La crisis que atraviesa el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA) sumó un antecedente hasta ahora desconocido sobre una de sus máximas autoridades. María Julia Cordero, actual vicerrectora del organismo encargado de formar a los integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fue incluida años atrás en la denuncia penal que investigó los cuestionados convenios entre esa fuerza y el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT).

El dato surge del expediente revelado por REALPOLITIK sobre contrataciones por más de 83 millones de pesos, presuntos “ñoquis”, pagos anticipados, contrataciones por fuera de los procedimientos habituales y obras bajo sospecha. En aquella presentación, realizada por el entonces director de Sumarios de la PSA, Francisco Santiago Capozzolo, Cordero aparece identificada como directora de Gestión Institucional de la fuerza durante el período 2013-2015.

No se trata solamente de una coincidencia de nombres. La trayectoria pública de la actual vicerrectora confirma que trabajó en la PSA y ocupó precisamente esa dirección antes de pasar por diferentes organismos vinculados con la actividad aeronáutica. Años después, durante el gobierno de Javier Milei, quedó al frente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y finalmente regresó a una posición estratégica dentro de la estructura aeroportuaria.

La denuncia penal por los convenios con CEDyAT fue presentada contra quienes resultaran responsables y pidió investigar especialmente la intervención de un grupo de funcionarios que prestaron servicios en la PSA durante 2010 y entre 2013 y 2015. Entre ellos aparecen Germán Montenegro, Mariana Casares, Nicolás Dapena, María Julia Cordero, Sandra Lebrero, Walter Santiago, Germán Gallego, Ignacio Paganini, Luis Alberto Farías, Gustavo Javier Gómez y Ximena Rojo.

La presentación mencionó posibles delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y asociación ilícita. La inclusión de Cordero en aquella denuncia no implica una condena ni permite atribuirle automáticamente responsabilidad penal, pero confirma que su actuación como directora de Gestión Institucional quedó comprendida dentro del período y el conjunto de decisiones que se pidió investigar.

La denuncia penal identifica a María Julia Cordero como directora de Gestión Institucional de la PSA durante el período 2013-2015.

Del expediente CEDyAT a la conducción de la ANAC

La investigación se originó en una denuncia anónima recibida en enero de 2016. Allí se describía un supuesto sistema de contrataciones mediante CEDyAT que habría permitido incorporar personas que no cumplían tareas, no concurrían a trabajar y entregaban parte de sus ingresos a superiores.

A partir de esa presentación, la dirección de Sumarios analizó los convenios firmados por la PSA. Entre abril y noviembre de 2013 fueron suscriptos diecisiete acuerdos específicos por un total de 83.796.489 pesos para asistencia técnica, infraestructura, recursos humanos, tecnología y modernización institucional.

La auditoría interna cuestionó que esos convenios hubieran permitido evitar los procedimientos ordinarios de contratación pública. También advirtió sobre pagos anticipados, ausencia de presupuestos oficiales, falta de comparaciones de precios y trabajos cuya ejecución no habría podido comprobarse completamente.

Uno de los puntos más graves fue el predio La Valentina, en Ezeiza. Según la denuncia, allí se habrían pagado aproximadamente 3.860 dólares por metro cuadrado mediante convenios destinados al acondicionamiento y remodelación de las instalaciones de la fuerza.

Pese a ese antecedente, la carrera pública de Cordero continuó. Trabajó en organismos y empresas vinculados con el sector aerocomercial y en julio de 2024 fue elegida por el gobierno de Javier Milei para intervenir la ANAC.

El 9 de enero de 2025, mediante el decreto 14/2025, el presidente la designó administradora nacional del organismo. El gobierno sostuvo entonces que su intervención había logrado reorganizar, ordenar y desburocratizar la autoridad aeronáutica.

Su paso por la ANAC, sin embargo, terminó atravesado por otro expediente judicial.

La página oficial del ISSA confirma que Cordero ocupa la vicerrectoría y Rodríguez Diez conduce la Coordinación y Capacitación Policial.

La denuncia contra Flybondi y la ANAC

El 31 de marzo de 2025, el fiscal federal Carlos Rívolo presentó una denuncia penal contra directivos de Flybondi y funcionarios de la ANAC por el presunto uso de instalaciones de mantenimiento que habían sido suspendidas por la propia autoridad aeronáutica.

La presentación señaló que el taller de Flybondi ubicado en el aeropuerto internacional de Ezeiza había sido suspendido el 4 de octubre de 2024 luego de detectarse irregularidades en los registros de mantenimiento, falta de trazabilidad de componentes aeronáuticos y desorden en sus depósitos.

Pese a esa decisión, la empresa habría continuado realizando tareas de mantenimiento. La actividad fue constatada por inspectores de la ANAC el 24 de octubre y, según los elementos incorporados a la denuncia, cinco de los seis agentes consultados consideraron que la situación había comprometido la seguridad operacional.

La causa quedó radicada ante el juzgado federal de Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. El objeto de la investigación era determinar si la conducta de la empresa y los controles ejercidos desde la ANAC podían encuadrar en delitos vinculados con la seguridad de los medios de transporte.

Cordero dejó la conducción del organismo pocas semanas después. El decreto 360/2025, publicado el 27 de mayo, aceptó su renuncia con efecto retroactivo al 22 de mayo y designó en su reemplazo a Oscar Alfredo Villabona. El acto oficial no expresó los motivos de su salida ni estableció responsabilidad alguna por la denuncia.

El regreso de Cordero a la PSA

Después de dejar la ANAC, Cordero reapareció dentro del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria. Inicialmente fue vinculada con la secretaría de Coordinación y Capacitación Policial y, durante 2026, pasó a ocupar la vicerrectoría.

La información no surge solamente de testimonios internos. La página oficial del gobierno nacional la presenta actualmente como vicerrectora del ISSA, por debajo del rector Pablo Augusto Lázaro y dentro del equipo responsable de la formación, capacitación e investigación de la PSA.

Su regreso cobra especial relevancia luego de las denuncias publicadas por REALPOLITIK sobre el funcionamiento del instituto. Instructores desplazados, designaciones por afinidad, incidentes con armas, falta de experiencia docente y presuntos mecanismos de disciplinamiento interno fueron algunos de los problemas señalados por integrantes de la fuerza.

En abril, este medio reveló que los instructores que rechazaron un proyecto para habilitar la utilización privada y arancelada del polígono habían sido apartados y destinados a otras dependencias. Posteriormente se produjo un disparo durante una clase impartida fuera del polígono, episodio que terminó con el traslado del instructor involucrado, pero sin que se conocieran públicamente actuaciones contra las autoridades responsables del área.

El ascenso de Cordero hasta la vicerrectoría muestra que el gobierno de Milei y el ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, no solamente la reincorporaron a la estructura estatal después de su salida de la ANAC, sino que le asignaron un lugar central en la formación de quienes custodian los aeropuertos del país.

El decreto 360/2025 aceptó la renuncia de Cordero a la ANAC y designó a Oscar Villabona en su reemplazo..

Otra designación bajo excepción

La estructura actual del ISSA también incluye a Alejandro Raúl Rodríguez Diez como secretario de Coordinación y Capacitación Policial, un área que debe articular el funcionamiento de los espacios de formación policial.

Rodríguez Diez también pasó por la ANAC. La resolución 447/2025 del ministerio de Economía, firmada durante la gestión de Luis Caputo, dejó sin efecto una designación anterior y lo nombró transitoriamente como jefe del Departamento de Vigilancia del Sistema de Seguridad Operacional.

El propio artículo 3 de la resolución estableció que percibiría la remuneración correspondiente mediante una “autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos” previstos por el régimen aplicable.

La excepción adquiría una importancia particular por las tareas asignadas al departamento: vigilancia del sistema de seguridad operacional, participación en programas nacionales, supervisión de sistemas implementados por empresas y prestadores, elaboración normativa y capacitación de inspectores.

Actualmente, Rodríguez Diez ya no figura al frente de ese departamento de la ANAC. La página oficial del ISSA lo ubica como responsable de coordinar la capacitación policial dentro de la PSA.

Luis Caputo designó a Rodríguez Diez en un área de seguridad operacional mediante una excepción por no reunir los requisitos mínimos.

Una trayectoria que vuelve al punto de partida

El recorrido de María Julia Cordero une tres capítulos sensibles del sistema aeroportuario argentino: la denuncia por los convenios millonarios de la PSA con CEDyAT, su gestión al frente de la ANAC durante la controversia por el taller de Flybondi y su actual posición como vicerrectora del instituto encargado de formar a la policía aeroportuaria.

Ninguno de esos antecedentes implica por sí mismo una condena. Sin embargo, la continuidad de Cordero en puestos estratégicos abre interrogantes sobre los criterios utilizados por el gobierno nacional para seleccionar a las autoridades responsables de la seguridad y la capacitación aeroportuaria.

La gestión libertaria prometió desplazar a la denominada “casta” y revisar los mecanismos con los que el Estado distribuía cargos y contratos. En el ISSA, en cambio, reaparecen funcionarios con extensas trayectorias dentro de las estructuras cuestionadas, designaciones realizadas bajo excepciones y nombres mencionados en expedientes que atravesaron administraciones de diferentes signos políticos.

Cordero salió de la PSA, pasó por la conducción de la ANAC y regresó a la misma fuerza como vicerrectora de su instituto superior. Más de una década después de haber sido incluida en la denuncia por los convenios con CEDyAT, vuelve a ocupar un lugar desde el cual se administran decisiones sensibles para la formación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. (www.REALPOLITIK.com.ar)