La crisis de la obra social militar ya tiene un nombre propio en los tribunales: Francesco, un afiliado con discapacidad por cuya cobertura el Juzgado Federal Nro. 1 de Córdoba intimó "por última vez" a la OSFA. El oficio, fechado el 23 de septiembre, exige que en 48 horas demuestre que cumplió una sentencia dictada un mes antes. Si no lo hace, el juez advirtió que podría embargar cuentas de la entidad y remitir las actuaciones a la fiscalía.

La orden fue dirigida a Pablo Guillermo Plaza, presidente de OSFA, y a Osvaldo Daniel De Simone, delegado en Córdoba. La obra social debe acreditar la cobertura del Centro Educativo Terapéutico Rucahue, las terapias de rehabilitación en CIREHA, el transporte especial, 180 pañales por mes y cuatro elementos de apoyo, entre ellos dos sillas de ruedas. También debe cancelar la deuda por las prestaciones de junio, julio y agosto. Según el juzgado, todavía no había demostrado el cumplimiento de la sentencia.

La salida de Ariel Guzmán y la deuda de $213.902 millones

El expediente irrumpió justo cuando estallaba la pelea por la transición entre la nueva OSFA y el IOSFA en liquidación. El 21 de septiembre, el entonces administrador Ariel Guzmán le había advertido al ministro de Defensa, Carlos Presti, que Plaza pidió mantener la atención de afiliados mediante la red de prestadores de IOSFA más allá del 30 de septiembre. La estructura que debía avanzar hacia su cierre seguiría, así, recibiendo facturas y acumulando obligaciones. Tres días después, Presti desplazó a Guzmán de la liquidación.

Los correos internos sobre Francesco muestran la otra cara de esa disputa administrativa. Mónica Bornancini, asesora jurídica de la delegación Córdoba, comunicó el 23 de septiembre que existía una autorización de cobertura, pero admitió que desconocía si se habían entregado los elementos reclamados y si se habían realizado los pagos. Pidió información urgente a distintas áreas para contestar al juzgado.

La reorganización fue dispuesta por el gobierno de Javier Milei mediante el DNU 88/2026, que creó OSFA bajo el control del ministerio de Defensa y ordenó liquidar IOSFA. El decreto prometía garantizar la continuidad de la atención durante el traspaso. La administración de Petri había dejado un pasivo que, según el estado de situación informado a julio, ascendía a 213.902 millones de pesos.

Presti cambió al responsable de la liquidación, pero la intimación a Plaza expone un problema que no se resuelve con una desvinculación: en Córdoba, la Justicia sigue esperando pruebas de que las prestaciones ordenadas llegan al afiliado y de que los centros que lo atienden cobran. La falta de documentación pública impide conocer cuál fue la respuesta posterior de OSFA. (www.REALPOLITIK.com.ar)