidad de integrar equipos antisubmarinos y de guerra de minas de carácter modular.

En tiempos de guerra, los OPV pueden cumplir operaciones de baja intensidad, seguridad costera, interdicción marítima, escolta de convoyes, seguridad de líneas de comunicación marítima, lanzamiento de drones aéreos, de superficie o submarinos, búsqueda y rescate en combate, inserción de fuerzas especiales y recopilación de inteligencia mediante sensores específicos. También pueden operar como “sensor nodo”, funcionando como repetidores de radar y comunicaciones desplegados en primera línea. Nuestros medios actuales están lejos de esas capacidades.

En materia de helicópteros, la Armada requiere mucho más que cuatro AW109. También urge adoptar medidas ante las limitaciones de las distintas versiones de los conocidos Sea King. Lo ideal sería disponer de más de una decena de helicópteros, especialmente para compensar déficits en lucha antisubmarina y transporte general, capacidades de alto valor en la Campaña Antártica.

En cuanto a los AW109, se necesitarían al menos ocho unidades con capacidades de control, enlace, transporte liviano, exploración, escolta y ataque sólo para los medios de la Flota. Completar las capacidades de la fuerza de desembarco de la Infantería de Marina exigiría otras ocho aeronaves.

En ese contexto, el Plan Dédalo, presentado como una suerte de modernización, no parece otra cosa que una maniobra de repliegue por razones presupuestarias, sin medir su impacto sobre la defensa nacional en su conjunto.

Javier Milei y Carlos Presti.

El lejano sur, la cuenta pendiente de la Armada

La Armada de los tiempos libertarios recuerda, en algunos aspectos, a la situación de las fuerzas navales en tiempos de la “escuadra de Sarmiento”: limitada a pocas bases y con capacidades restringidas de proyección. En aquel momento, la prioridad era la defensa del puerto de Buenos Aires y la boca del Río de la Plata. En 2026, la Marina concentrará sus escasos medios disponibles en Puerto Belgrano y mantendrá una presencia mínima en Buenos Aires, Zárate, Mar del Plata y la base aeronaval de Trelew.

En los hechos, se trata de una fuerza con capacidades militares extremadamente reducidas, más apta para tiempos de paz que para afrontar un conflicto.

Las polémicas declaraciones sobre el Estrecho de Magallanes por parte del brigadier general Gustavo Valverde, titular de la Fuerza Aérea, y del almirante Carlos Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval, quien señaló que la boca del estrecho es argentina, provocaron una protesta diplomática de Chile. Los comentarios, poco felices, se refieren a un espacio de altísimo valor estratégico.

Allí se cruzan el control de las líneas de comunicación marítima, los recursos marinos, la minería oceánica y el valor creciente de la Antártida. El conflicto antártico permanece congelado por el tratado homónimo, pero en un mundo donde el orden internacional liberal es abiertamente cuestionado y vuelve a imponerse el realismo en las relaciones internacionales, crecen las dudas sobre la continuidad del régimen antártico, especialmente respecto de las cláusulas que prohíben la explotación minera en el continente blanco, cuya revisión aparece en el horizonte de 2048.

El inicio de la explotación petrolera en aguas de Malvinas y la ampliación de la infraestructura portuaria de Puerto Argentino abren un nuevo capítulo que demanda acciones concretas en el extremo sur. No se trata sólo de maniobras geoestratégicas, sino de una mayor presencia efectiva del Estado. Y eso involucra, necesariamente, a la Armada.

En 1878, el comodoro Luis Py, pese a los escasos medios de los que disponía la Armada de entonces, desplegó sus unidades para materializar la presencia argentina en la actual provincia de Santa Cruz. Aquellos hombres, con recursos materiales y presupuestarios limitados, cumplieron con valor e ingenio la misión de representar el interés nacional y hacer acto de presencia.

Quienes eran responsables de la defensa nacional en aquel tiempo conocían las limitaciones, pero hicieron un uso inteligente y racional de los recursos existentes. Así sentaron las bases de la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Sería oportuno que esa experiencia fuera tenida en cuenta por el actual liderazgo político. Las restricciones presupuestarias no impiden al Estado adoptar acciones de presencia en áreas de valor geopolítico. Lo que sí impiden son la improvisación, el repliegue permanente y la falta de una visión estratégica para la defensa nacional. (www.REALPOLITIK.com.ar)