Vecinos del barrio Ribera del Uno, en Ezpeleta, denuncian amenazas y presiones para abandonar sus viviendas y vinculan el conflicto con obras próximas al emprendimiento privado Nuevo Quilmes 2. El reclamo, que según los habitantes involucra a 55 familias, apunta contra la gestión de Mayra Mendoza, personas relacionadas con la UOCRA y efectivos policiales. Entre los señalados aparece Alfredo Hernán Bracco, el hombre que se presentó públicamente como recaudador de los hermanos Bruera en La Plata y cuyos antecedentes incluyen condenas por estafas y falsificaciones.

Los habitantes hicieron llegar a REALPOLITIK seis formularios de denuncias judiciales, una captura de confirmación de apertura de una investigación penal, dos videos registrados en el lugar y una denuncia pública. Una fuente que conoce personalmente al exsocio de los hermanos Bruera lo identificó en las filmaciones. Por separado, el contacto que aportó el material lo señaló como la persona encargada de gestionar la salida de los vecinos para una empresa que, según sostuvo, fue contratada por el municipio.

Las denuncias individuales, fechadas el 2 de noviembre de 2026, describen visitas a las viviendas, exigencias de abandonar el barrio y referencias a supuestas órdenes municipales. Maribel Ríos sostiene que buscan desplazar a 55 familias, que les ofrecen casas de madera y que personas vinculadas con la UOCRA intervienen en las conversaciones, con acompañamiento policial.

Carolina Romero relata hostigamiento y visitas de personas que invocaron una supuesta ordenanza u orden judicial. También afirma que gente relacionada con el gremio de la construcción se acercó para negociar que dejara su vivienda. Demian Romero describe una situación similar: un hombre al que identificó como enviado municipal le habría comunicado que debía retirarse porque existía un desarrollo en marcha.

Jonathan Benítez y Giovanni Agüero vinculan las presiones con la construcción de un barrio privado. Los relatos atribuyen responsabilidades a la administración de la intendente de la municipalidad de Quilmes, Mayra Mendoza, actualmente de licencia y desempeñando un cargo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Los formularios consignan seis números diferentes de investigación y la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 19 de Quilmes. La captura del correo comunica el inicio de la PP-13-00-034777-26/00, con intervención de esa fiscalía y del Juzgado de Garantías Nro. 3.

Bracco, de la trama de los Bruera a las denuncias en Ezpeleta

El nombre de Bracco tiene una historia conocida en la política platense. En noviembre de 2009, una entrevista lo presentó como excompañero universitario de Mariano Bruera. Allí se definió como recaudador de los hermanos y describió presuntas maniobras con licitaciones, cheques y recursos de la municipalidad de La Plata. Aquellas declaraciones eran sus propias acusaciones sobre el funcionamiento de la gestión.

Sus antecedentes penales tienen respaldo documental. Una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense del 6 de noviembre de 2019, correspondiente a la causa P. 131.093, reseña una condena de dos años y diez meses de prisión efectiva por estafa, falsificación de instrumento privado y encubrimiento. También registra la revocación de la condicionalidad de una pena anterior de La Plata y la imposición de una pena única de cuatro años y un mes de prisión. El tribunal rechazó la queja presentada por su defensa.

En las imágenes aportadas por los vecinos se observan personas reunidas en un sector de viviendas junto a una autopista, efectivos uniformados y un vehículo con el número de atención 147. La identificación de Bracco fue aportada por una fuente que lo conoce. 

La denuncia pública difundida el 3 de noviembre solicita investigar su eventual participación y también menciona a personas vinculadas con la UOCRA y al entorno de la familia Tobar. El escrito reclama identificar a quienes impartieron las supuestas instrucciones, determinar bajo qué autorización actuaron los policías y esclarecer si existe una orden judicial de desalojo.

Los registros del Banco Central de la República Argentina también exponen el deterioro financiero de Alfredo Hernán Bracco: las últimas declaraciones de cinco entidades, correspondientes a agosto y septiembre de 2026, suman 5.046.000 pesos en deudas, de los cuales 5 millones están clasificados en situación 5, “irrecuperable”, y los restantes 46.000 pesos en situación 4, de riesgo alto. Además, registra 16 cheques rechazados por falta de fondos por 2.860.000 pesos, con rechazos fechados en mayo de 2023 y sin pagos registrados en la consulta.

Laveco vuelve a aparecer

El reclamo vecinal identifica al desarrollo Nuevo Quilmes 2 y pide explicaciones sobre la participación de CM Construcciones, Laveco SA y la UOCRA. 

Nuevo Quilmes 2 es un emprendimiento de comercialización pública y antecedentes desde 2023 vinculados con IRSA y Deingra. Las publicaciones sobre el proyecto describen un predio de aproximadamente 46 hectáreas en Ezpeleta.

Laveco es, además, la misma contratista sobre la que REALPOLITIK publicó una investigación el 1 de noviembre. Este medio documentó que el gobierno de Mendoza le adjudicó una nueva obra el mismo día que le exigió devolver 131.654.092,13 pesos por un anticipo financiero no ejecutado.

Las dos decisiones tienen fecha del 25 de agosto de 2026. El decreto 2507/2026 adjudicó por contratación directa refacciones en el jardín de infantes 922, mientras que el 2512/2026 intimó la restitución del anticipo en quince días corridos, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. La publicación no permitió establecer si el dinero fue reintegrado posteriormente. 

Flyer difundido en redes por las familias afectadas.

La coincidencia ubica nuevamente a Laveco en un cuestionamiento a la gestión municipal, esta vez mencionado por familias que temen perder sus hogares. La documentación disponible sobre las contrataciones municipales no acredita que Laveco haya contratado a Bracco ni que la empresa ejecute las relocalizaciones denunciadas

Los vecinos reclaman permanecer en sus viviendas y denuncian que las alternativas ofrecidas carecen de condiciones suficientes. En el material recibido no hay una orden judicial de desalojo ni un convenio de relocalización que permita reconstruir las condiciones del traslado. Mientras las familias describen visitas, presiones y presencia policial, la identidad de quienes negocian su salida y los intereses que representan siguen siendo el núcleo del conflicto. (www.REALPOLITIK.com.ar)