Las Islas Malvinas volvieron a entrar, casi por accidente, en la conversación internacional. Primero fue la Selección Argentina desplegando frente al mundo una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” después de eliminar a Inglaterra en el Mundial; ahora es Donald Trump, que reconoció que revisa la posición de Estados Unidos sobre el archipiélago. Dos episodios completamente distintos consiguieron algo que la diplomacia argentina viene buscando desde hace décadas: que afuera vuelvan a preguntar qué pasa con Malvinas. Tal vez convenga aprovechar el momento para formular una pregunta bastante menos confortable que la consigna que repetimos desde chicos: si la soberanía argentina tiene argumentos históricos, jurídicos y políticos suficientes, ¿por qué conseguimos que nos den la razón pero no que esa razón produzca consecuencias? Trump no prometió modificar la histórica posición estadounidense, pero el solo hecho de que el tema haya llegado al Salón Oval volvió a poner a las Malvinas en la agenda internacional.

El problema argentino no es que reclame demasiado. Ojalá reclamara más. El problema es haber confundido durante demasiado tiempo la persistencia con la estrategia. Argentina reclama, el Reino Unido responde que no negociará, la Organización de las Naciones Unidas vuelve a llamar al diálogo, nuestros diplomáticos agradecen los respaldos internacionales y doce meses después repetimos la ceremonia. La causa no es un berrinche; sería una insolencia llamarla así después de 1833, de la guerra, de los muertos y de generaciones enteras que sostuvieron un derecho nacional. El berrinche es otra cosa: repetir durante décadas exactamente el mismo procedimiento frente a una pared que aprendió a no contestar y esperar que alguna vez la pared se conmueva. Londres conoce perfectamente nuestra posición. No necesita que se la expliquemos por centésima vez. Necesita tener algún motivo para preocuparse por ella.

Islas Malvinas.

La soberanía que se declara y la soberanía que se practica

Mientras Argentina conserva el reclamo, alrededor de Malvinas casi todos encontraron alguna manera de hacer negocios. Uruguay es probablemente el ejemplo más incómodo. Montevideo sostiene formalmente la posición argentina, pero dentro de la propia embajada británica funciona una Falkland Islands Adviser, Carolina Da Silva, reconocida oficialmente por el gobierno isleño y dedicada específicamente a los intereses del archipiélago. REALPOLITIK documentó además el entramado comercial, político y logístico construido desde Uruguay alrededor de las islas. No hace falta instalar una embajada con una enorme bandera británica en la rambla; es bastante más eficaz conseguir contenedores, contactos, proveedores y funcionarios que atiendan el teléfono. Los contenedores, después de todo, no leen resoluciones de Naciones Unidas.

Chile ofrece ahora una versión todavía más explícita. Punta Arenas será sede el 28 y 29 de septiembre de un Business Showroom diseñado para vincular empresas isleñas con compañías de la región de Magallanes en sectores como construcción, alimentos y vehículos, mientras se trabaja para establecer una segunda conexión marítima entre Chile y Malvinas. REALPOLITIK ya mostró esa contradicción: Santiago puede respaldar diplomáticamente el reclamo argentino y, terminada la reunión multilateral, Punta Arenas puede abrir el Excel. Nadie debería escandalizarse demasiado. Las empresas hacen negocios, los puertos quieren carga y los municipios buscan actividad económica. El problema empieza cuando Argentina pretende que todos los demás defiendan nuestros intereses con mayor entusiasmo que nosotros mismos.

Y acá aparece una discusión que solemos evitar porque obliga a salir de la comodidad jurídica: hacer negocios también es una forma de reconocer soberanía en los hechos, aunque los comunicados diplomáticos sostengan lo contrario. No significa, estrictamente, reconocimiento jurídico de la soberanía británica. Una operación comercial no modifica por sí misma la posición oficial de Uruguay o Chile. Pero la política internacional tampoco ocurre exclusivamente en documentos membretados. Cuando una empresa acepta las reglas de una administración para operar, cuando un puerto incorpora regularmente un territorio a su circuito comercial, cuando una municipalidad recibe a sus representantes como contrapartes económicas y cuando proveedores comienzan a depender de ese mercado, se reconoce al menos una cosa muy concreta: quién ejerce allí el poder cotidiano.

Y una autoridad aceptada todos los días termina construyendo normalidad. Ésa es probablemente una de las mayores victorias británicas de las últimas décadas. Londres no necesita conseguir que Uruguay anuncie que las Falklands son británicas. Le alcanza con que Montevideo sea imprescindible para abastecerlas. Tampoco necesita que Chile abandone el apoyo histórico a Argentina: alcanza con que a las empresas de Punta Arenas les resulte rentable que el statu quo continúe. Una declaración de respaldo dura un día. Una ruta comercial puede durar veinte años. Después de veinte años aparecen proveedores, puestos de trabajo, infraestructura, contratos y actores económicos que, aunque jamás hayan pronunciado una palabra sobre soberanía, tienen razones bastante concretas para que nada cambie.

Gran Bretaña construye intereses. Argentina acumula declaraciones.

Ahí está la diferencia.

La Falkland Islands Adviser, Carolina Da Silva, compartiendo escenario con "Pepe" Mujica.

Chile entendió algo que nosotros olvidamos

Hace pocos días, una declaración del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, alcanzó para que Chile reaccionara inmediatamente en defensa del Estrecho de Magallanes. El canciller Francisco Pérez Mackenna reafirmó que la soberanía chilena sobre el paso era indiscutible y Santiago anunció una nota formal de protesta. No esperó a comprobar si existía un verdadero plan argentino detrás de una frase. No relativizó el episodio porque ambos gobiernos mantienen una buena relación. No organizó un seminario para dentro de seis meses. Entendió que alguien había rozado una cuestión soberana y reaccionó.

Argentina debería mirar esa reacción con menos susceptibilidad y bastante más interés. Eso también es soberanía. No la histeria diplomática ni la pelea permanente con los vecinos, sino el reflejo de entender que los hechos pequeños, si se toleran el tiempo suficiente, terminan dejando de parecer excepcionales. Una oficina en Montevideo parece menor. Un nuevo barco parece menor. Una ronda empresarial parece menor. Una licencia pesquera parece menor. Una plataforma petrolera parece un problema sectorial. Un contrato parece apenas un contrato. Juntos, en cambio, constituyen una arquitectura: alguien administra, alguien autoriza, alguien invierte, alguien transporta, alguien compra y alguien cobra. Después Argentina aparece con un comunicado recordando que todo aquello ocurre sobre un territorio cuya soberanía reclama.

El ejemplo más brutal es Sea Lion. Rockhopper confirmó que la primera fase del desarrollo petrolero fue sancionada y mantiene como objetivo el primer petróleo para el primer trimestre de 2028. REALPOLITIK viene siguiendo el avance de un negocio que ya dejó de ser una especulación exploratoria para transformarse en financiamiento, infraestructura y cronogramas. Mientras nosotros discutimos la legitimidad de las autorizaciones británicas —correctamente—, las compañías discuten cuánto, cuándo y cómo producir. La plataforma petrolera tampoco lee comunicados. Factura.

Y cada negocio exitoso alrededor de Malvinas vuelve un poco más caro cualquier cambio futuro. El petróleo crea infraestructura; la pesca financia presupuesto; una conexión marítima genera proveedores; un proveedor genera empleo; el empleo genera intereses políticos. Así se consolida un territorio en el siglo XXI. No solamente con soldados y banderas. También con facturas.

En Punta Arenas, junto al gabinete regional revisando los compromisos y avances de nuestra agenda de gobierno en Magallanes. pic.twitter.com/zqXThIrwSD

— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) September 1, 2026

Cuando Londres tenía un problema, negociaba

La historia, además, destruye una comodidad que repetimos demasiado: que el Reino Unido jamás negociará soberanía. Ya la negoció. En 1974, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, fue Londres quien propuso un condominio anglo-argentino sobre las islas como paso hacia una solución definitiva. Buenos Aires respondió con una propuesta de administración conjunta y durante aquel período se analizaron fórmulas que hoy parecerían extraordinariamente audaces. En 1980, ya bajo Margaret Thatcher, la parte británica volvió todavía más lejos: propuso conversaciones secretas sobre una transferencia de soberanía a Argentina acompañada por un arrendamiento prolongado de las islas nuevamente al Reino Unido. Cancillería conserva la reconstrucción oficial de ambas negociaciones.

No es literatura revisionista argentina. El 2 de diciembre de 1980, Nicholas Ridley, ministro del Foreign Office, explicó el mecanismo frente a la Cámara de los Comunes: entre las alternativas estudiadas estaba cambiar el título de soberanía por un largo arrendamiento de las islas. Y dijo algo todavía más interesante. La disputa generaba incertidumbre, emigración y estancamiento económico.

Ahí está la verdadera lección histórica. Gran Bretaña no negociaba porque un buen día hubiera descubierto que Argentina tenía argumentos atendibles. Negociaba porque no solucionar el conflicto también le ocasionaba problemas.

Hoy sucede exactamente lo contrario. Londres controla el territorio, mantiene capacidad militar, administra recursos, recauda por pesca, avanza hacia la explotación petrolera y consigue conectividad y proveedores en la propia Sudamérica. Países que apoyan diplomáticamente a Argentina pueden simultáneamente ayudar a que la economía isleña funcione. ¿Cuál es entonces el incentivo británico para abrir una discusión que puede ofrecerle mucho que perder y prácticamente nada que ganar?

Ésa es la pregunta que debería obsesionar a cualquier gobierno argentino, mucho más que conseguir una nueva declaración de apoyo.

El mundo conoce nuestra bronca, pero no nuestra historia

La bandera desplegada por los jugadores argentinos después del partido contra Inglaterra demostró algo extraordinario. Según datos de Google Trends relevados después de la semifinal del Mundial, el interés global por las Islas Malvinas aumentó alrededor de 2.400 por ciento en una semana y en Inglaterra alrededor de 1.700 por ciento. Entre las consultas que crecieron aparecieron preguntas como “why do Argentina claim the Falklands” y búsquedas destinadas simplemente a comprender qué significaba “Las Malvinas son argentinas”.

Eso debería dolernos un poco.

Millones de personas habían visto Argentina-Inglaterra, conocían a Maradona, sabían que alguna vez hubo una guerra y entendían que entre ambos países existía una herida. Pero tuvieron que ir a Google a preguntar por qué.

Ahí también perdimos terreno. Convertimos Malvinas en un idioma que hablamos perfectamente entre argentinos y casi nunca nos preocupamos por enseñar afuera. Sabemos qué ocurrió en 1833. Conocemos la guerra. Aprendimos la silueta de las islas antes que varias provincias. Decimos “Las Malvinas son argentinas” y no necesitamos agregar una palabra. El resto del planeta sí.

Y durante demasiado tiempo nos contamos la historia entre nosotros.

Una causa internacional no puede funcionar como un club de personas previamente convencidas. Hace falta contar Malvinas en inglés, francés, portugués, alemán, chino. Llevar los documentos británicos a universidades británicas. Construir documentales que puedan entenderse en Nueva York o Nueva Delhi. Trabajar con investigadores extranjeros, medios internacionales, parlamentarios, organizaciones ambientales y centros de estudios. Explicar petróleo, pesca, Antártida y militarización además de 1982. Aprovechar cada Argentina-Inglaterra, cada declaración de Trump, cada movimiento en Sea Lion y cada contradicción regional para que alguien que nunca pisó nuestro país tenga motivos para preguntarse qué ocurre en el Atlántico Sur.

La bandera de los jugadores consiguió más curiosidad internacional en unas horas que muchas campañas oficiales en años. No porque el fútbol deba reemplazar a la diplomacia, sino porque consiguió algo elemental que a veces la diplomacia olvida: capturar atención.

Después de capturarla hay que tener algo que contar.

Trump (AP Photo/Mark Schiefelbein) (Mark Schiefelbein).

Tener razón tiene que empezar a producir poder

Donald Trump acaba de ofrecer una ventana. No sabemos cuánto durará ni hacia dónde conduce. Washington no reparte soberanía por amistad presidencial y sería ingenuo suponer que la cercanía entre Trump y Javier Milei garantiza algo. Pero si Estados Unidos vuelve a mirar el Atlántico Sur, si China aumenta su presencia global, si la Antártida gana relevancia estratégica y si el petróleo transforma la ecuación económica de las islas, Argentina no puede limitarse a esperar que todos esos movimientos terminen espontáneamente favoreciendo nuestra posición.

Hay que construirla.

Buscar aliados, sí, pero también conseguir que acompañar a Argentina tenga sentido para ellos. Exigir coherencia a quienes ya respaldan nuestro reclamo. Seguir cada barco, cada contrato, cada inversión y cada licencia. Interpelar empresas. Llevar los movimientos unilaterales a los organismos internacionales antes de que se naturalicen. Multiplicar la política comunicacional fuera de nuestras fronteras. Utilizar los propios archivos británicos para demostrar que la soberanía estuvo alguna vez sobre la mesa. Incorporar el ambiente, la pesca, el petróleo y la Antártida a una estrategia integral. Y, fundamentalmente, abandonar esa curiosa idea de que incomodar a un aliado constituye mala diplomacia.

Chile no tuvo ese complejo cuando creyó que Argentina había rozado Magallanes. ¿Por qué deberíamos tenerlo nosotros cuando Chile profundiza negocios con las islas?

No significa romper relaciones. Significa que las relaciones entre adultos incluyen intereses y límites. Uruguay puede ser un país hermano y al mismo tiempo recibir un planteo argentino por la consolidación logística de Malvinas. Chile puede ser socio estratégico y escuchar que apoyar nuestra posición en un comunicado mientras sus empresas ayudan a fortalecer económicamente al archipiélago constituye, como mínimo, una contradicción que Buenos Aires no piensa hacer invisible.

Porque hacer negocios no es jurídicamente reconocer soberanía, pero actuar durante décadas como si la autoridad británica fuera la única que importa termina produciendo un resultado político extraordinariamente parecido.

Gran Bretaña entendió algo que nosotros debemos volver a aprender: el poder no consiste solamente en conseguir que otros digan que tenés razón. Consiste en organizar la realidad alrededor de tus intereses.

Argentina consiguió algo enorme al mantener viva la causa Malvinas durante casi dos siglos. Ningún gobierno pudo borrarla, ninguna derrota militar pudo clausurarla y ninguna generación consiguió olvidarla. Eso es una fortaleza, no una debilidad. Pero preservar el reclamo no puede convertirse en el destino final del reclamo.

Gran Bretaña administra la normalidad. Argentina no puede conformarse con administrar la protesta.

Las Malvinas son argentinas. Eso ya lo sabemos nosotros. El desafío que viene es bastante más complejo: lograr que en Montevideo, Santiago, Washington, Londres y cualquier otro lugar donde se decida sobre petróleo, pesca, comercio, rutas marítimas o Antártida, actuar como si no lo fueran empiece a tener un costo.

No hay que gritar menos soberanía.

Hay que gritarla ante cada movimiento, como Chile acaba de enseñarnos. Pero, sobre todo, hay que construir detrás del grito una política capaz de conseguir que alguien necesite escucharlo.

Porque Argentina ya tiene razón.

Ahora necesita aprender a convertir esa razón en poder.