La denuncia contra Hernán Bracco ya tiene nombre, hechos concretos y una presentación ante la fiscalía General de Quilmes. Una vecina de Ezpeleta lo acusó de hostigar a las familias para que abandonen sus viviendas, amenazarlas con desalojos y utilizar camiones municipales y maquinaria de Laveco. El conflicto se desarrolla alrededor de la nueva bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, una obra impulsada por Mayra Mendoza y acordada entre el municipio y AUBASA, presidida por José Ramón Arteaga.

La presentación fue realizada el 4 de noviembre de 2026 por Tais Carolina Mora Romero, habitante del sector de avenida Florencio Varela y la colectora de la autopista. A diferencia del material que dio origen a la primera investigación de REALPOLITIK, el documento individualiza expresamente a Bracco en el apartado destinado a identificar a los denunciados. 

Tal y como adelantó este medio, Bracco es conocido en la política platense como el exrecaudador de los hermanos Pablo, Mariano y Gabriel Bruera, con antecedentes que incluyen condenas por estafas y falsificaciones.

La vecina sostiene que vive en terrenos fiscales, que cuenta con un certificado de vivienda popular y que el asentamiento pertenece al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Según su relato, las presiones comenzaron con los trabajos viales y el desarrollo inmobiliario próximo al barrio.

La denuncia expresa que, “desde que se comenzó la obra de la nueva bajada de la autopista a raíz del barrio privado que se está construyendo en el lugar comenzó un hostigamiento constante contra la deponente y todos sus vecinos por parte de Bracco”.

El señalamiento amplía lo publicado por este medio el 3 de noviembre, cuando habitantes de Ribera del Uno denunciaron presiones sobre unas 55 familias y vincularon el conflicto con las obras próximas a Nuevo Quilmes 2. Aquella investigación también expuso la presencia de personas relacionadas con la UOCRA y efectivos policiales.

“En diez días los van a desalojar”

La presentación describe una propuesta de traslado hacia otro sector de Quilmes. Según quedó asentado, “Bracco les ofreció moverlos a otras tierras fiscales atrás de la Alcaidía de Quilmes”.

Apenas seis personas aceptaron. Aunque, según supo REALPOLITIK, tres de ellas ni siquiera vivían en el lugar. La inmensa mayoría permaneció en sus casas porque, como expresa el documento, “exigen condiciones dignas para la reubicación”.

Romero atribuye parte de esas decisiones al temor. La denuncia sostiene que “aceptaron la reubicación por miedo ya que Bracco les dice que si no la aceptan en diez días los van a desalojar”.

El acta agrega que esas expresiones daban a entender que ya existía una orden de desalojo firmada, aunque en la práctica la presentación no incorpora esa orden ni identifica al juzgado que supuestamente la habría dictado.  

El relato también incluye la demolición de una propiedad lindera. Según la denunciante, Bracco “tiró una propiedad, que está justo al lado de la casa de la dicente, con una topadora de la empresa Laveco”.

El señalamiento alcanza además a recursos públicos y a la actuación policial. En uno de los pasajes más sensibles, la vecina afirmó que Bracco, para trasladar a las familias, “hace uso de los camiones del municipio y también camina cuidado por el comisario de la seccional sexta de Quilmes, la de Ezpeleta”.

La presentación no identifica al funcionario policial por su nombre. Sí sitúa la denuncia en una dependencia determinada y reclama investigar un escenario en el que, según la vecina, intervienen un particular, vehículos municipales, maquinaria privada y acompañamiento policial.

Mayra, Arteaga y el convenio por la bajada

La participación institucional del municipio y de AUBASA en la obra está documentada por la propia comunicación oficial.

El 4 de marzo de 2026, la municipalidad informó que la intendenta interina Eva Mieri había firmado un convenio con el presidente de AUBASA, José Ramón Arteaga, para avanzar conjuntamente con la bajada de Ezpeleta. El anuncio ubicó el proyecto dentro del plan bianual 2025-2027 presentado por Mayra Mendoza, intendenta en uso de licencia y diputada provincial. 

En agosto, el municipio volvió a promocionar los trabajos y precisó que se ejecutaban de manera articulada con AUBASA y con financiamiento íntegramente municipal. La intervención contempla accesos, colectoras y conexiones con avenida Florencio Varela, en el sector donde Romero sitúa los hechos denunciados.

El vínculo de la empresa provincial con el conflicto surge de su participación oficial en la obra que la vecina identifica como el punto de partida del hostigamiento. En el caso del municipio, se suma la acusación expresa sobre el supuesto uso de sus camiones.

Laveco, por su parte, vuelve a aparecer después de otra investigación de REALPOLITIK: este medio había informado que el municipio le adjudicó una obra el mismo día que le exigió devolver 131.654.092,13 por un anticipo financiero no ejecutado. Ese antecedente contractual es independiente de la demolición denunciada, pero vuelve relevante establecer qué tareas desarrolla la firma en el lugar y bajo qué instrucciones. (www.REALPOLITIK.com.ar)