El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó el 28 de agosto de 2026 el pedido de José María Scheverin para apartar a dos vocales del Tribunal de Cuentas. El planteo se presentó en el juicio de responsabilidad que también involucra a José María Apud y Gonzalo Javier Regueira por la adquisición del avión provincial.

La compra se concretó durante la gestión de Arabela Carreras y tuvo un costo aproximado de 4,2 millones de dólares. Los involucrados habían ocupado puestos centrales en la operación: Apud como secretario General de la Gobernación, Regueira como secretario de Administración de esa cartera y Scheverin como director de Aeronáutica.

El intento de apartar a los integrantes del Tribunal de Cuentas

Scheverin recusó a Maximiliano Suárez y Natalia Falugi porque habían intervenido en el procedimiento sancionatorio que derivó en una multa en 2023. Sostuvo que esa actuación previa comprometía su imparcialidad para analizar la responsabilidad patrimonial.

El STJ desestimó el argumento. Consideró que sancionar irregularidades administrativas y determinar un eventual daño económico corresponden a procedimientos diferentes. Para los jueces, los fundamentos del pedido “no se apoyan en hechos acreditados ni en razones legítimas”.

La sentencia 45/2026 rechazó el apartamiento, sin resolver el fondo del juicio de responsabilidad.

Las observaciones sobre el costo del avión

La contratación también dio origen a una investigación penal. El 14 de octubre de 2024, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos por presunto abuso de autoridad contra los tres exfuncionarios.

Según la acusación, Scheverin aportó una estimación sin suficiente fundamentación técnica ni documentación que acreditara valores de mercado. A Regueira y Apud se les atribuyó haber impulsado y aprobado el procedimiento sin respetar los parámetros de eficiencia, menor costo y protección del patrimonio público.

Otro punto señalado por la Fiscalía fue una tasación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, cuyo resultado habría sido inferior al precio pagado. El fiscal cuestionó que esa evaluación se hubiera solicitado después de adjudicar la aeronave.

Los acusados cuestionaron las imputaciones. En la audiencia de 2024, la defensa de Apud sostuvo que no se había explicado la intención necesaria para atribuirle abuso de autoridad. El abogado de Scheverin argumentó que la adquisición respondía a una decisión política y señaló la intervención de otros funcionarios y órganos de control.

El fallo que tuvo lugar hace algunas semanas aborda exclusivamente la recusación. No constituye una condena penal ni determina un monto de daño patrimonial: mantiene a los vocales cuestionados en el procedimiento que debe examinar esa eventual responsabilidad. (www.REALPOLITIK.com.ar)