Hernán Casciari construyó durante años una parte central de la identidad de Orsai alrededor de una idea sencilla y potente: independencia de los grandes grupos privados y, sobre todo, del Estado. La frase quedó expresada sin demasiados matices en junio de 2024, cuando sostuvo que en Orsai “no le pedimos nada al Estado, nunca”. Seis meses después volvió sobre el mismo concepto: “Nosotros no pedimos nada al Estado ni a grandes empresas”.

El archivo documental, sin embargo, muestra un cuadro más complejo. REALPOLITIK reconstruyó contrataciones directas, beneficios fiscales, actividades financiadas u organizadas por administraciones públicas, proyectos de cesión de patrimonio municipal y trámites de recupero cinematográfico ante el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Algunos tienen montos disponibles; otros exigen acceder a expedientes contables, órdenes de pago o contrataciones que no están publicados en línea.

Nada de eso, por sí solo, supone una irregularidad. El punto periodístico aparece en otro lugar: la distancia entre el relato de absoluta autonomía estatal y una trayectoria en la que distintos niveles de gobierno sí aparecen como contratantes, promotores, beneficiantes o interlocutores institucionales de Casciari y sus proyectos.

Catamarca: 6,5 millones por contratación directa

El caso más nítido aparece en Catamarca. El 8 de octubre de 2024, el ministerio de Cultura, Turismo y Deporte provincial aprobó la contratación directa 064/2024 y adjudicó a Hernán Casciari la suma de 6.500.000 por el servicio de presentación en la Feria Provincial del Libro. La resolución fue identificada como RESGE-2024-593-E-CAT-MCTD y dispuso que el pago se cursara a través de la Tesorería provincial.

No se trató de una mera declaración de interés ni de una invitación honorífica: hubo una adjudicación directa y un monto concreto. La contratación se produjo durante la gestión del gobernador Raúl Jalil. La cartera de Cultura, Turismo y Deporte estaba encabezada por Daiana Roldán, mientras que la apertura de aquella edición de la feria contó también con el vicegobernador Rubén Dusso y otras autoridades provinciales.

Este expediente es relevante porque contradice la lectura más literal de la consigna “no le pedimos nada al Estado”. Casciari prestó un servicio artístico y el Estado catamarqueño lo contrató y le pagó. 

Mercedes: Ustárroz, pagos municipales y el proyecto de la ex Dupont

La relación con el Estado aparece antes y con mayor densidad política en Mercedes, ciudad natal de Casciari. En marzo de 2019, durante la gestión del intendente Juan Ignacio Ustárroz, un decreto municipal declaró de interés la participación del escritor en un espectáculo realizado en La Trocha y dispuso que los gastos derivados de esa participación fueran imputados a partidas municipales. El acto público no individualiza cuánto se pagó, por lo que el monto debería surgir del expediente contable correspondiente que la comuna no hizo público.

Años después la relación escaló, tal y como lo adelantó REALPOLITIK en 2024. Casciari impulsó la llamada Universidad Narrativa Orsai y pidió a la municipalidad de Mercedes un lugar donde instalarla. La administración de Ustarroz propuso la cesión del predio de la ex fábrica Dupont, inmueble que había pasado al patrimonio municipal. El proyecto llegó al Concejo Deliberante y generó discusión entre los bloques.

El propio Casciari reconoció públicamente que había pedido el predio al municipio y que habló con los 18 concejales. Su condición era que la cesión saliera por unanimidad. La iniciativa finalmente no avanzó en esos términos. Distintas publicaciones locales mencionaron plazos extensos para la cesión, aunque los documentos difundidos no son coincidentes sobre la duración exacta.

En declaraciones con Radio Provincia, Hernán Casciari respondió a los cuestionamientos al proyecto: “Están incapacitados para entender que hay quienes hacen cosas por amor”.

INCAA: del cine financiado por la comunidad al recupero estatal

El frente más delicado está hoy en el INCAA. Orsai Audiovisuales publicó un informe de gestión actualizado al 10 de octubre de 2026 en el que reconoce que “La muerte de un comediante” continuará distribuyendo entre sus participantes lo que ingrese del recupero del INCAA y de las ventas internacionales. La propia compañía presenta ese proyecto como el más grande de su historia: participaron 10.190 personas y el presupuesto final superó los 2 millones de dólares.

La precisión es clave: no hay evidencia pública de que el INCAA haya financiado originalmente la producción de la película. El recupero cinematográfico es un mecanismo posterior, sujeto a requisitos y liquidaciones administrativas. Por eso sería incorrecto afirmar que Casciari hizo la película “con plata del INCAA”. Lo documentado es otra cosa: una producción presentada como ejemplo de financiamiento comunitario y de independencia del Estado tramita después un ingreso proveniente del régimen público de fomento y prevé distribuirlo entre quienes participaron del proyecto.

Hasta el cierre de este relevamiento no aparece publicada una resolución individual que permita conocer el monto exacto solicitado o aprobado para “La muerte de un comediante”. Tampoco se localizó una liquidación individual para “Canelones”. Orsai sí reconoce que existe el recupero en trámite y que el dinero, si ingresa, formará parte de los retornos. La cifra definitiva debería surgir del expediente administrativo, el costo reconocido por el Instituto y la resolución de liquidación, pero el acceso al material no es público.

La tensión con el discurso público es evidente. En 2024, Casciari había explicado que prefería depender del público antes que de una subvención y había asociado la autonomía creativa de Orsai con no recibir recursos estatales. 

Uruguay, General Roca, universidades y otros vínculos públicos

El mapa no termina en la Argentina. En octubre de 2025, el Poder Ejecutivo uruguayo exoneró del IVA a las retribuciones personales de Casciari por una presentación realizada el 23 de julio de ese año en el Teatro El Galpón. La resolución 328/025 fue firmada durante la presidencia de Yamandú Orsi, con intervención del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de la ministra de Educación y Cultura, Gabriela Verde. La actuación había sido declarada previamente de interés departamental por la intendencia de Montevideo, entonces encabezada por Mauricio Zunino.

El acto uruguayo no revela cuánto cobró Casciari y, por lo tanto, REALPOLITIK no le asigna un monto al beneficio. Sí permite afirmar que existió una ventaja fiscal individual otorgada por el Estado para mejorar las condiciones económicas de esa actuación. Es una categoría distinta de una contratación directa, pero vuelve a mostrar que la relación con el sector público fue más amplia que la narrativa de una independencia total.

En octubre de 2026, el municipio de Roca, conducida por la intendenta María Emilia Soria, incorporó a Casciari a la Feria Municipal del Libro para presentar “Puro Cuento”, luego de las bajas de Felipe Pigna y Sandra Kutnowski. La actividad fue parte de la programación oficial y gratuita del municipio. Las publicaciones institucionales verificadas no informan el caché ni exhiben una orden de compra individual, por lo que cualquier cifra sería especulativa. El dato económico, si existió una contratación remunerada, debería estar en el expediente municipal, la orden de compra o el registro de proveedores. Otro dato que nunca se hizo público.

También existen antecedentes de actividades de Casciari en instituciones públicas. En noviembre de 2023 cerró las XIII Jornadas de Becarios y Tesistas de Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes con una entrevista abierta organizada por el departamento de Ciencias Sociales. En 2020, “Nostalgias”, obra de Casciari y Cucuza Castiello, integró la programación del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y la conducción cultural de Enrique Avogadro. En esos casos, las fuentes públicas revisadas no exhiben un pago individualizado a Casciari.

A ello se suma “Fútbol entre líneas”, serie de 13 capítulos vinculada a TV Ciudad, la señal pública de la Intendencia de Montevideo, que luego llegó a la plataforma estatal argentina Contar mediante acuerdos de distribución. Tampoco en ese caso se pudo acceder al contrato original ni al monto que pudiera corresponder al escritor.

Lo que muestran los documentos y lo que todavía falta abrir

La reconstrucción deja un resultado concreto. Hay, al menos, una contratación directa con monto comprobado: los 6,5 millones pagados por Catamarca en 2024. Hay gastos municipales documentados en Mercedes cuyo importe no está publicado. Hay una exoneración fiscal individual en Uruguay sin valor económico explicitado. Hay un proyecto para utilizar patrimonio municipal en Mercedes que no llegó a concretarse como estaba planteado. Hay actividades dentro de programaciones públicas en General Roca, la Universidad Nacional de Quilmes, el FIBA y TV Ciudad cuyos expedientes económicos no están disponibles en las publicaciones consultadas. Y existe un recupero del INCAA en trámite que la propia Orsai reconoce como una futura fuente de ingresos para sus participantes.

La ausencia de un monto en una página institucional no significa que no exista. Las administraciones suelen publicar el decreto que autoriza una actividad, pero la orden de pago queda en otra capa del sistema: expedientes electrónicos, RAFAM, tesorerías, órdenes de compra, registros de proveedores o pedidos de acceso a la información. Por eso todavía hay una porción del vínculo económico Casciari-Estado que no puede cuantificarse con documentación abierta.

En términos políticos, la conclusión es menos estridente pero más sólida que una acusación genérica: hubo contratos, beneficios, gestiones ante municipios, circuitos culturales públicos y mecanismos estatales de recupero. La frase “no le pedimos nada al Estado, nunca” funciona bien como manifiesto de marca; frente a los expedientes, necesita varias notas al pie.

La nueva denuncia penal contra Casciari y Orsai Audiovisuales por presunta estafa —que el escritor rechaza y atribuye a errores de gestión, riesgos conocidos y resultados comerciales adversos— volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento económico del ecosistema Orsai. Esa causa vuelve pertinente una pregunta que hasta ahora había quedado eclipsada por el relato de la autogestión: cuánto del modelo fue estrictamente comunitario y cuánto convivió, cuando resultó conveniente, con herramientas, contrataciones y beneficios proporcionados por el Estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)