El pasado martes, el Senado mendocino dio media sanción al Código Procesal Penal Juvenil enviado por el Ejecutivo provincial para adecuar la normativa local al nuevo régimen penal nacional para menores. Sin embargo, la aprobación en la cámara alta no estuvo exenta de polémica: desde la oposición advirtieron que el oficialismo “evitó hablar de lo presupuestario”.

La iniciativa busca modificar las normas vigentes para que el sistema judicial provincial pueda adecuarse a la legislación aprobada durante la gestión de Javier Milei, que, entre otros cambios, redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

“La principal prioridad de Alfredo Cornejo es su acuerdo electoral con Milei”

La senadora Adriana Cano, de Encuentro Mendocino, dialogó con REALPOLITIK y afirmó que la iniciativa impulsada por Alfredo Cornejo tiene un enfoque “meramente punitivo y regresivo”. Desde su espacio consideran que debería plantearse como “un sistema de integración social del menor”.

Además, cuestionó el tiempo que se tomó el Ejecutivo para enviar el proyecto: “Tenía 180 días para adecuarse a una ley que fue aprobada en marzo y esto tomó estado parlamentario una semana antes de que entrara en vigencia la legislación nacional. Podría haberse hecho un trabajo muchísimo más preparado, debatido y discutido por diferentes actores que merecían participar, pero no fue así”.

“El proyecto se basa en una realidad que no existe. Los datos que tenemos del Poder Judicial indican que es ínfima la cantidad de delitos penales cometidos por menores de 18 años. El mismo Ejecutivo reconoció que eran mínimos los casos, por lo que no se trata de una problemática central. Aún sabiendo eso, en lugar de generar un acompañamiento más integral para la resocialización, el gobierno optó por trasladar la lógica que se aplica a los adultos”, sostuvo.

Adriana Cano.

Cano también cuestionó los recursos que el Estado mendocino destina a la reinserción de los menores. “Lo que nos muestra permanentemente es que no existe una prioridad presupuestaria en la defensa de los niños y adolescentes. Cuando tenés que apurar procesos penales es porque el Estado llegó tardísimo. Hay una decisión política de no involucrarse y de no priorizarlos”, afirmó.

Según la legisladora, la media sanción no contempla un abordaje previo a la imputación: “La respuesta del Estado será primero imputarlo y después pensar acciones alternativas. Me parece que lo que se busca no es socializar a una persona e integrarla, sino alejarla y colocarla en condiciones similares a las de detención de los mayores de 18 años”.

También advirtió que Mendoza arrastra “una deuda inmensa” en materia de salud mental y acompañamiento de niños y adolescentes, tanto por la falta de profesionales como por las deficiencias de infraestructura.

“Hay un montón de falencias. Incluso si se lleva adelante la adecuación a la ley nacional tal como ellos plantean, este Estado no está en condiciones de brindar la respuesta pertinente, mucho menos de acompañar procesos terapéuticos o de resocialización”, sostuvo.

Al analizar las prioridades del gobierno provincial, Cano vinculó el proyecto con el acercamiento político entre Alfredo Cornejo y la Casa Rosada. “La principal prioridad que tiene hoy el gobernador es su acuerdo electoral con Milei, y todas las políticas que lleva adelante tienen que ver con ese objetivo”, aseguró.

Como ejemplo, mencionó la ley de compensación de deudas con la Nación: “Hace poco envió una ley de compensación y tuvo que inventarse una deuda para poder compensarla”.

Más dinero para publicidad que para asistir a los jóvenes

Si se aplica la premisa de que “las prioridades de un gobierno se ven en los presupuestos”, los propios números oficiales mostrarían que las palabras de Cano van más allá de una chicana política. 

Según datos de la Contaduría General de la provincia, en 2025 el gobierno mendocino gastó 15.337.187.406 pesos entre pauta oficial y encuestadoras. En contraste, el presupuesto total de 2026 para la dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) asciende a 13.883.062.005 pesos.

En otras palabras, durante el año pasado el gobierno de Alfredo Cornejo gastó en publicidad oficial y encuestas un 10,5 por ciento más que lo asignado este año al organismo encargado del acompañamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal.

Solo durante el primer cuatrimestre de este año, el Ejecutivo mendocino gastó 4.119.249.420,51 pesos, una cifra equivalente a cerca de un tercio de los recursos que la DRPJ tendrá disponibles durante todo 2026.

“Radicales y peronistas han tenido una ideología de exclusión”

Arturo Piracés es psicólogo y estuvo en dos oportunidades al frente de la dirección de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza, la segunda de ellas hasta 2024. Viajó por países como Estados Unidos, Colombia, Chile y República Checa para estudiar diferentes sistemas de acompañamiento destinados a jóvenes en conflicto con la ley penal. También fue el creador de la licenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad del Aconcagua.

Piracés explicó que, cuando asumió el cargo por primera vez, en 1985, convivían en un mismo espacio jóvenes acusados de hurtos menores y homicidios, junto con otros que habían sido internados simplemente por encontrarse vagando en la vía pública.

“Empezamos a separarlos en 1986. Lo que hoy se está planteando es cómo se los va a separar, porque no hay infraestructura. Veo como un problema que tengamos en un mismo espacio chicos de 14 años con jóvenes de 17 que ya tienen una trayectoria delictiva”, advirtió.

Arturo Piracés.

“Otro tema es que el nuevo Código es muy punitivo y se centra en la edad. Cumple los 18 años mientras está internado y se va a una penitenciaría común, sin importar la condición que tenga. Creo que eso debería evaluarse con discernimiento y que no se lo debería trasladar arbitrariamente, interrumpiendo el proceso formativo que venía atravesando. No hay que categorizar solamente por edad, sino analizar cada caso”, agregó.

Para el especialista, “hay mucho abandono” y se espera a que ocurra un delito para tomar medidas. En ese sentido, sostuvo que las áreas de Salud Mental y Educación deberían abordar la problemática de manera específica y preventiva ante las primeras señales: “El sistema no está organizado”.

Piracés también consideró que el sector público debería estimular la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil para trabajar en la prevención del delito juvenil y en los procesos de resocialización.

Además, realizó un análisis social de la problemática: “También influye la falta de recursos. En la sociedad consumista en la que vivimos, los chicos quieren conseguir cosas a cualquier precio. A eso se suma el rol de los adultos: ningún adolescente roba autos para coleccionarlos; detrás hay adultos que los compran y, muchas veces, son delincuentes de guante blanco”.

Consultado sobre el impacto de la política nacional de ajuste, Piracés consideró que sus consecuencias sobre el sistema de acompañamiento juvenil son negativas. “Se apunta a privatizar el sistema. Todo lo público es visto como un gasto, cuando no lo es”, señaló.

A su entender, Mendoza necesita una inversión concreta para atender a una población atravesada por múltiples situaciones de vulnerabilidad. “Con los ajustes no se ha tenido en cuenta la gran cantidad de población vulnerable que tenemos. Muchos de estos jóvenes provienen de sectores vulnerables no solo por la pobreza, sino también por la marginación y la exclusión social”, explicó.

Finalmente, aclaró que las falencias exceden a la actual administración: “La asignación de recursos no tiene que ver con colores políticos, porque acá tanto radicales como peronistas han tenido una ideología de exclusión”. (www.REALPOLITIK.com.ar)