En 2021, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta reformuló las condiciones de un convenio urbanístico con Livnot SA, una empresa cuyo entonces presidente compartía una sociedad con un exfuncionario macrista. La comparación entre los documentos oficiales muestra dos cambios concretos: la contraprestación para la Ciudad bajó un 26,6 por ciento y el plazo para completar los pagos pasó de 240 a 720 días hábiles.

El vínculo empresarial conduce a Bernardo Leopoldo Fernández, exsubsecretario de Desarrollo Económico. Fernández aparece junto a Jonathan Kier Joffe, por entonces presidente de Livnot, y Marcos Ricardo Maleh en la constitución de Parque Ader SA, publicada en el Boletín Oficial nacional el 7 de octubre de 2019. El directorio quedó encabezado por Fernández, con Kier Joffe como suplente.

El Boletín Oficial identifica a Bernardo Leopoldo Fernández, Jonathan Kier Joffe y Marcos Ricardo Maleh como socios fundadores de Parque Ader SA.

La conexión tiene una continuidad política y comercial en Vicente López: la gestión de Soledad Martínez mantiene alquileres con Desarrolladores del Norte SA, firma presidida por Fernández según la designación publicada en 2020 y vinculada al complejo Olivos Center. El decreto municipal 7567/25 dispuso una orden de compra por 175.842.816 pesos para 2026, con actualizaciones trimestrales y reconocimiento de una renovación automática hasta diciembre de 2027, según documentó REALPOLITIK.

El decreto 7567/25 de Soledad Martínez dispuso una orden de compra por 175.842.816 para el alquiler durante 2026 a Desarrolladores del Norte SA.

Livnot: menor contraprestación y un cronograma extendido

El proyecto porteño comprende inmuebles sobre avenida Díaz Vélez, Franklin y Valentín Virasoro, en Caballito. En el anexo de la resolución 130/SECDU/21, la contraprestación prevista ascendía a 2.015.617 Unidades de Valor Adquisitivo. La empresa debía abonar la mitad a los 20 días hábiles de publicada la ley aprobatoria y el resto en dos cuotas, a los 120 y 240 días hábiles.

La primera versión del convenio preveía un aporte de 2.015.617 UVA y tres cuotas, con vencimiento final a los 240 días hábiles.

La versión incorporada a la resolución 154/SECDU/21 redujo la obligación a 1.478.690 UVA, una diferencia de 536.927 UVA. También reemplazó el esquema por cuatro cuotas: un 20 por ciento a los 180 días hábiles, un 30 por ciento a los 360 y dos pagos del 25 por ciento a los 540 y 720 días hábiles. La empresa debía desembolsar una proporción inicial menor y disponía de más tiempo para cancelar el total. Los importes seguían ajustándose por UVA.

La reformulación redujo la contraprestación a 1.478.690 UVA y extendió el último vencimiento a los 720 días hábiles.

La altura máxima prevista, sin embargo, se mantuvo en 53,60 metros en ambos anexos. Esa coincidencia no permite concluir que toda la superficie construible fuera idéntica: el cálculo depende también de los volúmenes y retiros autorizados. Sí establece un dato relevante para evaluar las modificaciones económicas: el límite superior de altura no disminuyó entre las versiones comparadas.

La resolución modificatoria, fechada el 20 de agosto de 2021, señala que Livnot presentó una nueva propuesta y solicitó reformular la factibilidad. Las actuaciones tramitaron en el expediente EX-2021-14956210-GCABA-SECDU, con intervención de las áreas de Interpretación Urbanística, Planeamiento Urbano y Antropología Urbana. El acto lleva la firma del entonces secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta. 

El convenio quedó aprobado mediante la ley 6477, sancionada el 2 de diciembre de 2021 y promulgada por Larreta a través del decreto 407/21, refrendado por Felipe Miguel. La intervención del gobierno porteño comprendió la tramitación del acuerdo y su posterior promulgación.

La ejecución presupuestaria permite seguir parte de los cobros. Los registros oficiales consignan ingresos por el convenio de Livnot de 41.953.336,73 pesos en 2022 y 227.053.858,22 pesos en 2023. Para 2024 figura una recaudación de cero pesos, mientras que durante el primer semestre de 2025 se registraron 484.047.269 pesos. Los datos acreditan pagos, aunque la información a la que tuvo acceso este medio no basta para establecer si cada cuota se canceló dentro del vencimiento.

El convenio firmado entre el gobierno porteño y Livnot, incorporado a la ley 6477, establece el aporte de 1.478.690 UVA y el pago en cuatro cuotas.

Los vínculos con el macrismo y la continuidad de Soledad Martínez

La trayectoria empresarial de Fernández incluye otra sociedad con antecedentes políticos: Yrigoyen Center SA. En su constitución aparecen Diego Martín Sola Prats y Macarena Fernández Hisi, además del exfuncionario macrista, según la transcripción del edicto publicado en enero de 2015.

Sola Prats había integrado la planta de Gabinete de la jefatura de Gobierno de Mauricio Macri, con carácter ad honorem, desde octubre de 2008. Su renuncia fue aceptada a partir de marzo de 2009 mediante un acto firmado por Mauricio Macri y Larreta. Su paso por la administración porteña consta en el Boletín Oficial.

Yrigoyen Center también celebró negocios inmobiliarios con Vicente López. El decreto 5860/19 identifica a la empresa como propietaria del inmueble de Hipólito Yrigoyen 4848, en Florida Oeste, cuya locación municipal había sido dispuesta mediante el decreto 1823/2015. El documento registra, además, modificaciones contractuales en 2017 y 2019.

Son relaciones societarias que deben distinguirse: Fernández y Kier Joffe fueron socios en Parque Ader; Fernández y Sola Prats aparecen vinculados a Yrigoyen Center. Los documentos relevados no acreditan que Fernández fuera accionista de Livnot ni que Sola Prats participara de esa empresa. El nexo comprobado con el convenio de Larreta es el de Kier Joffe, presidente de Livnot durante su tramitación y socio del exfuncionario de Jorge Macri en Parque Ader.

En Vicente López, la relación comercial con Desarrolladores del Norte se sustuvo durante casi una década, cuando Soledad Martínez firmó el decreto que sostuvo el alquiler durante 2026.

La Resolución 754/2025 impuso una multa de $4.251.696,35 a Desarrolladores del Norte SA por contratar y utilizar vigilancia privada sin habilitación.

Para entonces, la empresa ya había recibido una sanción del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La resolución 754/2025, del 8 de octubre, le impuso una multa de 4.251.696,35 pesos por contratar y utilizar vigilancia privada sin habilitación en Olivos Center. El decreto de Martínez que dispuso la orden de compra para el alquiler fue firmado el 30 de diciembre de 2025, después de aquella sanción. La continuidad de estos negocios bajo la actual intendente quedó asentada en una decisión administrativa con firma, monto y plazo. (www.REALPOLITIK.com.ar)