Las denuncias por desalojos ilegales y presiones para liberar terrenos que los vecinos vinculan con negocios inmobiliarios privados desembocaron este viernes en un corte de la autopista Buenos Aires–La Plata, a la altura del kilómetro 25,5, en Ezpeleta. Familias del barrio Rivera del Uno interrumpieron la circulación para exigir respuestas a la municipalidad de Quilmes y a AUBASA, presidida por José Ramón Arteaga, después de denunciar amenazas, demoliciones y participación de recursos municipales en los intentos de desplazarlas.

El reclamo pone bajo cuestionamiento a la administración de Eva Mieri, al espacio político de Mayra Mendoza y al accionar de Hernán Bracco, el exrecaudador de la gestión de Pablo Bruera que fue condenado por estafa y ahora es señalado como uno de los responsables de las presiones. Los vecinos relacionan esas intervenciones con las obras próximas al emprendimiento Nuevo Quilmes 2 y la construcción de la nueva bajada de la autopista. REALPOLITIK ya había publicado denuncias que involucran a unas 55 familias. 

El fondo del conflicto es el intento de desalojo ilegal que pretende privar a familias de sus viviendas para favorecer intereses privados, mediante amenazas y ofrecimientos de traslado que los habitantes rechazan por sus condiciones. La protesta trasladó ese reclamo a la autopista administrada por la empresa provincial que participa del proyecto vial.

Mientras le reprochaban su sociedad con Hernán Bracco, el subcomisario Jerónimo Gómez intentó mediar con los damnificados.

“Vecinos en lucha. No al desalojo de los vecinos del barrio Rivera del Uno, Quilmes. ReNaBaP Nro. 4307”, decía la bandera desplegada sobre la calzada. La escena mezclaba neumáticos y ramas, vehículos detenidos y efectivos policiales interviniendo entre los manifestantes.

Jonathan Benítez, vecino y participante del reclamo, explicó a REALPOLITIK que buscaban conseguir una respuesta de las autoridades municipales. “Seguimos esperando el diálogo y hasta ahora no se comunica nadie”, expresó.

Según relató, los manifestantes aceptaron habilitar un carril a pedido de las autoridades, con la expectativa de obtener una interlocución con el municipio o AUBASA. Pero la tensión aumentó cuando les exigieron liberar otro. “Nos pidió que habilitemos un carril, le habilitamos un carril. Después nos pidió que habilitemos otro carril más”, reconstruyó. Benítez sostuvo que los vecinos habían cumplido con lo acordado, pero seguían sin una respuesta sobre sus viviendas.

El vecino denunció empujones, patadas en los pies y un golpe en el hombro por parte de un oficial. También aseguró que los policías les advirtieron que estaban hablando con Fiscalía para avanzar con detenciones.

“Empezaron a ponerse medio violentos hacia nosotros, a empujar, a buscar la reacción nuestra”, afirmó. Finalmente, explicó que decidieron retirarse “para evitar que algún vecino salga lastimado, termine alguno detenido”.

Familias reclamando y el subcomisario Jerónimo Gómez cuidando a Bracco.

Bracco, la policía y los recursos municipales

Las imágenes muestran un patrullero de la comisaría sexta de Quilmes, la seccional de Ezpeleta encabezada por el subcomisario Jerónimo Gómez. Los vecinos señalaron su presencia durante la protesta y lo identificaron como el funcionario policial que había acompañado y protegido a Bracco en un episodio anterior de confrontación con habitantes del barrio.

La intervención policial ya formaba parte de las acusaciones. En la denuncia presentada el 4 de noviembre, Tais Carolina Mora Romero sostuvo que Bracco hostigaba a las familias, las amenazaba con desalojarlas y utilizaba camiones municipales para los traslados. También le atribuyó la demolición de una propiedad con una topadora de Laveco SA y afirmó que actuaba acompañado por el comisario de la sexta.

Bracco, conocido por haberse presentado como recaudador de los hermanos Pablo, Mariano y Gabriel Bruera, registra antecedentes de condenas por estafas y falsificaciones, tal como publicó este medio. Su aparición en Ezpeleta conecta aquellas denuncias con un conflicto donde los habitantes señalan la intervención simultánea de particulares, maquinaria privada, vehículos municipales y policías. 

La responsabilidad política alcanza a quienes impulsaron y acordaron la obra en ese sector. El 4 de marzo, Mieri y Arteaga firmaron el convenio para la nueva bajada de Ezpeleta, incluida en el plan bianual 2025–2027 presentado por Mayra Mendoza, intendenta en uso de licencia y diputada provincial. En el encuentro participaron también Walter Abarca y Pablo Ceriani, autoridades de AUBASA. 

La denuncia vecinal coloca bajo la lupa a quién beneficia esa transformación del territorio y cómo se pretende disponer de las viviendas que quedan en el camino. Mientras el municipio y AUBASA promocionan la conexión vial, las familias denuncian que el avance de los negocios privados viene acompañado de amenazas para abandonar sus hogares. Este viernes llevaron ese reclamo a la autopista y, según Benítez, terminaron retirándose por temor a que la política impulse detenciones masivas entre los vecinos. (www.REALPOLITIK.com.ar)