En abril de 2017, el gobierno bonaerense anunció el otorgamiento de 22.861.383 pesos a la municipalidad de Lobos para construir treinta viviendas sociales. Durante la presentación, el secretario de Gobierno municipal, Pablo Hasper, aseguró que el objetivo de la gestión era alcanzar un ritmo de “cien viviendas por año”.

Nueve años después, las treinta unidades del denominado Barrio Amarillo continúan sin terminar. Fotografías incorporadas el 22 de mayo de 2026 al expediente administrativo municipal 30.887/26 muestran estructuras de hormigón y mampostería inconclusas, sin aberturas, instalaciones ni condiciones mínimas de habitabilidad.

En el medio hubo convenios con el Instituto de la Vivienda bonaerense (IVBA), ampliaciones presupuestarias, modificaciones de obra, licitaciones desiertas, renegociaciones expresadas en unidades de vivienda y una adjudicación realizada en febrero de 2025 por 1.401.960.260 pesos. Sin embargo, hasta el momento no se conoce públicamente cuánto dinero fue efectivamente transferido, qué certificados se pagaron, cuál es el avance físico reconocido ni qué ocurrió con los recursos asignados durante las distintas etapas.

De la promesa de cien casas por año al abandono

El primer convenio fue firmado el 4 de abril de 2017 entre la municipalidad de Lobos, encabezada por Jorge Etcheverry, y el Instituto de la Vivienda bonaerense, entonces conducido por Evert Van Tooren. La provincia se comprometió a financiar las treinta unidades por 22.861.383 pesos, mientras el municipio quedó a cargo de ejecutar la obra, aportar los terrenos y realizar la infraestructura necesaria.

El 21 de septiembre de ese año, el intendente Etcheverry firmó el decreto 690/17, mediante el cual convocó a la licitación pública 7/17. El acto administrativo dejó asentado que existían fondos disponibles para afrontar la construcción.

Después de una preadjudicación realizada en diciembre, el decreto 249/18 otorgó la obra a Consinarq Constructora del Sur SA por 21.700.000 pesos. En marzo de 2018, el municipio presentó públicamente el proyecto y anunció que los trabajos comenzarían en abril. Las casas tendrían 56 metros cuadrados y serían construidas sobre lotes de aproximadamente 300 metros.

La obra empezó, pero no terminó.

El caso atravesó desde entonces casi toda la administración de Etcheverry, quien gobierna Lobos desde diciembre de 2015. La continuidad del mismo intendente impide atribuir el fracaso a una ruptura institucional, un cambio de signo político o una gestión municipal anterior: los convenios, las licitaciones y las sucesivas renegociaciones se desarrollaron bajo la misma conducción local.

Un decreto con 500 mil pesos de diferencia

Uno de los primeros interrogantes aparece en el decreto 343/18, firmado el 8 de mayo de 2018. El documento aprobó modificaciones y trabajos adicionales que, según el municipio, habían sido solicitados por el Instituto de la Vivienda.

El problema está en el propio texto del acto administrativo. Mientras el monto escrito en letras es de “un millón ciento sesenta y un mil trescientos ochenta y tres pesos”, la cifra consignada en números asciende a 1.661.383 pesos. Existe, por lo tanto, una diferencia interna de 500 mil pesos.

La cifra expresada en letras, sumada a los 21.700.000 pesos de la adjudicación original, coincide exactamente con los 22.861.383 pesos anunciados por la provincia en 2017. Esa coincidencia permite suponer que el importe de 1.161.383 pesos podría haber sido el correcto, pero no resuelve qué suma fue registrada, certificada o pagada.

El 11 de octubre de 2018, mediante el decreto 721/18, el municipio aprobó además una adecuación financiera por otros 8.720.291,13 pesos. Pese a ello, la construcción volvió a quedar paralizada.

La contradicción de 500 mil pesos obliga a que el municipio exhiba los registros contables, las órdenes de pago, los certificados y las transferencias relacionadas con aquella modificación.

De treinta viviendas a veintiuna y nuevamente a treinta

En octubre de 2019, una nueva documentación municipal autorizó la firma de un acuerdo financiero con el Instituto de la Vivienda para la “terminación de veintiuna viviendas”, correspondientes al programa Solidaridad Bonaerense II.

El cambio de treinta a veintiuna unidades nunca fue explicado públicamente con suficiente detalle. La expresión podría responder al avance físico alcanzado en las nueve casas restantes, a una división por etapas o a una reformulación técnica. Sin acceso al balance de obra, no es posible establecer cuál de esas alternativas fue la utilizada.

En 2023, el municipio y el Instituto renegociaron nuevamente el financiamiento. El acuerdo dejó sin efecto el esquema de 2019 y fijó un aporte provincial de 210.308.326,32 pesos, equivalente a 1.302.299,38 unidades de vivienda —UVI— según el valor vigente al 30 de noviembre de 2022.

El convenio contempló un anticipo financiero de hasta el 25 por ciento y estableció que el resto sería desembolsado contra certificados. También indicó que del nuevo financiamiento debía descontarse el balance físico y financiero correspondiente a los trabajos ejecutados anteriormente.

Ese punto resulta central: los importes nominales de 2017, 2018, 2023 y 2025 no pueden sumarse automáticamente como si se tratara de transferencias independientes. Para determinar cuánto dinero recibió efectivamente Lobos es necesario conocer los anticipos abonados, los certificados reconocidos, las redeterminaciones y los saldos descontados en cada renegociación.

En agosto de 2023, el decreto 1176/23 volvió a convocar una licitación para la “terminación de veintiuna viviendas”, identificada como la primera etapa de un total de treinta. El procedimiento fue declarado desierto.

El municipio realizó un segundo llamado, pero el decreto 1411/23, firmado en noviembre, volvió a declarar desierta la licitación porque no se habían presentado oferentes.

En agosto de 2024, la administración Etcheverry cambió nuevamente el alcance y convocó a la licitación pública 5/24 para la “terminación de treinta viviendas”. El proceso tampoco prosperó: el decreto 113/25, del 8 de enero de 2025, anuló el llamado porque las ofertas superaban el presupuesto oficial y abrió una nueva licitación.

Un único oferente y una adjudicación por 1.401 millones

En febrero de 2025, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 3208, mediante la cual autorizó al Ejecutivo a adjudicar la obra al único oferente que habría superado la evaluación técnica: DAC Diseño y Construcciones SRL.

Dos días después, Etcheverry firmó el decreto 287/25. El documento adjudicó la terminación de las treinta viviendas por 1.401.960.260 pesos, equivalentes a 1.332.408,53 UVI según el valor de 1.052,20 pesos vigente al 19 de enero de 2025.

El decreto ordenó adjudicar y pagar la obra a la empresa. Esa redacción, sin embargo, no demuestra que la totalidad del monto haya sido efectivamente transferida. Para establecerlo se necesitan el contrato definitivo, el acta de inicio, el anticipo financiero, los certificados de avance, las órdenes de pago y los movimientos bancarios correspondientes.

Más de un año después de aquella adjudicación, las fotografías incorporadas al expediente administrativo muestran que las viviendas continúan sin terminar. Tampoco se conoce una fecha oficial de entrega ni una explicación pública de DAC, del municipio o del Instituto sobre el estado actual del contrato.

La documentación disponible no permite calificar a Consinarq ni a DAC como “empresas fantasma”. Ambas aparecen formalmente identificadas en registros y contrataciones. El interrogante relevante es otro: qué trabajos realizó cada una, cuánto cobró, qué avance certificaron los funcionarios responsables y qué garantías fueron ejecutadas frente a las paralizaciones.

El reclamo que llegó al Concejo Deliberante

El 22 de mayo de 2026, vecinas de Lobos, patrocinadas por las abogadas Mariana Cosso y Leticia Lardiès, iniciaron el expediente administrativo 30.887/26 ante el Ejecutivo. La presentación reclamó información sobre la política habitacional local, la situación del Barrio Amarillo, los fondos recibidos y los registros de familias que esperan una vivienda.

El 5 de junio, alrededor de sesenta vecinos adhirieron a la actuación. Según las letradas, algunas de esas personas habrían formado parte de registros municipales anteriores, por lo que solicitaron identificar los padrones existentes, los criterios de adjudicación y la situación actual de cada solicitud.

Ante la falta de respuesta, el 23 de julio presentaron un pronto despacho y anticiparon que podrían acudir a la Justicia para obtener la información pública requerida.

El Concejo Deliberante también abrió el expediente 84/26. El 14 de julio aprobó la comunicación 1652/26, mediante la cual solicitó al Instituto de la Vivienda el expediente técnico y financiero completo de la obra desde 2016, incluyendo convenios, transferencias, certificados, inspecciones y antecedentes de las empresas contratadas.

Sin embargo, frente al Ejecutivo municipal, el pedido del Concejo se limitó principalmente a consultar sobre la situación de una acción de amparo mencionada durante el tratamiento legislativo. No aparece en la comunicación una intimación equivalente para que Etcheverry entregue toda la documentación contable y contractual que se encuentra bajo custodia del municipio.

La comunicación también fue remitida al Tribunal de Cuentas bonaerense. El 21 de julio, la delegación Mercedes del organismo respondió que el Concejo debía solicitar las explicaciones y la documentación directamente al Ejecutivo.

Así, el circuito institucional volvió al punto de partida: los vecinos pidieron información al municipio; el Concejo consultó a la provincia y al Tribunal de Cuentas; y el Tribunal señaló que las respuestas debían ser requeridas al propio municipio.

Otro capítulo en la crisis de controles del Instituto

El caso de Lobos se incorpora a una secuencia de conflictos habitacionales que involucran a la gestión de Axel Kicillof y que REALPOLITIK viene documentando en distintos municipios de la provincia.

En julio, este medio reveló que el Instituto de la Vivienda no había respaldado de manera individualizada créditos por más de 8.317 millones de pesos en su rendición de cuentas de 2024. Pese a la magnitud del saldo observado, tres funcionarios recibieron solamente llamados de atención.

En Las Flores, un sorteo público para preadjudicar 110 viviendas terminó bajo cuestionamiento después de que no se incorporara la bolilla cero en el casillero correspondiente a las centenas. La omisión dejó a 139 familias sin posibilidades matemáticas de resultar sorteadas, pese a que el procedimiento contó con la presencia del Instituto de la Vivienda, la Escribanía General de Gobierno y la ministra Silvina Batakis.

En Dolores, dos presentaciones —una administrativa y otra penal— pidieron investigar presuntas irregularidades en la adjudicación y ocupación de viviendas sociales. En Chivilcoy, documentos oficiales demostraron que el Instituto conocía desde 2025 las denuncias por fallas graves en las viviendas de San Ceferino III, sin que hasta ahora se haya conocido una solución integral.

Estos antecedentes muestran fallas diferentes dentro de un mismo sistema: créditos sin respaldo individualizado, sorteos que no garantizaron igualdad de oportunidades, controles cuestionados sobre adjudicatarios, viviendas entregadas con deficiencias y obras que atraviesan años de convenios y licitaciones sin cumplir su finalidad social.

En Lobos, la responsabilidad atraviesa tanto a la administración municipal de Jorge Etcheverry como al Instituto de la Vivienda, encabezado por Diego Menéndez y Hernán Ralinqueo; al ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, conducido por Silvina Batakis; y, en última instancia, al gobierno de Kicillof.

En 2017, la gestión Etcheverry hablaba de construir cien viviendas por año. En 2026 todavía no pudo terminar aquellas treinta. Los expedientes, los decretos y las fotografías ya documentan el fracaso. Lo que sigue sin aparecer es una rendición completa del dinero y una fecha cierta para que las viviendas dejen de ser estructuras abandonadas y cumplan, finalmente, la función social para la cual fueron financiadas. (www.REALPOLITIK.com.ar)