El conflicto por la habilitación de El Castillo–Vivilotodo suma un nuevo frente político para el intendente de la municipalidad de Toay, Ariel Rojas. Después de cuestionar la negativa municipal a permitir el funcionamiento del establecimiento, su titular, Raúl Ariel Gómez, solicitó una audiencia urgente al Concejo Deliberante y suscribió un escrito que reclama la apertura de un juicio político contra el jefe comunal.

La disputa, que REALPOLITIK expuso el pasado 23 de octubre, involucra a un comercio que recibió sucesivas habilitaciones municipales y cuyo propietario denuncia que desde 2020 no consigue renovar el permiso. Ahora, Gómez busca que los concejales intervengan y examinen la responsabilidad del Ejecutivo en el bloqueo que atribuye a la gestión local.

El conflicto por la habilitación de El Castillo–Vivilotodo suma presión sobre el intendente de Toay, Ariel Rojas. Su propietario, Raúl Ariel Gómez, solicitó una audiencia urgente al Concejo Deliberante y firmó un pedido de juicio político contra el jefe comunal, a quien acusa de incumplir una orden judicial que, según sostiene, obliga al municipio a autorizar provisoriamente el funcionamiento del establecimiento.

Pedido de jury al jefe comunal.

La controversia, que REALPOLITIK expuso el pasado 23 de octubre, tiene como antecedente las sucesivas habilitaciones que recibió el comercio y la posterior negativa municipal a permitir la continuidad de la actividad. Gómez denuncia que desde 2020 no consigue renovar el permiso y cuestiona que el Ejecutivo considere prohibido un uso que autorizó durante años.

Ahora busca trasladar el reclamo al ámbito legislativo. Según aseguró a este medio, la solicitud de audiencia fue recibida por correo electrónico durante la mañana del 28 de octubre. Allí pide reunirse con los concejales para explicar lo que describe como “ataques sistemáticos continuos” contra su empresa y reclamar una intervención del cuerpo.

Solicitud de audiencia.

Qué dice el pedido de juicio político contra Ariel Rojas

El escrito firmado por Gómez y su abogada patrocinante, Marcelina Lidia Monzón, solicita la apertura de un juicio político con fines de destitución o la sanción que corresponda. Le atribuye al intendente de Toay presunto mal desempeño y una omisión deliberada en el cumplimiento de sus deberes.

La acusación se concentra en el expediente G-54.368, “Gómez Raúl Ariel c/ municipalidad de Toay s/ Medidas Cautelares”. El comerciante sostiene que una orden judicial dispuso la habilitación comercial provisoria de El Castillo y que el Ejecutivo mantiene bloqueado su funcionamiento pese a encontrarse notificado.

El documento también menciona una intimación presentada ante la intendencia el 5 de octubre de 2026, mediante la cual se habría exigido cumplir la decisión en 48 horas, bajo apercibimiento de denuncia penal. En su petitorio, Gómez reclama que el Concejo remita la denuncia a una comisión investigadora para evaluar la apertura del enjuiciamiento.

Municipalidad de Toay.

El Castillo: las habilitaciones y la cautelar que enfrenta al comerciante con Toay

Como informó REALPOLITIK, El Castillo obtuvo autorización municipal en diciembre de 2003 y sucesivas renovaciones posteriores. Una resolución del 19 de diciembre de 2019 habilitó la discoteca por sesenta días, con exigencias sobre capacidad, seguridad, adicionales policiales y sonido.

Gómez invoca además una ampliación de la cautelar dictada en diciembre de 2005 por la jueza Elena Victoria Fresco, que dispuso otorgar la habilitación en las mismas condiciones que en 2003, 2004 y 2005. Sus representantes sostienen que esa medida continúa vigente y que la negativa municipal la desconoce.

Ese es el argumento que ahora sostiene la acusación contra Rojas: la copia del pedido de juicio político enumera la resolución, el oficio de notificación y la intimación como pruebas, pero no incorpora esos documentos. 

El reclamo administrativo posterior incorporó otro punto de conflicto: la clasificación urbanística. Dentro del expediente municipal 46/2025, Gómez impugnó la decisión de Obras y Servicios Públicos de no otorgar el uso conforme para el inmueble de Pecho Colorado 651, donde funciona el establecimiento, por considerar el rubro como “uso prohibido”.

El salto al Concejo agrega una dimensión política a esa controversia. Gómez pretende que los ediles examinen la conducta del Ejecutivo y que el intendente responda por una negativa que considera arbitraria.

Los permisos anteriores no eximen al comercio de cumplir los controles vigentes. Pero la gestión de Ariel Rojas también debe explicar qué fundamentos justifican impedir una actividad que el propio municipio autorizó reiteradamente. Ese es el conflicto que el dueño de El Castillo busca llevar ahora ante los concejales de Toay, con un pedido de destitución firmado y una solicitud de audiencia que ya fue recibida. (www.REALPOLITIK.com.ar)