Reabren la causa por el atentado contra el director que denunció corrupción en Educación

A pesar del silencio y la inacción de Axel Kicillof y Alberto Sileoni, el conflicto que sacudió a la comunidad educativa de Mar del Plata vuelve a escena. La fiscalía General resolvió reabrir la causa por atentado y amenazas contra el director de la escuela de educación secundaria Nro. 31, Oscar Spadari, quien desde 2022 viene denunciando irregularidades y persecución dentro del sistema educativo bonaerense.

La decisión judicial llega tras una nueva declaración clave: la de una trabajadora del sector educativo, Adriana Pisani, quien reconoció en imágenes de video al presunto autor del atentado —un hombre identificado como Rubén Alejandro Pereyra— como pareja de la inspectora de secundaria María Valeria Guebara, una de las funcionarias denunciada en la causa por malversación de fondos.

El hecho ocurrió el 27 de febrero de 2024, cuando el domicilio del director fue objeto de un intento de incendio intencional y de amenazas de muerte, el mismo día en que debía ratificar ante la fiscalía una denuncia anterior (IPP 11447/23). Los agresores dejaron en la vivienda mensajes intimidatorios y cartuchos de escopeta, un modus operandi que coincide con otro caso por el cual Pereyra ya había sido detenido e imputado en Mar del Plata, tras amenazar y hostigar a una compañera de trabajo.

La escuela de educación secundaria Nro. 31.

Las nuevas pruebas impulsaron a la fiscalía General de Mar del Plata a desarchivar la causa (IPP 9407/24) y retomar la investigación sobre la autoría material del ataque. Pero para Spadari, la clave pasa también por determinar la autoría intelectual: “No tengo ningún vínculo con el agresor. El único nexo posible es que haya actuado por encargo de su pareja o de la jefatura distrital”, advirtió el director, quien responsabiliza directamente al jefe distrital Sebastián Elías y al jefe regional Diego Reinante.

Antecedentes: denuncias, hostigamiento y encubrimiento

Según las declaraciones judiciales de las inspectoras XX y XX, incorporadas al expediente, Spadari había denunciado en 2022 la falta de rendición de fondos del programa nacional SITRARED, destinados a infraestructura escolar de la dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Ambas testigos coincidieron en señalar que la escuela estuvo bloqueada durante años por irregularidades no rendidas y que, tras exponerlo, el director fue objeto de una persecución sistemática.

En su testimonio ante la Justicia, XX afirmó que fue desplazada de su cargo como inspectora por denunciar estas irregularidades y que el jefe distrital “me echó del cargo y calificó con 6 puntos para desplazarme”. Por su parte, XX, referente gremial, sostuvo que la investigación contra Spadari “tenía otra cosa por atrás: el fin real era sacarlo de la función y evitar que siguiera con el reclamo de los fondos bloqueados”, y confirmó que “no pudo volver a su cargo porque atentaron contra su domicilio y recibió amenazas de muerte”.

Hoy, con la reapertura de la causa y el reconocimiento del agresor, la Justicia retoma un expediente que podría exponer una trama de connivencia y encubrimiento en la cúpula educativa de la Región 19.

“Todo esto comenzó cuando denuncié corrupción en el manejo de fondos públicos. En vez de investigar a los responsables, decidieron perseguirme, apartarme y atentar contra mi vida”, concluyó Spadari en diálogo con este medio. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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