Cuatro integrantes del consejo directivo de OSDE llevaron ante organismos nacionales denuncias por presuntos retornos a prestadores, contrataciones amañadas y conflictos de interés. Dos meses después, según el recurso que presentaron, fueron expulsados. Entre las personas señaladas figuraba Luis Eduardo Fontana, entonces director General de la entidad y actual administrador nacional de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), designado por Javier Milei y Mario Lugones.

Los documentos a los que accedió REALPOLITIK permiten reconstruir las acusaciones, las respuestas del Estado y el procedimiento disciplinario contra Carlos Augusto Vaccaro, Guillermo Oscar Oberti, Mario José Revol Lozada y Miguel Ángel Basmadjian. También registran el rechazo posterior de la denuncia por la Inspección General de Justicia (IGJ), que objetó su respaldo probatorio.

El recurso mencionó, además, a Vacunar entre los prestadores cuyas relaciones con OSDE los denunciantes pretendían investigar. Ese nombre incorpora un antecedente relevante: cuando Carla Vizzotti asumió como ministra de Salud en febrero de 2021, el propio gobierno de Alberto Fernández la presentó como miembro del comité Científico de la Fundación Vacunar. La vinculación institucional está documentada, aunque al momento las actuaciones revisadas no acreditan que la funcionaria haya intervenido personalmente en el caso.

Las denuncias y las sanciones dentro de OSDE

En febrero de 2021, durante la presidencia albertista, los cuatro dirigentes solicitaron una investigación sobre conductas denunciadas mediante correos anónimos. Vaccaro era prosecretario; Oberti, vocal titular; y Revol Lozada y Basmadjian, vocales suplentes, con mandato para el período 2017-2021.

Los reclamos incluían maltrato laboral, despidos encubiertos, reducción de salarios y eliminación de beneficios. Pero también planteos sobre el manejo de la entidad: “conflictos de intereses”, “contrataciones amañadas” y “pedido de retornos a prestadores”.

El 23 de febrero, el entonces superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Daniel Zanarini, respondió que la intervención solicitada resultaba “ajena al ámbito de competencia” del organismo. Consideró que la mayoría de los hechos correspondía a relaciones laborales y que otros planteos, de tener sustento legal, debían canalizarse por la vía judicial. Las diferencias entre miembros de la conducción, agregó, debían resolverse mediante las normas internas y los mecanismos estatutarios.

Los presentantes insistieron a través de su abogado, Germán Revol Lozada. El 29 de marzo, el gerente General de la Superintendencia, David Aruachan, ordenó una auditoría contable y prestacional, “sin perjuicio” de la respuesta anterior. La decisión abrió una instancia de fiscalización sobre OSDE, sin dar por acreditadas las acusaciones.

Mientras tanto, la entidad había iniciado un procedimiento contra los cuatro integrantes de su conducción. Una convocatoria del 29 de marzo, firmada por Juan Carlos Palacios, presidente, y Máximo Julio Fonrouge, secretario, invocó presuntos incumplimientos estatutarios y una conducta perjudicial para los intereses de la asociación. El temario incluía el tratamiento de los descargos, las pruebas y la eventual aplicación de sanciones.

Otro documento de las mismas autoridades intimó a los afectados a entregar las actuaciones administrativas que habían ofrecido como prueba. OSDE sostuvo que esas presentaciones se habían realizado unilateralmente y sin conocimiento previo del consejo directivo.

La IGJ designó a las inspectoras Sol Nazarena Amézqueta y Laura Ávila como veedoras de reuniones del 10 de marzo y del 13 de abril. Según la apelación de los cuatro dirigentes, en la segunda se rechazaron sus descargos y el ofrecimiento de prueba y se resolvió la expulsión.

Los afectados sostuvieron que las sanciones buscaban “castigar a quienes sólo solicitaron se investigaran exhaustivamente” las denuncias recibidas en la institución. Esa fue su explicación del conflicto: las constancias disponibles permiten contar el procedimiento y su impugnación, pero no demostrar que las expulsiones constituyeran una represalia.

Respaldo documental de los hechos.

Fontana, Vacunar y los antecedentes políticos

La apelación incorporó nombres y sociedades concretas. Al reproducir el contenido de los correos, vinculó los presuntos pedidos de retornos con Martín Pochat y Luis Fontana. También mencionó a Juan Ignacio Fontana y a empresas como KYNEMED, KYNARTRO y GROEP, además de ACUDIR y Vacunar.

Respecto de esta última, los recurrentes sostuvieron que concentraba casi la totalidad de las prestaciones de vacunas destinadas a los socios de OSDE. Se trata de un señalamiento contenido en el recurso, cuya incorporación al expediente no acredita por sí sola una contratación irregular ni un pago de retornos.

El antecedente de Vizzotti en Fundación Vacunar surge de una fuente oficial: el comunicado del ministerio de Salud del 20 de febrero de 2021, que anunció su asunción, la identificó expresamente como integrante de su comité Científico. Tres días después, Zanarini firmó la primera respuesta a los denunciantes. La coincidencia temporal permite ubicar las actuaciones bajo su gestión, aunque no prueba per se participación personal de la ministra en esa decisión.

La fundación y Vacunar SA mantienen vínculos institucionales explícitos. Actualmente, la web de la organización presenta a su presidente, Mariano Díaz, como vicepresidente de la sociedad, y a su secretaria, Romina Gigliotti, como presidenta de la empresa. 

La trayectoria de Fontana suma otra conexión con el sector público. Antes de asumir en ANMAT constituyó PREDIGEN SA junto a Gabriel Barbagallo, hoy subadministrador del organismo, y Ricardo Ignacio Kirchuk. REALPOLITIK ya reconstruyó las renuncias de Fontana y Barbagallo a los cargos directivos de esa sociedad, formalizadas después de sus designaciones públicas.

Kirchuk, quien pasó a presidir PREDIGEN, había sido designado vocal del Consejo Ejecutivo del Instituto Nacional del Cáncer durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, mediante el decreto 1166/2011. Su función era ad honorem, con rango protocolar equivalente al de director nacional. 

El expediente también contiene las decisiones que cuestionaron el sustento de las acusaciones. El 9 de junio de 2021, la IGJ rechazó la denuncia mediante la resolución particular 316/2021. Según el dictamen jurídico de la Superintendencia, consideró que los aspectos bajo su competencia carecían de elementos probatorios suficientes.

El 2 de agosto, la gerente de Asuntos Jurídicos de la SSS, Maritza Carmen Benedicto, opinó que no correspondía efectuar mayores diligencias en esas actuaciones. Su dictamen informó que la auditoría contable había concluido y que el relevamiento prestacional conservaba puntos pendientes de respuesta.

La secuencia documentada reúne denuncias graves contra la conducción, un procedimiento disciplinario y cuatro expulsiones impugnadas, junto con resoluciones administrativas que objetaron la prueba presentada. Fontana llegó años después a dirigir el organismo encargado de controlar medicamentos, alimentos y tecnología médica. Su nueva responsabilidad pública vuelve relevante reconstruir aquel conflicto, incluyendo tanto las acusaciones que lo señalaron como las decisiones estatales que las rechazaron. (www.REALPOLITIK.com.ar)