En medio del descontrol financiero y prestacional que arrastra la obra social militar, el presidente de la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), Pablo Plaza, difundió un duro memorándum interno con el que busca disciplinar la transición, evitar nuevas demoras y contener una crisis que el gobierno de Javier Milei todavía no consiguió encauzar.

El documento, fechado este jueves 17 de septiembre y dirigido a las principales autoridades y gerencias de IOSFA, ordena tramitar y resolver “en forma diligente y oportuna” las actuaciones, solicitudes y reclamos. También advierte que cualquier omisión, negativa, retención o demora injustificada podrá generar responsabilidades administrativas, disciplinarias, civiles y penales.

La dureza del texto expone mucho más que una recomendación administrativa. Plaza anticipó que cada incumplimiento será “individualizado y documentado” y recordó que el artículo 249 del Código Penal castiga al funcionario que omita, rechace o retrase ilegalmente actos propios de su cargo. Cuando esas conductas comprometan la vida o la salud de los afiliados, OSFA analizará además la posible comisión de delitos contra las personas.

Una advertencia para contener una estructura desbordada

La decisión aparece como un intento por frenar la sangría dentro de una obra social golpeada por las deudas, los cortes de prestaciones, los reclamos por medicamentos y las dificultades para sostener tratamientos de alta complejidad. El mensaje implícito es contundente: la conducción de OSFA teme que las internas, la burocracia o la resistencia al traspaso terminen agravando una situación que ya afecta directamente a militares, retirados, trabajadores civiles y sus familias.

El problema excede a Plaza. El DNU 88/2026, firmado por Milei y todo su gabinete, dispuso la disolución de IOSFA y creó dos organismos: la OSFA, bajo la órbita del ministro de Defensa, Carlos Presti, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), dependiente del ministerio de Seguridad que hoy controla Alejandra Monteoliva. La reforma prometía ordenar las cuentas y mejorar la atención, pero abrió una transición en la que conviven nuevas autoridades, viejas estructuras, deudas acumuladas y responsabilidades cruzadas.

El ministro Carlos Presti.

La crisis tampoco comenzó con la actual conducción. Durante la gestión de Luis Petri en Defensa se sucedieron autoridades sin que se resolvieran el déficit ni los problemas con los prestadores. Ahora Presti y Plaza deben administrar el derrumbe, mientras el ministerio de Economía de Luis Caputo aparece inevitablemente en la discusión por los fondos necesarios para cubrir los pasivos y sostener el sistema.

REALPOLITIK ya reveló el volumen de los negocios que rodearon a IOSFA: una contratación por 71.520 millones de pesos para medicamentos de alto costo, dentro de la cual Alfarma SRL concentró 38.227 millones. Esos números contrastan con los reclamos de afiliados que denuncian demoras, interrupciones y dificultades para acceder a prestaciones esenciales.

El memorándum de Plaza no explica qué áreas estarían demorando expedientes ni identifica funcionarios responsables. Sin embargo, su tono deja al descubierto que la transición está lejos de ser ordenada. Si el presidente de OSFA debió recordar por escrito que trabar una prestación puede terminar en una causa penal, es porque dentro de la obra social la situación ya dejó de ser una simple desprolijidad administrativa.

La advertencia busca poner un límite, pero también funciona como cobertura política y jurídica para la nueva conducción. Plaza intenta dejar constancia de que ordenó actuar antes de que una demora produzca consecuencias irreversibles. La verdadera incógnita es si el memorándum alcanzará para ordenar una estructura desbordada o si apenas será otro papel dentro de una obra social que lleva años acumulando expedientes, deudas y afiliados sin respuestas. (www.REALPOLITIK.com.ar)