La escalada impulsada por el gobierno de Javier Milei expuso la falta de una estrategia integral frente al Reino Unido, mientras Londres refuerza su presencia militar, económica y diplomática en el Atlántico Sur.

Es una vieja receta: apelar a sentimientos patrióticos y causas nacionales, abriendo frentes externos como válvula de escape ante crecientes problemas domésticos. Uno de los desafíos de escalar un conflicto es disponer de estrategia, recursos, medios, objetivos e hipótesis de confluencia. ¿El gobierno argentino aplica esos criterios en el marco de esta suerte de “cruzada malvinera”?

La decisión del gobierno argentino de construir una nueva base naval en Tierra del Fuego —tema que analizamos en REALPOLITIK— y el anuncio de endurecer las sanciones contra las empresas que participen de la explotación petrolera en las aguas circundantes a las islas Malvinas no solo encontraron una rotunda negativa del Reino Unido a negociar la soberanía de los archipiélagos australes. También provocaron acciones concretas de Londres para reforzar su presencia en el Atlántico Sur.

Para fines de 2027, los Eurofighter Typhoon del escuadrón desplegado en Mount Pleasant serán reemplazados por versiones más modernas. Esto no impedirá, en caso de necesidad, el despliegue de cazas F-35. Los nuevos Typhoon están equipados con sistemas más avanzados, mejoras sustantivas en materia de radar —incluido el de apertura sintética, con capacidad para operar bajo cualquier condición meteorológica— y armamento como los misiles Storm Shadow, de crucero y con un alcance de 500 kilómetros; Brimstone, aire-superficie y con unos 12 kilómetros de alcance; y Meteor, aire-aire de largo alcance.

Las autoridades británicas también anunciaron, durante los primeros días de septiembre, un plan de reclutamiento para las fuerzas de defensa locales de las islas Malvinas, cuyos integrantes comenzarán a ser instruidos como operadores de drones.

Islas Malvinas.

El refuerzo militar británico

Mount Pleasant cumple la función de base de preposicionamiento estratégico, con recursos y medios suficientes para apoyar el despliegue de unos 8 mil efectivos enviados mediante un puente aéreo desde el Reino Unido. La punta de lanza de las fuerzas expedicionarias británicas está compuesta por la Fuerza de Comandos —que reúne unidades especiales de la Infantería de Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea— y la 16ª Brigada de Asalto Aéreo.

Se estima que el Reino Unido tiene capacidad para enviar fuerzas especiales y unidades de infantería ligera al Atlántico Sur en un plazo de entre 24 y 72 horas. El despliegue de un grupo de tareas naval liderado por uno de sus portaaviones, en cambio, demandaría varias semanas.

Las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas y la presión de la OTAN y Estados Unidos para incrementar el gasto en defensa, en un contexto socioeconómico complejo para el Reino Unido, desataron una tormenta política en el Parlamento británico. Londres había relegado parcialmente la defensa de sus intereses en el Atlántico Sur, pero ahora la cuestión volvió a instalarse en el debate político.

Meses atrás, la prioridad británica era el Atlántico Norte frente a la amenaza rusa y el compromiso con la alianza AUKUS —Australia, Reino Unido y Estados Unidos— para contener el avance chino en la región del Indo-Pacífico. Sin embargo, las ambiguas declaraciones de Donald Trump sobre el diferendo de soberanía, el anuncio argentino de sanciones más severas contra las empresas vinculadas con la futura explotación petrolera, la construcción de una nueva base naval y el discreto reequipamiento de las Fuerzas Armadas encendieron las alarmas en Londres.

Los sectores opositores al gobierno laborista utilizan, además, la crisis con la Argentina como herramienta de presión interna. Los resultados están a la vista: se anunciaron inversiones por 300.000 millones de libras para transformar las Fuerzas Armadas británicas durante los próximos años. Las prioridades son el desarrollo del avión de combate del futuro, los submarinos nucleares, la modernización de bases metropolitanas y de ultramar, las armas robotizadas y el fortalecimiento de la industria de defensa.

Con el conflicto como excusa, Londrés moderniza su capacidad militar.

Un nuevo frente con Chile

Las declaraciones sobre el estrecho de Magallanes formuladas por el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, y por el exdirector del Servicio de Hidrografía Naval, almirante Hernán Montero, abrieron un frente de tensión con Chile. El primero sostuvo que esa vía marítima es de interés para la defensa nacional, mientras que el segundo afirmó que la boca del estrecho es argentina.

La comisión de Defensa de la Cámara de Diputados chilena anunció que el 25 de septiembre realizará una sesión en la boca del estrecho de Magallanes. El gobierno chileno también estudia celebrar en enero de 2027 una reunión de gabinete en la Antártida, presidida por José Antonio Kast. El reclamo chileno se superpone parcialmente con áreas del sector antártico argentino.

Durante los primeros días de septiembre, Chile realizó un importante ejercicio militar conjunto en su región austral. Ese mismo mes, el diario El Mercurio informó sobre la existencia de un acuerdo entre la Falkland Islands Development Corporation y la naviera chilena Easter Island para conectar Punta Arenas con Puerto Argentino.

La iniciativa abriría una lucrativa ruta comercial que podría potenciarse con el desarrollo de la explotación petrolera en la cuenca de Sea Lion. Según autoridades de Punta Arenas, el acuerdo podría generar 300 millones de dólares anuales.

José Antonio Kast.

La respuesta argentina

El Reino Unido maniobró geopolíticamente y buscó alternativas para reducir los costos logísticos que demanda el sostenimiento de la economía malvinense. Al mismo tiempo, endureció su postura e involucró a la población isleña en un compromiso más activo con la defensa.

El 17 de septiembre de 2026, la Argentina presentó un proyecto de “ley de Defensa de la Soberanía Nacional”. En sus fundamentos, la iniciativa es definida como “un hito en la recuperación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”.

Más allá de agravar las sanciones previstas en la ley 26.659 —que el proyecto pretende derogar—, la propuesta regula la creación de un Sistema de Seguridad Nacional cuya redacción recuerda, en términos generales, a la legislación española. También incorpora regímenes de protección aeroespacial, marítima, fluvial y lacustre; contempla la protección de infraestructuras críticas; y establece sanciones contra actos que lesionen la seguridad nacional, otorgando amplias facultades al Consejo de Seguridad Nacional.

El proyecto modifica, además, la ley 23.554 de Defensa Nacional y reemplaza el concepto de “agresión” por el de “amenaza”. También regula el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento e incorpora conceptos como “propaganda o influencia enemiga”.

La iniciativa dispone que el instrumento militar deberá estar preparado para todas las operaciones necesarias para garantizar la defensa nacional. Estas incluyen operaciones militares convencionales, no convencionales y militares distintas de la guerra. Una vez más, se confunde la defensa nacional con la defensa militar.

Es indudable que la cuestión Malvinas sirvió como disparador para introducir cambios en el empleo de las Fuerzas Armadas, especialmente ante amenazas provenientes de actores no estatales. Se trata de un escenario muy diferente al conflicto por las islas y responde a una agenda funcional a una estrategia de seguridad impulsada desde el exterior.

Javier Milei.

El gobierno también anunció una inversión de 350 millones de dólares para construir la Base Naval de Ushuaia, otro asunto que analizamos en REALPOLITIK. A esto se suma la posible incorporación al proyecto de presupuesto 2027 de una autorización para tomar créditos por 3.500 millones de dólares destinados a adquirir dos fragatas multipropósito y tres submarinos para la Armada.

En términos estratégicos, estos anuncios son mensajes que, desde la perspectiva de Londres, plantean una escalada. La pregunta es si las decisiones del gobierno argentino le permitirán conservar libertad de acción en el conflicto del Atlántico Sur.

Un viejo manual de planeamiento del Estado Mayor Conjunto define la libertad de acción como “el poder de un actor sobre los demás actores”. El concepto alude a la influencia que un actor puede ejercer en función del poder del que dispone.

En ese marco, resulta necesario determinar qué capacidad tiene la Argentina para influir en los acontecimientos, si dispone de recursos suficientes para incidir sobre las decisiones británicas en el Atlántico Sur y si el gobierno comprende las reglas estratégicas del conflicto.

Estas reglas expresan la relación permitida, prohibida u obligatoria entre los intereses de los distintos actores. Son las normas, los roles y las prácticas que rigen un escenario y determinan los modos legítimos de relacionar intereses, ya sea por imposición de los actores más poderosos o por acuerdos, leyes y costumbres. Las respuestas permitirán establecer cuál es la verdadera posición argentina frente a la creciente tensión con Londres.

La ausencia de una directiva de defensa impide conocer la “concepción estratégica” del gobierno; es decir, la idea destinada a modificar el estado actual del conflicto y establecer una nueva situación. En lenguaje diplomático, se trata de cambiar el statu quo.

La concepción estratégica nacional define, en términos generales, cómo piensa actuar un Estado —en este caso, la Argentina— y brinda un marco de referencia para orientar el conflicto hacia la situación deseada por la conducción política. En el Reino Unido, en cambio, existen definiciones claras sobre su estrategia y sus objetivos en el Atlántico Sur.

Base Naval de Ushuaia.

La apuesta de Milei por Estados Unidos

El presidente Javier Milei considera a Estados Unidos como un posible integrante de una coalición favorable a la posición argentina, especialmente a partir de las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual revisión de la postura de Washington ante el conflicto.

Sin embargo, el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, dejó en claro la posición de neutralidad de su país frente al histórico diferendo que Buenos Aires mantiene con Londres. Por lo tanto, el mensaje de Trump debería interpretarse como una herramienta de presión sobre el Reino Unido para obtener mayor cooperación en el conflicto con Irán, facilitar el acceso a bases en el océano Índico e impulsar un incremento del presupuesto británico de defensa.

Ese aumento beneficia directa e indirectamente a la industria estadounidense, ya que Londres mantiene una fuerte dependencia de sistemas de origen norteamericano. Esto alcanza incluso áreas sensibles como el armamento nuclear: los misiles de los submarinos estratégicos británicos fueron construidos en Estados Unidos bajo el Acuerdo de Defensa Mutua de 1958.

En septiembre de 2025, Donald Trump visitó el Reino Unido y bajó el tono de sus diferencias con el primer ministro Keir Starmer. Durante el encuentro se suscribieron distintos convenios de cooperación, entre ellos el “Acuerdo de Prosperidad Tecnológica”, orientado a fortalecer el trabajo conjunto en inteligencia artificial, energía nuclear y computación cuántica.

Más allá de las particularidades de la política de Trump, los británicos saben que su país es una pieza clave para la estrategia global de Washington y que ambos mantienen vínculos construidos durante décadas de cooperación en áreas tan sensibles como la inteligencia y la tecnología nuclear.

La Argentina carece de una alianza comparable a la que el Reino Unido mantiene con Estados Unidos. A esto se suman la pertenencia británica a la OTAN y su fuerte presencia internacional a través de la Mancomunidad de Naciones.

La decisión del gobierno de Milei de alinearse estrechamente con Estados Unidos e Israel —ambos sometidos a crecientes cuestionamientos del sur global por las guerras en Gaza e Irán— le resta apoyos a Buenos Aires en la cuestión Malvinas, al menos en el plano retórico, aunque con consecuencias políticas concretas.

Esta situación también alcanza la relación con Brasil. Las diferencias ideológicas dificultan la profundización de una alianza vital para revitalizar la declaración del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en un contexto en el que Washington busca avanzar sobre su militarización y controlar los pasos interoceánicos como instancia previa a la proyección de poder sobre la Antártida.

La creciente tensión alrededor de las islas del Atlántico Sur pone de manifiesto la vulnerabilidad argentina, las dudas sobre su libertad de acción y la ausencia de una estrategia respaldada por recursos suficientes.

La región austral, vulnerable desde el punto de vista geopolítico y defensivo, carece de puntos de apoyo adecuados y presenta una escasa integración de la Patagonia con el resto del país.

Estados Unidos aparece como un aliado potencial a partir de una declaración ambigua de su presidente. Sin embargo, esa posición responde a circunstancias coyunturales y a la presión que Washington ejerce sobre Londres para conseguir un apoyo más explícito a su política en Medio Oriente y un incremento del presupuesto de defensa, estrechamente vinculado con los intereses de la industria armamentística estadounidense.

Javier Milei y Peter Lamelas.

Malvinas, Belice y Esequibo: ¿una independencia ficticia?

Está previsto que en 2028 el yacimiento marítimo Sea Lion comience a operar y genere recursos suficientes para que el gobierno colonial de Malvinas financie programas de desarrollo e incluso parte de su propia defensa. Se estima que la explotación petrolera podría producir ingresos por unos 5.000 millones de dólares durante los próximos 35 años.

La actividad generará oportunidades de empleo, impulsará la economía isleña y demandará nuevas infraestructuras de apoyo. También se habla poco de la ubicación privilegiada de las islas para la investigación espacial, que podría convertirlas en un punto ideal para instalar estaciones de rastreo satelital y centros de estudios espaciales y atmosféricos.

La empresa JETstreaM, por ejemplo, busca construir estaciones terrestres y brindar servicios comerciales de retransmisión. Entre sus iniciativas se encuentra el South Atlantic Digital Gateway, un proyecto de infraestructura digital y comunicaciones satelitales que permitiría posicionar a las Malvinas como un centro estratégico para la conectividad entre el espacio y la Tierra. Su desarrollo también demandará nuevas plantas de generación de energía.

El gobierno colonial destinó más de 100 millones de libras a la construcción de una nueva terminal portuaria en Puerto Argentino. Los recursos fueron obtenidos mediante bonos en manos de inversores de Gran Bretaña y Estados Unidos.

La explotación petrolera abre así un nuevo capítulo para las islas y genera recursos que podrían financiar la diversificación de su economía. Su ubicación también las convierte en una plataforma de proyección hacia la Antártida.

En 2048, el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, que prohíbe la explotación minera, podrá ser revisado a pedido de cualquiera de los estados parte.

El Reino Unido reclama un amplio territorio que se superpone en gran medida con el sector antártico argentino, considerado uno de los más atractivos para instalar bases por sus conexiones con las principales rutas marítimas y por la cercanía de puntos de apoyo como Malvinas y el extremo sur de Sudamérica.

Las características de la Península Antártica, donde existe un menor desarrollo de masas de hielo, podrían facilitar una eventual explotación minera. En 2024, la agencia estatal rusa de exploración Rosgeo anunció que había detectado importantes reservas petroleras en el mar de Weddell, dentro del Sector Antártico Argentino.

En 2019, la especialista australiana en asuntos antárticos Anne-Marie Brady sostuvo que el mar de Ross es uno de los sitios con mayor potencial hidrocarburífero del océano Antártico. Según las estimaciones citadas en su trabajo, el continente podría albergar enormes cantidades de petróleo y gas natural.

China, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido conocen el potencial de la Antártida. Washington mantiene con Pekín una competencia geopolítica por el control de rutas marítimas, enclaves estratégicos y recursos naturales. La Antártida y el Atlántico Sur forman parte de ese nuevo “gran juego”.

La BBC informó que Dinamarca y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre Groenlandia mediante el cual Washington asumirá un papel central en su seguridad y se comprometerá a impedir el avance de inversiones chinas en ese territorio danés.

La política de “máxima presión” obtuvo resultados: provocó la reacción europea y redujo el riesgo de un avance económico chino. La Unión Europea anunció inversiones por más de 200 millones de dólares, un acuerdo de asociación con Groenlandia y fondos adicionales por 530 millones de euros para el período 2028-2034.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aclaró que el acuerdo con Washington reconoce expresamente la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y el derecho de autodeterminación de sus habitantes. Queda por saber si Estados Unidos intentará aplicar una fórmula similar en Malvinas para alcanzar algún acuerdo sobre los recursos y la seguridad del Atlántico Sur.

Thatcher Drive en las Islas Malvinas (Foto: REALPOLITIK).

En 2013, los británicos organizaron un referéndum en las islas para consultar a sus habitantes sobre el futuro político del territorio. A pesar de las protestas argentinas, un grupo integrado por 18 representantes republicanos y siete demócratas intentó, sin éxito, impulsar en el Congreso estadounidense una moción de apoyo a la consulta.

Otro elemento que suele pasar inadvertido es la intención de Londres de colocar a los isleños como un tercer actor en el conflicto y plantear su presunto derecho a la autodeterminación.

Guatemala mantuvo durante años un conflicto con Gran Bretaña por los límites de Belice cuando todavía era una colonia británica. La estrategia de Londres consistió en dilatar la disputa hasta concederle la independencia en 1981. De ese modo se desligó formalmente del problema, aunque conservó su influencia política y económica y una discreta presencia militar destinada a respaldar la independencia beliceña.

Una fórmula similar fue aplicada en el caso del Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados reclamado por Venezuela. En febrero de 1966, mediante el Acuerdo de Ginebra, Caracas y Londres reconocieron la existencia de un diferendo y se comprometieron a encontrar una solución pacífica y satisfactoria.

El 26 de mayo de ese mismo año, Gran Bretaña concedió la independencia a la Guayana Británica, incluido el territorio reclamado por Venezuela. Desde entonces, los distintos gobiernos guyaneses han buscado debatir la controversia ante las Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia, instancias rechazadas por Caracas.

Los reclamos venezolanos no impidieron las campañas de exploración petrolera. En la actualidad, Guyana representa el 44 por ciento del comercio británico con sus antiguas colonias del Caribe. La agencia oficial UK Export Finance aprobó créditos por 3.000 millones de libras para proyectos de desarrollo ligados al sector petrolero. Empresas británicas también participan de la infraestructura necesaria para esa actividad y capitales londinenses mostraron interés en la minería del oro.

El interrogante es si Malvinas podría seguir un camino semejante.

Sede administrativa central del gobierno británico en Puerto Argentino (Foto: REALPOLITIK).

La trampa Malvinas

La política de “máxima presión” de Washington busca alcanzar algún tipo de acuerdo sobre la seguridad del Atlántico Sur y el acceso a recursos naturales que exceden ampliamente al petróleo e incluyen la minería oceánica y la Antártida, última frontera y futuro escenario de disputa geopolítica. Malvinas es la llave de acceso a todo ello.

Londres lo sabe y dejó en claro que el control británico sobre las islas del Atlántico Sur no está en discusión. Ese mensaje no parece dirigido únicamente a la Argentina, sino también a Estados Unidos, para advertir que existen otros asuntos que sí podrían negociarse.

La sólida alianza entre Gran Bretaña y Estados Unidos continúa vigente, pese a los altibajos que atravesó a lo largo de su historia reciente. Así lo demostraron los acuerdos alcanzados durante 2025 en materia de cooperación tecnológica, inversiones y seguridad.

El desarrollo económico derivado de la industria petrolera, las facilidades logísticas surgidas del acuerdo con una naviera chilena para conectar Punta Arenas con Puerto Argentino y la construcción de una nueva terminal portuaria podrían convertir a las islas en un territorio autosustentable.

Ese escenario también abriría la posibilidad de que el Reino Unido promoviera un supuesto “proceso de autodeterminación”, pese a su falta de sustento jurídico, con el objetivo de bloquear cualquier diálogo mediante la incorporación de un tercer actor. Es una receta aplicada en los casos de Guyana y Belice, donde los intereses estratégicos y económicos de Londres permanecieron vigentes. El referéndum de 2013 demuestra que un mecanismo semejante podría intentarse en Malvinas.

La Argentina escaló el conflicto por las islas del Atlántico Sur sin disponer de los medios y recursos adecuados y sin definir una política clara. Un error de cálculo en la estrategia para el Atlántico Sur pondría en serio riesgo los intereses nacionales en una región de enorme valor geopolítico, que también incluye a la Antártida.

En 1982, los errores de apreciación sobre las intenciones del adversario no solo condujeron a la derrota militar, sino que facilitaron la expansión británica sobre amplios espacios marítimos y el control de valiosos recursos naturales. Esta vez, para la Argentina, el fracaso no puede ser una opción. (www.REALPOLITIK.com.ar)