La causa por el arsenal hallado en los depósitos de Alfredo Coto vuelve a la Cámara Federal de Casación Penal. El tribunal ya anuló en 2023 el primer sobreseimiento de los empresarios y ordenó avanzar hacia el juicio oral; ahora revisará el segundo, el de agosto de este año. Mientras la Justicia decide si los Coto responden por las 227 granadas y las armas encontradas en 2016, documentos internos de la Policía Federal Argentina a los que REALPOLITIK accedió reconstruyen el origen del material: la fuerza descartó que fuera suyo; los rótulos de los recipientes llevaron a una compra del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires otrora comandada por Cristian Ritondo; y en 2019 el informe de la causa llegó al área de prevención de la corrupción que dirigía Damián Arabia en el ministerio de Patricia Bullrich.

Parte del armamento hallado en un depósito de Coto de la calle Paysandú al 1800, CABA..

Una causa con idas y vueltas

El 30 de agosto de 2016, inspectores de la ANMaC (actual RENAR) revisaron la sucursal de Coto de Paysandú al 1800, en Caballito. En depósitos de la empresa hallaron 227 granadas, 41 proyectiles de gas, 27 armas de fuego, dos armas de lanzamiento, 3.886 municiones, chalecos antibalas, cascos, escudos antimotines y un silenciador. Material de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, guardado en manos privadas.

En 2018, el juez Sebastián Ramos procesó a Alfredo y Germán Coto, presidente y vicepresidente de la empresa, respectivamente, por tenencia ilegítima de materiales explosivos, acopio de armas y adulteración de números de serie. En noviembre de 2022, la Sala I de la Cámara Federal los sobreseyó. Y el 14 de abril de 2023, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo) anuló esos sobreseimientos por "análisis fragmentado de la prueba" argumentando que existían elementos suficientes para llevar a los imputados a juicio oral. La Corte Suprema rechazó los recursos de la defensa y la reapertura quedó firme.

La tercera vuelta se dio este año. El 18 de agosto, la Sala I de la Cámara Federal volvió a sobreseer a Alfredo y Germán Coto, a dos gerentes, al exjefe de seguridad y a un oficial de la Prefectura Naval Argentina. 

Los jueces no dijeron que el arsenal era un invento: dieron por probado que las armas y el material explosivo estaban ahí, de forma irregular. Argumentaron algo bastante llamativo: que no había prueba de que los Coto manejaran eso personalmente, que la acusación se apoyaba solo en el cargo que tienen en la empresa y que, en una compañía tan grande, no se puede pretender que sus dueños se ocupen de cada depósito. A los gerentes los liberó por otra razón: ya habían sido juzgados por lo mismo antes, y la ley prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho por la garantía constitucional non bis in idem.

Los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, firmaron el fallo del 18 de agosto que revocó los procesamientos y sobreseyó a Alfredo y Germán Coto por el arsenal hallado en 2016.

Sin embargo, el fiscal José Luis Agüero Iturbe no aceptó esa resolución. El 16 de septiembre de este año, el propio tribunal admitió su reclamo: la causa irá a la Cámara de Casación Penal. Y hay un dato clave: la revisión le toca a la Sala IV (Hornos, Borinsky y Carbajo), los mismos jueces que en 2023 ya habían dicho que esta causa debía llegar a juicio oral.

Lo que la PFA no compró

¿De dónde salió ese material? La primera respuesta la dio la propia Policía Federal, y fue negativa. Un memo de su dirección General de Asuntos Jurídicos, fechado el 31 de mayo de 2018, al que REALPOLITIK accedió y publicó en septiembre, informa que la División Contrataciones de esa fuerza no había comprado ni importado granadas con las características de las halladas en Coto.

Además, 29 de mayo de 2018, Gendarmería Nacional Argentina allanó esa división buscando documentación sobre esa adquisición y sobre la contratación directa Nro. 214/07. El resultado fue negativo: el material no figuraba como adquirido por la Federal y esa contratación tampoco era suya.

La fuerza igual tuvo su propio imputado en la causa: el comisario Carlos Fernando Emilio López Vázquez, jefe de la División Armamento y Munición, declaró en indagatoria el 16 de mayo de 2018 ante el juez Ramos. En octubre de 2018 quedó sobreseído.

La pata bonaerense

Si la Federal no compró ese material, ¿quién lo hizo? La respuesta estaba en los propios recipientes secuestrados. En los rótulos de dos cuñetes hallados en Coto figuraban la contratación directa 214/07 y un número de expediente. Un segundo memorándum de la Federal (el ME-2018-52991463-APN-DGAJ#PFA, fechado el 19 de octubre de 2018 y firmado por el comisario mayor Sergio Gabriel Usai) relata que el juzgado buscó esos datos y llegó al Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Allí estaba el decreto 2801 de 2007, que autorizó una compra de granadas lacrimógenas, granadas tácticas y cartuchos para su lanzamiento.

El rastro terminó en la provincia de Buenos Aires. El 4 de junio de 2018, el juzgado consiguió el expediente original de esa compra: la contratación directa 214/07 la había hecho el ministerio de Seguridad bonaerense para su policía. Es decir, la pregunta del origen ya tenía respuesta: ese material era provincial. Y años después quedó firmado por un tribunal: en el fallo de 2023, la Cámara de Casación estableció que las 226 granadas antitumulto halladas en los depósitos de Coto eran propiedad del ministerio de Seguridad bonaerense. Material comprado con dinero público, de uso exclusivo de las fuerzas, guardado en manos de una empresa privada.

La resolución del juez Ramos del 18 de octubre de 2018 muestra hasta dónde llegó esa línea. Ese día procesó a Alfredo y Germán Coto, citó a indagatoria a la comisario inspectora Estelita Eufracia Herrera (titular del departamento de Armas y Protección Personal de la Policía bonaerense, encargada de la custodia de ese material), pidió a la provincia que informara qué destino se había dado a la totalidad de lo comprado e intimó con urgencia a la empresa proveedora, Sociedad Internacional de Representaciones SA (SIR), a presentar la documentación que acreditara la entrega de ese material al ministerio provincial.

La compra fue en 2007. Pero el hallazgo, en agosto de 2016, y las órdenes judiciales a la provincia, en 2018, ocurrieron con Cristian Ritondo al frente del ministerio de Seguridad bonaerense, durante toda la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Fue su ministerio el que tuvo que responder qué había pasado con el material comprado por la policía que él conducía.

Una fuente que trabajaba en casa central de Coto en esos años, con reserva de identidad, le aseguró a este medio haber visto allí a Ritondo durante ese período, al menos dos veces. 

El informe a Damián Arabia

La causa también pasó por el ministerio de Seguridad de la Nación, y ahí aparece el tercer documento. El 23 de enero de 2019, el comisario mayor Daniel Jorge Favale, de la dirección General de Responsabilidad Profesional de la Federal, firmó la nota NO-2019-04468566-APN-DGRP#PFA dirigida a Damián Arabia, en ese entonces director de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad del ministerio que conducía Patricia Bullrich.

Documento de Damián Arabia.

La nota respondía a un requerimiento del ministerio sobre los hechos, el estado de la causa y la situación procesal de los imputados. Detalla el inventario secuestrado en un depósito de Coto en Espinosa 1960 (14 escopetas, un subfusil, cuatro pistolas, tres revólveres, 6.500 municiones, lanzagranadas, chalecos antibalas y equipos antimotín) y afirma que esas armas no estaban declaradas en el sistema de registro SIGIMAC. Informa además que la investigación administrativa interna de la Federal, abierta en noviembre de 2016, había sido elevada a la superioridad con una "Opinión Resolutiva" del 5 de diciembre de 2018.

Qué significa esto: mientras la Justicia Federal rastreaba cómo material provincial terminó en depósitos de Coto, el área nacional especializada en detectar corrupción en las fuerzas de seguridad recibió un informe con el arsenal no registrado, el estado del sumario interno y la situación procesal de todos los imputados. Al menos este medio no encontró el documento que registre qué se hizo con esa información. Tras dejar el Pro en 2025, Arabia saltó al espacio de Javier Milei e integra hoy el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.

Mientras Casación decide si el sobreseimiento se sostiene, el recorrido documental deja tres preguntas con respuesta pendiente. ¿Qué informó la provincia sobre el destino del material comprado en 2007? ¿Qué documentación entregó la empresa proveedora sobre esa entrega? ¿Qué concluyó la investigación interna de la Federal, cuyo resultado fue informado al ministerio de Seguridad de la Nación?. (www.REALPOLITIK.com.ar)