En la transmisión de la sesión del 4 de noviembre del Concejo Deliberante de San Isidro, puede verse a Pablo Fontanet sentado en la mesa de autoridades, junto al presidente del cuerpo, Jorge Álvarez. Una trabajadora del cuerpo legislativo cuestionó que el exsecretario siguiera asistiendo a actividades legislativas después de la presentación de su denuncia penal por presunto acoso sexual y hostigamiento laboral.

Según explicó Daniela Cali a este medio, la presentación apunta principalmente a Fontanet y también alcanza a funcionarios de las gestiones del exintendente Gustavo Posse y del actual jefe comunal, Ramón Lanús.
En octubre, Cali contó a RADIO REALPOLITIK FM que el hostigamiento que denuncia comenzó durante la gestión de Posse y se agravó cuando Fontanet asumió como secretario del Concejo. La trabajadora también afirmó públicamente que tanto Posse como Lanús estaban al tanto de la situación y que, según su relato, ninguno intervino.


Además de las capturas de la sesión del 4 de noviembre, este medio tuvo acceso a imágenes de reuniones de Labor Parlamentaria difundidas en Instagram, previas a las sesiones ordinarias del 4 y del 18 de noviembre. En ambas, Fontanet figura entre los asistentes. En ese marco, la trabajadora cuestiona que el propio Concejo difundiera esas imágenes mientras ella seguía reclamando una respuesta institucional.
El reglamento interno establece que la comisión de Labor Parlamentaria está integrada por el presidente del Concejo y los presidentes de los bloques. La nómina oficial identifica a Álvarez como presidente y a Gabriel Estoroni como secretario. De tal modo, se ignora en qué carácter asistió Fontanet a esos encuentros, si cumple alguna función en el Concejo y qué medidas adoptó a partir del reclamo.


Cali envió la denuncia penal el 19 de octubre. El área de Denuncias de la Fiscalía General de San Isidro informó que la presentación había sido sorteada y radicada en la UFIJ Nro. 12 de San Fernando, a cargo de Martín Otero. El 22 de octubre pidió su apartamiento y solicitó que se evaluara asignar el expediente a otra fiscalía.
La fiscalía General le respondió que incorporaría el pedido a la investigación penal preparatoria. Cali aseguró que, desde entonces, no recibió una notificación sobre la decisión. Por eso adelantó que su abogado presentará un pronto despacho para que se resuelva la recusación.
La trabajadora también afirmó que concluyó las gestiones administrativas ante el Concejo y la municipalidad de San Isidro y que prevé llevar esos reclamos a la Justicia. Según indicó, espera contar con los nuevos escritos la próxima semana. (www.REALPOLITIK.com.ar)