El ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, conducido por Andrés Larroque, lanzó una licitación pública para contratar durante seis meses un servicio integral de administración, almacenaje y logística de mercadería por un presupuesto oficial de 1.878.600.000 pesos. Pero la misma dejó más dudas que certezas entre los empresarios del rubro.

La contratación contempla dos centros logísticos en el segundo cordón del conurbano bonaerense. El primero deberá ubicarse en proximidades de la autopista Ezeiza-Cañuelas y contar con un mínimo de 6.000 metros cuadrados cubiertos. El segundo deberá encontrarse cerca de la ruta nacional 7, Acceso Oeste, y disponer de al menos 8.500 metros cuadrados. En total, el Estado requiere 14.500 metros cuadrados de superficie exclusiva para la operación.

El servicio no se limita al uso de los depósitos. Los pliegos incluyen carga y despacho de mercadería, manejo de inventarios, personal, vigilancia durante las 24 horas, seguros, limpieza, desinfección, infraestructura de almacenamiento y equipamiento operativo.

El pliego de condiciones particulares establece además un volumen estimado de 10.100 pallets mensuales, distribuidos en 4.500 pallets para la Zona I y 5.600 para la Zona II. Durante los seis meses de vigencia previstos, la contratación alcanza así los 60.600 pallets.

Al dividir el presupuesto oficial por esa cantidad, surge un valor exacto de 31.000 pesos por pallet.

La cifra, por sí sola, no permite afirmar que exista un sobreprecio. La contratación incorpora múltiples prestaciones adicionales al alquiler del inmueble. Sin embargo, un análisis detallado de los pliegos públicos deja abiertos interrogantes sobre la forma en que el ministerio llegó al presupuesto oficial y, particularmente, sobre la estructura económica utilizada para justificarlo.

Dudas entre los empresarios del rubro

Uno de los puntos más llamativos aparece en la matriz de costos prevista para las futuras redeterminaciones de precios. “Nadie parece saber cómo el equipo de Larroque llegó a ese número y, cuando uno lee los pliegos, la confusión es aún mayor. Pareciera hecho a medida de alguien”, aseguró uno de los principales jugadores del mundo de los galpones industriales en la provincia de Buenos Aires.

Según el propio pliego, el 44 por ciento del costo corresponde a mano de obra y cargas sociales, el 37 por ciento a maquinaria y equipos, el 13 por ciento a combustibles y lubricantes y el 6 por ciento restante a gastos generales.

Aplicados al presupuesto oficial de 1.878,6 millones, esos porcentajes representan aproximadamente 826 millones de pesos en mano de obra, 695 millones en maquinaria y equipos, 244 millones en combustibles y lubricantes y 113 millones en gastos generales.

El problema es que los documentos publicados no permiten reconstruir de manera clara cómo fueron obtenidos esos montos y no son pocas las empresas del rubro que alzaron la voz.

Por ejemplo, el pliego establece que la empresa adjudicataria deberá mantener, contratar, formar y gestionar al personal necesario para la operación logística, pero no fija una dotación mínima de trabajadores, ni determina cuántos operarios, supervisores, encargados o administrativos deberán prestar tareas en cada depósito.

De esta manera, aunque casi la mitad del costo oficial se atribuye a mano de obra y cargas sociales, no existe en los documentos públicos una plantilla de personal que permita verificar cuántos trabajadores fueron contemplados para llegar a una incidencia del 44 por ciento.

Una situación similar aparece en relación con la maquinaria y los equipos.

El ministerio les asigna el 37 del costo estimado, equivalente a casi 700 millones de pesos. Sin embargo, empresarios del rubro aseguraron que “las especificaciones técnicas sólo establecen como mínimo la disponibilidad de dos autoelevadores eléctricos de 2,5 toneladas y una apiladora eléctrica de diez metros de altura, además de cámaras, infraestructura y mobiliario de almacenamiento”, por lo que el número está muy por encima del estipulado en el mercado. El pliego no incluye un inventario detallado de equipos ni una valorización individual que permita entender cómo ese rubro llega a representar más de un tercio del costo total.

Quizás la contradicción más visible aparece en el componente destinado a combustibles y lubricantes. “El ministerio les asigna una incidencia del 13 por ciento sobre el precio total, lo que equivale a aproximadamente 244 millones. Pero los equipos de movimiento interno que el pliego exige expresamente son eléctricos. ¿Para quién está hecho este pliego?”, se preguntaron.

Si bien la documentación establece que el adjudicatario deberá realizar el monitoreo de la mercadería incluso hasta su llegada a destino, no surge claramente de los documentos publicados que deba aportar una flota de camiones para realizar la distribución provincial.

La pregunta, entonces, queda abierta: ¿qué componente concreto de la operación llevó al ministerio de Larroque a estimar que los combustibles y lubricantes representarían el 13 por ciento del costo total del servicio?

Otra particularidad aparece en relación con los inmuebles.

Los oferentes deberán disponer de al menos 14.500 metros cuadrados de depósitos de uso exclusivo para la operación y acreditar título de propiedad, contrato de alquiler, comodato u otro instrumento que permita utilizar los inmuebles durante toda la vigencia del servicio.

Sin embargo, dentro de la estructura oficial de costos no aparece identificado un componente específico correspondiente al alquiler o uso de esos inmuebles. “El gasto inmobiliario podría encontrarse absorbido dentro del 6 por ciento asignado a gastos generales o dentro de alguna otra categoría, pero el pliego no lo explica y, si fuera así, no estaría siquiera acercándose a los valores actuales de mercado”, aseguraron especialistas en la materia. “Todo lo que hizo Larroque respecto a este pliego está mal o fue intencionalmente direccionado”.

Así, uno de los principales recursos necesarios para prestar el servicio, dos depósitos que suman 14.500 metros cuadrados, no aparece individualizado dentro de la matriz económica utilizada para redeterminar el contrato.

La contratación tampoco necesariamente quedará limitada a los 1.878,6 millones presupuestados inicialmente. El artículo 33 del pliego de condiciones particulares establece que el servicio podrá incrementarse hasta un 50 por ciento en caso de resultar necesario y contempla además una prórroga por igual período de tiempo.

A ello se suma la posibilidad de redeterminar los precios cuando la variación ponderada de los principales factores de costo supere el 5 por ciento respecto del contrato o de la última redeterminación aprobada.

En consecuencia, el presupuesto inicial constituye solamente el punto de partida de una contratación cuyo costo final podría resultar sensiblemente mayor, en una provincia en quiebra.

Antecedentes en duda

El nuevo llamado aparece, además, poco más de dos meses después de otra contratación vinculada al mismo rubro que generó cuestionamientos públicos. En junio, REALPOLITIK reveló que el ministerio de Desarrollo de la Comunidad había adjudicado a Servi Galo SRL el alquiler de un depósito durante seis meses por 364,8 millones de pesos, un valor equivalente a unos 2 millones diarios. La investigación puso el foco tanto en el monto abonado como en determinadas condiciones geográficas incluidas en aquella contratación y en los antecedentes de la firma adjudicataria.

Sin embargo, el antecedente vuelve relevante una discusión más amplia sobre la política logística del ministerio: cuánto paga por estos servicios, cómo determina las capacidades necesarias y, especialmente, qué metodología utiliza para construir sus presupuestos oficiales. (www.REALPOLITIK.com.ar)