A dos días de las elecciones del domingo, la gestión de Walter Cortés sumó un nuevo problema. La página oficial de la municipalidad de Bariloche fue hackeada y una publicación sobre una licitación de alimentos terminó intervenida con un extenso mensaje contra la dirigencia política. El episodio dejó expuesta una falla concreta en la seguridad del sitio y puso al gobierno municipal frente a una obligación que no puede resolver con un cambio de imagen o la eliminación del texto.

El ataque se conoció el jueves y golpeó a una administración que llega al cierre de campaña acumulando controversias. Los sueldos millonarios de sus funcionarios, revelados por REALPOLITIK, las publicaciones atribuidas a un candidato oficialista que reivindican a Jorge Rafael Videla y las denuncias de amenazas de muerte contra un asesor de la oposición ya habían complicado al intendente. Ahora, la vulneración de la web agrega un cuestionamiento sobre una responsabilidad básica del Estado municipal, proteger los sistemas y la información que tiene a su cargo.

Una licitación de alimentos terminó con un mensaje contra el poder

La publicación intervenida correspondía a la licitación privada 032/26, del expediente 103/26, destinada a adquirir alimentos para despensas comunitarias durante un mes. El presupuesto oficial era de 183 millones de pesos. Debajo de esos datos apareció la firma “v01d.1337 was here” y un mensaje dirigido a quienes gobiernan, toman decisiones y, según el propio texto, todavía confunden el poder con la impunidad. Las imágenes difundidas también mostraron el acceso al panel de administración de contenidos del sitio municipal.

“Su trabajo es responderle a la gente. No servirse de ella”, señala uno de los pasajes. El mensaje reclama que los funcionarios dejen de esperar instrucciones desde arriba y atiendan a quienes trabajan, pagan y reclaman sin tener contactos en los despachos. “Un ciudadano no debería necesitar influencia para recibir atención. Debería alcanzarle con tener derechos”, agrega. La intervención utilizó una página institucional para instalar un cuestionamiento directo a la distancia entre los gobernantes y los vecinos.

El texto también exige explicaciones sobre los gastos públicos, respuestas a las denuncias y atención sin acomodos. “No alcanza con corregir una página, cambiar una imagen o publicar otro comunicado”, advierte. Aunque el ingreso fue ilegítimo, el contenido dejó un problema político para Cortés. La discusión ya no pasa solamente por recuperar el control de una publicación, sino por responder por qué un tercero pudo modificar información oficial y utilizarla para cuestionar a toda la dirigencia.

La seguridad municipal quedó expuesta y los vecinos necesitan respuestas

El hackeo comprobó que los controles existentes no alcanzaron para impedir una modificación no autorizada. No hace falta exagerar sus consecuencias para advertir la gravedad. Una publicación oficial debe ofrecer garantías de autenticidad, especialmente cuando informa sobre contrataciones y fondos públicos. Si alguien ajeno al municipio pudo alterar ese contenido, la administración tiene que explicar qué falló y qué hizo para evitar que vuelva a ocurrir.

También debe despejar las dudas sobre los datos personales. La captura no demuestra que se hayan robado bases de contribuyentes ni permite afirmar que todos los sistemas municipales estén comprometidos. Pero esa diferencia debe establecerla una revisión técnica seria y comunicarla el gobierno. Los vecinos deben saber si el acceso estuvo limitado a la página o si alcanzó otros servicios. Cortés debe ofrecer información concreta sobre el alcance del incidente y las medidas de protección adoptadas.

El episodio vuelve a poner en discusión las prioridades del gobierno local. Como anticipó REALPOLITIK, los recibos de agosto de 2026 mostraron funcionarios con remuneraciones brutas cercanas a los 9 millones de pesos. Carlos Alberto Madjinca, de la secretaría de Protección Ciudadana, registró 8.760.013,73 pesos brutos y 6.036.021 pesos de bolsillo. También se documentaron liquidaciones superiores a 7 millones de pesos brutos para delegados municipales. Son cifras que contrastan con las advertencias del intendente sobre las dificultades financieras de la comuna.

Municipalidad de Bariloche.

Esos ingresos tienen detrás una decisión política. En noviembre de 2025, el Concejo aprobó una modificación que duplicó la cantidad de salarios básicos utilizados para calcular la remuneración del intendente y elevó, por arrastre, otros sueldos de la estructura municipal. Mientras Cortés plantea restricciones y discute los costos del personal, su conducción política se beneficia de aquella reforma. El hackeo agrega otra pregunta sobre la gestión de los recursos, qué prioridad recibió la protección de los sistemas oficiales dentro de ese esquema de gastos.

En paralelo, el oficialismo sigue atravesado por el caso de Adrián Marcelo Grau, sexto candidato de Estamos Haciendo Bariloche, la alianza de Cortés y Juntos Somos Río Negro. Las publicaciones atribuidas a su cuenta con reivindicaciones a Videla y a la última dictadura motivaron una denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El intendente transmitió la versión del candidato, quien aseguró que le habían hackeado el perfil, y manifestó que no quería darle trascendencia. Frente a la gravedad de los mensajes, esa respuesta dejó al jefe comunal más preocupado por cerrar la controversia electoral que por ofrecer una explicación política suficiente.

A ese escenario se suman las denuncias de violencia e intimidación contra personas vinculadas con el municipio. Un asesor del concejal Facundo Villalba denunció amenazas de muerte durante una reunión del Concejo del 30 de septiembre y señaló a hombres a los que relacionó con el entorno municipal. La fiscalía abrió una investigación. Aunque no está acreditado que Cortés haya ordenado esas amenazas, su administración debe responder por los señalamientos contra integrantes de su entorno y garantizar que el trabajo de la oposición pueda realizarse sin aprietes.

La gestión de Cortés llega así a las elecciones del domingo con un problema detrás de otro. Al debate por los salarios de sus funcionarios, el escándalo de un candidato denunciado y las acusaciones de intimidación se agrega una web oficial vulnerada. El mensaje que dejaron podrá borrarse, pero la falla que permitió publicarlo exige explicaciones. A dos días de votar, el intendente vuelve a quedar obligado a dar respuestas sobre el funcionamiento de su propio gobierno. (www.REALPOLITIK.com.ar)