La denuncia de Emiliano Gastón Mir contra Gonzalo Rodríguez, director delegado de Personal del ministerio de Trabajo bonaerense, sumó un capítulo administrativo. Un día después de presentar la denuncia penal que dio a conocer REALPOLITIK, el trabajador pidió al propio organismo que abriera un sumario por presunta violencia laboral, hostigamiento y abuso de autoridad. Los documentos a los que accedió este medio también muestran que, en julio, la provincia le otorgó una licencia médica de 90 días.

La solicitud de sumario, fechada el 9 de junio e identificada como PV-2026-20077039-GDEBA-DILMTGP, está dirigida al ministro Walter Correa. Mir pidió la suspensión preventiva de Rodríguez o, al menos, que se lo apartara de cualquier facultad jerárquica sobre él. También reclamó un instructor imparcial, ajeno al área de Personal.

La denuncia por violencia laboral en Trabajo

En la presentación, Mir reiteró su denuncia sobre un presunto sistema de vigilancia de sus horarios y movimientos, que atribuye a una maniobra para perjudicarlo laboralmente. Ofreció documentación, el testimonio de un funcionario de su área bajo resguardo de identidad y solicitó que se identificara al personal que habría realizado esas tareas. Las acusaciones siguen sujetas a investigación; Rodríguez no ha sido sancionado por los hechos descriptos en la documentación examinada.

La situación también tuvo una consecuencia en la salud del denunciante. Una constancia médica de julio registra que Mir se encontraba bajo atención profesional y recomienda reposo laboral. Por separado, una captura del portal de personal bonaerense a la que tuvo acceso este medio muestra una licencia por enfermedad otorgada por 90 días desde el 17 de julio. 

Rodríguez, por su parte, declaró el 11 de junio ante la DDI de La Plata como testigo en una causa por amenazas. En el acta, incorporada a la IPP 06-00-030320-26/00, atribuyó a Mir expresiones intimidatorias, rechazó sus acusaciones y dejó constancia de que adjuntaba copias de dos notas publicadas por REALPOLITIK, de la denuncia penal en su contra y del pedido de sumario. Su declaración acredita que presentó su versión ante los investigadores; pero en la práctica las amenazas que le atribuye a Mir no quedan demostradas por el acta.

El caso vuelve a poner bajo examen la respuesta del ministerio que conduce Correa ante una denuncia formulada dentro de su propia estructura. La ley bonaerense 13.168 regula la violencia laboral en el ámbito estatal. La documentación disponible confirma la solicitud de investigación administrativa, la declaración de Rodríguez en otra causa y la licencia concedida a Mir. No obstante, sigue sin conocerse qué trámite dio la gestión de Axel Kicillof al pedido de sumario y qué medidas adoptó mientras se esclarecen los hechos. (www.REALPOLITIK.com.ar)