El conflicto salarial en dos de los organismos más sensibles de la provincia de Buenos Aires entró finalmente en una etapa de medidas de fuerza. Luego de rechazar la propuesta presentada por el ministerio de Economía, los trabajadores de la Contaduría General y la Tesorería General iniciaron este martes un esquema progresivo de retención de tareas que podría desembocar en un paro total el próximo lunes.

La decisión fue comunicada durante una asamblea convocada por la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) en el hall central de la Contaduría. Allí, el secretario general del gremio, Pedro Fernández, informó el resultado de sus conversaciones con funcionarios de la cartera que conduce Pablo López y aseguró que el diálogo quedó completamente roto.

Según la información transmitida a los empleados, la única propuesta del gobierno de Axel Kicillof consistió en otorgar un incremento del 8,5 por ciento sobre determinadas bonificaciones sectoriales, pagadero en cuotas hasta diciembre. La oferta fue rechazada por considerarla insuficiente y porque, de acuerdo con los trabajadores, vuelve a dejar fuera de la discusión la deuda originada por el pase obligatorio de una jornada de 30 a otra de 40 horas semanales.

Retenciones progresivas y posible paro total

El plan de lucha comenzó este martes 8 de septiembre con una retención de tareas de dos horas, entre las 10.00 y las 12.00. Continuará el miércoles con tres horas de protesta, de 10.00 a 13.00, y el jueves con cuatro horas, entre las 10.00 y las 14.00.

Para el viernes 11 está prevista una nueva asamblea general, nuevamente en el hall de la Contaduría, en un horario todavía por definir. Si el gobierno bonaerense no presenta una oferta superadora, los trabajadores evaluarán convocar a un paro total para el lunes 14 de septiembre.

Las medidas fueron dispuestas por APOC y alcanzan a dependencias que cumplen un papel central en el control, la autorización y la ejecución de los pagos provinciales. La profundización del conflicto podría afectar progresivamente el funcionamiento administrativo de la Contaduría y la Tesorería, aunque por el momento se trata de retenciones parciales y escalonadas.

El reclamo se remonta a 2023, cuando la gestión de Kicillof amplió de 30 a 40 horas semanales la jornada del personal comprendido en el decreto 1531/23. Los empleados sostienen que ese aumento del 33,3 por ciento en la carga laboral solamente fue reconocido sobre una pequeña porción del salario básico, sin trasladarse proporcionalmente al ingreso de bolsillo.

La situación adquiere mayor relevancia porque el básico representa, según explicaron los trabajadores, cerca del 10 por ciento de la remuneración total. El resto se encuentra integrado por bonificaciones sectoriales y otros conceptos, algunos de ellos no remunerativos. Por eso, aunque formalmente se incrementó el básico en proporción a las nuevas horas, el aumento efectivo quedó muy por debajo del tiempo adicional trabajado.

Desde entonces, los empleados reclaman que la recomposición alcance al conjunto de los componentes salariales. Durante estos casi tres años obtuvieron una mejora adicional del 5 por ciento, pero aseguran que todavía resta reconocer alrededor de 28 puntos para compensar correctamente la extensión de la jornada.

“En términos salariales, actualmente se nos pagan seis horas y dieciocho minutos, aunque trabajamos ocho”, sintetizó una fuente vinculada al reclamo.

La propuesta del 8,5 por ciento tampoco incluyó, según se informó durante la asamblea, una respuesta sobre la bonificación del 125 por ciento del básico que perciben otros sectores provinciales sometidos a una carga horaria similar. El reclamo comprende tanto la incorporación de ese beneficio como su traslado al salario básico.

Malestar salarial y una advertencia sobre el aguinaldo

El clima dentro de ambos organismos se encuentra atravesado por el deterioro de los ingresos y la falta de respuestas oficiales. Según los testimonios recogidos por REALPOLITIK, empleados con más de veinte años de antigüedad y jornadas de ocho horas perciben salarios cercanos a 1,3 millones de pesos mensuales.

Durante la asamblea también surgió una afirmación particularmente delicada. De acuerdo con asistentes al encuentro, Fernández habría señalado que funcionarios de Economía pusieron en duda la disponibilidad de recursos para afrontar el pago del próximo aguinaldo de los estatales bonaerenses. “La respuesta es que no hay plata”, fue la explicación transmitida a los trabajadores.

La advertencia no fue comunicada oficialmente por el gobierno provincial y, hasta el momento, permanece como una versión atribuida a la devolución realizada por el dirigente sindical. Sin embargo, su sola circulación dentro de los organismos encargados de administrar y controlar los fondos públicos profundizó la preocupación entre los empleados.

El conflicto expone directamente al ministro de Economía, Pablo López, responsable de la negociación; al ministro de Trabajo, Walter Correa; y al propio gobernador Axel Kicillof. También alcanza al contador General Carlos Baleztena y al tesorero General David Jacoby, máximas autoridades de las dependencias donde comenzaron las retenciones.

Como reveló REALPOLITIK, el reclamo ya llegó a la Justicia mediante el expediente 92.731, “Legarreta Iris del Carmen c/ Contaduría General de la provincia s/ pretensión anulatoria – empleo público”. En esa causa, el propio Pedro Fernández declaró bajo juramento que el incremento acordado por el pase a las 40 horas “no se aplicó en su totalidad o como hubiere correspondido”.

Un día después de que este medio anticipara la posibilidad de medidas de fuerza, el conflicto efectivamente escaló. La administración bonaerense, que suele reivindicar la defensa de los trabajadores frente al ajuste del gobierno de Javier Milei, enfrenta ahora retenciones en las oficinas encargadas de controlar sus propias cuentas. Si no aparece una propuesta superadora antes del viernes, la semana podría cerrar con la convocatoria al primer paro total en la Contaduría y la Tesorería. (www.REALPOLITIK.com.ar)