La crisis habitacional de Lobos llegó formalmente a la Justicia. Dos vecinas promovieron una acción de amparo contra la municipalidad conducida por Jorge Etcheverry para acceder a la documentación sobre los fondos públicos destinados a viviendas sociales, las obras inconclusas y el demorado Plan Barrio Amarillo.

La causa, caratulada “Arias, Stella Maris y otro/a contra municipalidad de Lobos sobre amparo”, tramita bajo el expediente LP 60739/2026 ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro. 2 de La Plata. Según informaron las patrocinantes a REALPOLITIK, la acción fue declarada admisible y el municipio ya fue notificado para responder.

El expediente judicial nació después de que Cintia Patricia Ruiz y Stella Maris Arias solicitaran información al Ejecutivo municipal el 22 de mayo de 2026. Ante la falta de respuesta, presentaron un pronto despacho el 23 de julio. La demanda sostiene que la administración de Etcheverry no entregó la documentación ni explicó los motivos de su silencio.

Once años de anuncios y viviendas inconclusas

El reclamo busca determinar cuánto dinero recibió Lobos desde 2016 a través de la provincia de Buenos Aires y del Instituto de la Vivienda, actualmente en manos de Diego Menéndez, qué empresas fueron contratadas, cuánto se pagó, qué trabajos fueron certificados y cuál fue el destino de los fondos que no se ejecutaron.

La investigación de REALPOLITIK ya había revelado que se adjudicaron más de 1.401 millones de pesos para viviendas que continuaban sin terminar. Ahora, la presentación judicial apunta directamente a las licitaciones, convenios, órdenes de pago, rendiciones y movimientos presupuestarios que el municipio todavía no hizo públicos.

El conflicto atraviesa administraciones provinciales de distinto signo. El Barrio Amarillo comenzó a promocionarse durante el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y siguió acumulando convenios, anuncios y financiamiento durante la gestión de Axel Kicillof. En Lobos, mientras tanto, Etcheverry permanece al frente del municipio desde 2015. Cambiaron los gobiernos provinciales, aumentaron los presupuestos y se multiplicaron las promesas, pero las familias siguieron esperando.

La demanda también expone una contradicción política: la obligación de entregar la información surge de la ordenanza municipal 2897/18, impulsada durante la propia gestión de Etcheverry. Esa norma establece que el silencio del Estado frente a un pedido de acceso a la información pública debe considerarse una denegatoria injustificada.

El pedido para preservar los documentos

Las demandantes solicitaron que la Justicia ordene preservar expedientes, cuentas bancarias, registros contables, contratos, licitaciones, certificados de obra y archivos digitales relacionados con los planes habitacionales. El objetivo es impedir que la documentación pueda ser destruida, modificada, retirada u ocultada mientras avanza el proceso.

También reclamaron que se impongan multas diarias si el municipio incumple una eventual sentencia y que se remitan antecedentes al Ministerio Público Fiscal en caso de comprobarse una resistencia deliberada. La presentación menciona la posible aplicación de los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal, vinculados con desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque aclara que no formula una imputación penal anticipada.

La acción judicial no exige, por ahora, que se construyan inmediatamente las viviendas. Busca algo previo y elemental: que el gobierno municipal revele qué hizo con los recursos públicos destinados a resolver la emergencia habitacional. Las abogadas que acompañan a las vecinas anticiparon, además, que trabajan en una presentación penal.

Después de once años sin una solución definitiva, la discusión dejó de limitarse a los anuncios oficiales. El municipio de Etcheverry deberá explicar ante la Justicia cuánto dinero recibió, a quién se lo pagó y por qué las viviendas sociales de Lobos siguen sin terminar. (www.REALPOLITIK.com.ar)