La salida de Marcela Moré, hasta ahora inspectora jefa regional de Educación, volvió a sacudir la interna de la dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE). Según confiaron fuentes del sistema educativo a REALPOLITIK, la funcionaria habría sido retirada de la estructura “entre gallos y medianoche”, sin acto institucional, sin presencia de autoridades provinciales ni municipales y en medio de un creciente malestar por las denuncias que venían acumulándose en la región.

El dato no pasó inadvertido entre docentes y trabajadores del área. “Es más fácil jubilarla que dar explicaciones en la provincia”, ironizó una fuente consultada, en referencia a los cuestionamientos que venían apuntando contra Moré por su rol en distintas situaciones administrativas, gremiales y disciplinarias dentro de la estructura educativa regional.

La despedida, según los testimonios recogidos, se habría realizado en una escuela, sin acompañamiento político ni institucional. “No fue ninguna autoridad provincial ni municipal. No hay ningún docente: es una jefa regional y no fue nadie a despedirla”, señalaron desde el ámbito educativo, marcando el contraste entre el peso formal del cargo que ocupaba y la discreción con la que se produjo su salida.

Moré dice adiós en un acto interno, sin presencia de autoridades provinciales ni municipales.

Una salida que no cierra la crisis

La jubilación de Moré no clausura los interrogantes. Por el contrario, para sectores internos de la DGCyE, expone el intento de descomprimir una situación que ya había tomado estado público luego de las revelaciones sobre irregularidades, desplazamientos y denuncias dentro de distintas instituciones educativas bonaerenses.

En ese marco, las fuentes consultadas apuntan también contra la situación de Alejandra Signo, jefa distrital de Educación en Ramallo. Según denunciaron, pese a existir una presentación penal en su contra, la funcionaria continúa en el cargo sin que se le haya aplicado el artículo 139, una herramienta administrativa que, según explican en el sistema educativo, suele utilizarse para apartar preventivamente a docentes o autoridades mientras avanza una investigación.

“En otra circunstancia, a cualquier docente con una denuncia penal o administrativa lo corren para investigar. En este caso, la jefa distrital sigue en funciones y, con el poder que tiene, puede entorpecer la investigación”, advirtió una fuente vinculada al expediente.

El cuestionamiento no es menor. Para quienes denuncian el manejo discrecional de la estructura educativa del gobierno de Axel Kicillof, el caso muestra que las reglas no se aplican de la misma manera para todos. Mientras a algunos docentes se los desplaza de inmediato ante denuncias o sumarios, otros funcionarios con peso político o territorial conservan sus cargos aun cuando existen planteos judiciales o administrativos pendientes.

El trasfondo agrava la lectura política. En los últimos meses, la DGCyE, ahora bajo la conducción de Flavia Terigi, quedó en el centro de varias denuncias por presuntas irregularidades internas, desplazamientos arbitrarios, demoras disciplinarias y falta de respuesta ante casos graves. REALPOLITIK ya había revelado situaciones sensibles, como el caso del inspector José Néstor Prado, condenado por abuso sexual agravado y aún bajo la lupa por su situación administrativa, y las denuncias por presunta purga política en la Escuela de Arte “Liliana Grinberg” de San Nicolás.

En todos esos expedientes aparece una pregunta común: qué hace realmente la estructura educativa bonaerense cuando debe investigar a sus propios funcionarios. La salida silenciosa de Moré, lejos de ordenar el escenario, parece confirmar que la conducción provincial prefiere administrar los conflictos antes que transparentarlos.

Para los denunciantes, la jubilación de la exjefa regional tiene sabor a cierre administrativo, pero no a respuesta institucional. “La condena de las autoridades o de la Justicia no la tuve, pero sí la social”, resumió una de las fuentes que venía reclamando desde hacía años que las denuncias no quedaran encerradas en los pasillos de la región.

El caso deja ahora dos planos abiertos: por un lado, el final discreto de Moré dentro de la estructura regional; por el otro, la continuidad de Signo en un cargo clave pese a los cuestionamientos. En el medio, la DGCyE deberá explicar por qué algunos expedientes avanzan con rapidez cuando se trata de docentes sin poder territorial, pero parecen entrar en una zona gris cuando involucran a funcionarias con capacidad de decisión dentro del sistema. (www.REALPOLITIK.com.ar)